Por qué insisten en establecer una zona veredal en Caño Indio

Alrededor de 200 familias de cuatro veredas de Tibú piden al Gobierno un mejor programa de sustitución de cultivos, a cambio de que ellos arranquen las matas de coca y se pueda instalar la zona veredal que está proyectada en la región.

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Los cultivos de coca en la región de Catatumbo (Norte de Santander) aumentaron en 2015.
/ Cristian Garavito

¿Por qué el Gobierno y las Farc no han trasladado la zona veredal transitoria de Caño Indio (Norte de Santander), como pasó en departamentos como Cauca y Chocó, aunque ha presentado dificultades similares? La respuesta es más política que logística. Colombia2020 indagó con expertos y habitantes de la zona y confirmó que en esta región la instalación de la zona veredal es, al mismo tiempo, un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito, como coca, marihuana y amapola. Por esa razón, confluyen intereses políticos y sociales profundos que han dilatado este proceso.

 Diego Bautista, director de Paz Territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, explica que trasladar la zona supondría perder los avances logrados con la comunidad de Caño Indio, es decir, la disponibilidad y arrendamiento de los predios, la construcción de confianza con los campesinos y algunos avances en materia de sustitución. “Aun si moviéramos la zona, las negociaciones con la comunidad tendrían que continuar para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz”, explica.

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Hay varias razones de tipo logístico que dificultarían el traslado de la zona veredal. Por ejemplo, esta no puede traslaparse con resguardos indígenas o territorios de consejos comunitarios. En el Catatumbo (Norte de Santander) se encuentran los resguardos Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, que abarcan unas 95.000 hectáreas de la parte norte de los municipios de El Tarra, El Carmen, Convención, Tibú y Teorama. Existe también la presencia de otros actores armados ilegales. En el Catatumbo opera el Eln y se ha fortalecido el Epl. Esto sin contar con que los guerrilleros del Frente 33 de las Farc, que llegó a la zona en 1982, ya están preagrupados en las veredas Caño Tomás, La Esperanza y San Isidro. Llegaron allí pensando en concentrarse en la zona veredal de Caño Indio. 

A pesar de esas dificultades que supondría cambiar la zona veredal, el pasado jueves 12 de enero el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, en entrevista con RCN Radio, indicó: “En Caño Indio hay que llegar al acuerdo de sustitución de cultivos con la comunidad, pues la coca está sembrada muy cerca del área donde se instalarían los campamentos o trasladar la zona”, dijo.

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Y es que los cultivos de coca están aumentando en toda la región. Muestra de esto es que, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Undoc), en el 2015 en Catatumbo había sembradas 11.560 hectáreas de coca, lo que supone un incremento de 4.606 hectáreas con respecto al año 2014. La discusión no es nueva, data por lo menos de agosto de 2016. 

Condiciones para dejar la coca

El 4 de agosto de 2016, cuando se anunció que Caño Indio iba a ser una de las zonas veredales, se supo que los cultivos de coca iban a ser uno de los uno de los obstáculos más grandes. Colombia2020 conoció el acta en la cual consta que hay acuerdos en el arrendamiento y la disponibilidad de los dos predios en los que se instalaría el campamento donde se alojarán los guerrilleros.

En Caño Indio habitan 53 familias, la mayoría subsisten gracias a los cultivos de coca. El 7 de diciembre se reunieron en la vereda el Gobierno, cuatro presidentes de Juntas de Acción Comunal, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y representantes de una nueva estructura organizativa que se llama Coordinadora Nacional de Productores y Trabajadores de Coca, Marihuana y Amapola. El Gobierno propuso empezar la sustitución con 15 familias campesinas y 50 hectáreas de coca. En contraste, los campesinos plantean que los proyectos de sustitución se desarrollen en cuatro veredas: Caño Indio, Chiquinquirá, El Progreso 2 y Palmeras-Mirador, lo que involucraría a 200 familias. 

Tanto el Gobierno como la comunidad coinciden en que la coca debe ser arrancada, sin embargo, el desacuerdo radica en las condiciones. “Nosotros vemos la necesidad de cambiar la cultura de la coca. Pero implementar la paz no puede desembocar en una guerra de hambre”, explica uno de los líderes comunitarios de la vereda. “Vemos que lo único que nos ha traído la coca hasta ahora es violencia y es hora de cambiar; si no, podríamos quedar atrapados otra vez en la guerra que trae la economía ilegal”, añade.

La propuesta 

La propuesta de la comunidad es que se debería entregar a los dueños de las fincas y a los amedieros (campesinos que se asocian con los propietarios para cultivar coca) tres salarios mínimos durante tres años y que se les brinden dos salarios mínimos durante dos años a los trabajadores de los cultivos (léase arrieros, recolectores y personas encargadas de la preparación de alimentos para los trabajadores).

Por su parte, el Gobierno ofreció un millón mensual por doce meses, una huerta casera para cada familia y un proyecto productivo a largo plazo, a cambio de que la coca se erradique inmediatamente.

Las familias cultivadoras se negaron a sustituir en esos términos, porque dicen que no les alcanza para subsistir. “Si hacemos el proceso a lo chambón, se va a gastar mucha plata y no vamos a resultar con nada”, enfatiza Juan Carlos Quintero, vicepresidente de Ascamcat. En la zona no hay acueducto ni distritos de riego para sostener otro tipo de cultivo. Explican que el millón de pesos no es suficiente para mantener una familia de ocho personas, y menos con el plazo en el que lo recibirán, porque no es suficiente para estabilizar un cultivo nuevo.

“Las comunidades han tomado el proceso de sustitución como un pilotaje que se podría replicar en todo el Catatumbo y por eso se ha demorado más que en otras zonas. Esta región ha tenido problemas muy agudos de olvido estatal y confluencia de distintos grupos armados”, explica una persona que ha vivido y trabajado en la región, que pide reserva de su nombre.

La negociación política

Pero además de los motivos técnicos, otra razón por la que se ha dilatado el proceso de negociación son los intereses políticos tanto del Gobierno como de diferentes organizaciones campesinas en el territorio. Ascamcat es una de las organizaciones con más influencia en el Catatumbo y como tal puede ser o no un gran aliado para llegar a acuerdos con la comunidad. La misma persona que resalta el abandono estatal explica que “en los procesos de sustitución confluyen un montón de intereses. Esa es una condición natural de las negociaciones. Si el Gobierno y las Farc no tienen en cuenta las asociaciones campesinas en el Catatumbo, no van a lograr una implementación real”.

Ascamcat ha usado su autoridad en la zona para buscar más beneficios para los campesinos que se acojan a la sustitución. Algunas personas que conocen la zona afirman que Ascamcat también tiene el interés de convertirse en el eje central de las organizaciones campesinas del Catatumbo durante el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Otros van más allá y dicen que pretenden monopolizar los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito de la zona.

Al ser consultado acerca de esas acusaciones, Juan Carlos Quintero dice que no quieren monopolizar el proceso, pero que no conoce otra propuesta de sustitución de cultivos en la región aparte de la que tienen los pobladores de Pacelli, otro corregimiento de Tibú. Además, resalta el trabajo que ha venido adelantando Ascamcat con las comunidades. Cuenta que, por ejemplo, realizaron un trabajo de socialización del punto cuatro del Acuerdo (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) en 98 veredas del municipio en las cuales hay presencia de coca.

En medio de esa controversia lo que menos quieren los habitantes es quedarse sin la zona veredal, porque la ven como una oportunidad de revertir el abandono estatal. Así lo explica uno de los habitantes y líderes de la zona, que prefiere reservar su nombre. Solo el hecho de estar presentes en los medios de comunicación y en el recuerdo de los colombianos es una garantía de que su proceso será eficiente. “Nosotros les hemos dicho que estamos dispuestos a negociar. Que se pongan la mano en el corazón y que entren a hacer la paz con nosotros”, añade el líder.

En Caño Indio corre el rumor de que este fin de semana llegarán a la zona delegados tanto del Gobierno como de las Farc para reunirse con la comunidad. Quintero afirma que la posición de los campesinos se ha flexibilizado: “La propuesta de los tres salarios mínimos está prácticamente descartada”. En una frase dice que Ascamcat tiene voluntad para que la zona se instale en la vereda: “Sabemos que no podemos radicalizarnos porque afectaríamos no solamente la situación en Caño Indio, sino también el proceso de paz”.