Paz y nuevas violencias en Caquetá

La historia de cómo un departamento que sufrió miles de heridas a causa de la guerra empieza a reconstruirse, pero al mismo tiempo ve con preocupación la posible llegada de las empresas petroleras.

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En algunas paredes del municipio de El Paujil (Caquetá) hay consignas en contra de la llegada de las petroleras.
Mauricio Alvarado

Gilberto García, un hombre canoso de contextura gruesa y camisa de botones manga corta, cuenta que a su cuñado, Jesús Ángel González, lo asesinaron las Farc en junio de 1996. Su historia se une a las de otras 378.180 personas que sufrieron la violencia en el departamento del Caquetá, según datos de la Unidad para las Víctimas.

La cifra da cuenta de cómo Caquetá ha atestiguado el conflicto armado colombiano. Hasta 1984 hubo calma, aunque las Farc hacían presencia en el departamento. En ese año el gobierno de Belisario Betancur pactó con la guerrilla la creación del partido político Unión Patriótica (UP). Con la incursión de esta nueva fuerza política en la región, el poder de los Turbay, la familia que tradicionalmente ostentaba la autoridad, empezó a tambalear.

Para 1986, la UP obtuvo mayorías en cuatro concejos del departamento: El Paujil, Montañita, Cartagena del Chairá y Puerto Rico. El acuerdo, suscrito en Santa Fe del Caguán (inspección de Cartagena del Chairá), era que el gobernador nombraría como alcaldes a personas del partido mayoritario en los concejos. Sin embargo, a la UP sólo le dieron dos alcaldías.

La ruptura de ese pacto desencadenó el derramamiento de sangre en el Caquetá y desde ese momento la violencia se hizo incontenible. El número de muertos de la UP y del turbayismo fue directamente proporcional. En el departamento fueron asesinados 120 integrantes de la UP entre 1984 y 1999. La violencia política alcanzó su punto más alto cuando, el 29 de diciembre del 2000, hombres de la columna móvil Teófilo Forero asesinaron a siete personas entre las que estaban el representante a la Cámara por el Partido Liberal Diego Turbay Cote y su mamá, Inés Cote de Turbay.

De manera alterna a esas disputas, se empezaron a expandir los cultivos de coca en la región. Como está documentado en la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Caquetá, publicada por el Ministerio de Justicia en el 2015, la coca llegó a la zona de la mano de grandes narcotraficantes en los años 70, más exactamente a la región de Remolinos del Caguán. En el departamento fue desmantelado el centro de producción de cocaína más reconocido en la historia del país: Tranquilandia.

Para entender el devenir del conflicto armado en el Caquetá hay que hablar de coca. Habitantes de municipios como Puerto Rico aún recuerdan cómo en los años 90 la moneda de cambio en la región era la cocaína. Las personas salían con su gramera para hacer transacciones comerciales. Hacia los años 80, las Farc empezaron a insertarse en el negocio.

 

La actual alcaldesa de El Doncello, Sandra Losada, afirma que “sobre los cultivos ilícitos hay una historia muy grande que contarle al país”. Se refiere a la desigualdad y al abandono que regiones como esta han sufrido históricamente. Agrega que si los campesinos entraron a esta cadena productiva fue a consecuencia de la falta de oportunidades para vivir dignamente con el cultivo de otros productos. Y aclara: “En la región hay campesinos cocaleros, pero no he conocido el primero que se haya enriquecido. Lo hacen para su subsistencia”.

La guerrilla empezó a cobrar el gramaje, un impuesto que se pagaba por cada hectárea de coca cultivada. Luego, como lo ha documentado el Centro Nacional de Memoria Histórica, empezó a regular las relaciones entre campesinos y narcotraficantes. Tiempo después, hacia 1997, llegaron los paramilitares, en cabeza de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Se instalaron en el sur del departamento, zona que años atrás había sido el lugar a donde llegaron familias conservadoras huyendo de la violencia. Empezó la disputa por el control de los cultivos ilícitos.

Hacia 2001, las Accu le cedieron el bloque al narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien lo convirtió en una más de las estructuras de su poderoso bloque Central Bolívar. Desde ese momento la guerra se agudizó. Los habitantes del municipio de Puerto Torres recuerdan cómo una escuela pasó a ser un centro de tortura del frente Sur Andaquíes.

En El Doncello, municipio donde vive Gilberto García, la hegemonía siempre ha sido de las Farc. Incluso en julio de 1999, dicha guerrilla controló durante 48 horas el casco urbano, pero la toma fue duramente repelida por las Fuerzas Armadas. El periódico El Tiempo de esa época dice que en los combates murieron por lo menos 202 guerrilleros. Aun con ese golpe militar, la presencia de la insurgencia sigue en la zona; las autoridades señalan que por la región están el frente 3 y el 14.

A pesar de la presencia guerrillera, todas las personas consultadas coinciden en que, desde que se inició el proceso de paz, las acciones violentas son casi nulas. Incluso las extorsiones son cosa del pasado. Hace unos años era común escuchar que los pobladores de la región iban para el “médico”, que era la expresión para decir que iban a pagar la “vacuna” que la guerrilla les exigía.

En otra tónica

El Doncello da testimonio de cómo la guerra con las Farc ha desescalado. En palabras de Jaime Guevara, productor de caucho del municipio, “ahora con la paz, el conflicto ha menguado tanto que por acá pueden bajar la alcaldesa, el gobernador, el que quiera”. Las restricciones de movilidad, que por muchos años fueron la regla, ya no existen.

En este nuevo escenario se han empezado a ver nuevos procesos desde las organizaciones de base en la región. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya el fortalecimiento del Comité de Caucheros del Municipio de El Doncello, organización de la que Gilberto García es el secretario general.

El caucho es una plantación que ayuda a que los árboles vuelvan a la región. A pesar de ser parte de la Amazonia, en los paisajes caqueteños es común encontrar vastas extensiones sin árboles, como consecuencia de la deforestación que en el 2014, según el Ideam, llegó a ser del 20,84 % del total nacional, siendo el departamento con mayor deforestación en el país.

En el Caquetá se han cambiado árboles por vacas. Consciente de todo esto, el Comité de Caucheros de El Doncello impulsa el caucho como un cultivo alternativo que es sostenible económica y medioambientalmente.

Otro de los logros ambientales que García y Guevara dicen haber visto es que varias familias que cultivaban coca empezaron a sembrar caucho. “Todavía hay personas que tienen coca, pero la gente se va dando cuenta de que el caucho es apoyado por el Estado y no tienen que andar escondidos”, cuenta Guevara.

Pero para llegar al punto de la sustitución voluntaria se ha tenido que dar apoyo a los productores. “Hay gente que ha arrancado sus cultivos de coca para sembrar caucho porque les han subsidiado el material vegetal, les han ayudado con pago de jornales y les han dado capital semilla”, relata Jhonair Gaona, vicepresidente del Comité de Caucheros del Municipio de El Doncello.

Según las cuentas de la Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá (Asoheca), una familia de cuatro personas necesita cuatro hectáreas de caucho en producción para vivir dignamente. Sin embargo, para que el caucho produzca tienen que pasar siete años, por eso el PNUD ha impulsado la figura de los arreglos agroforestales, que consiste en que al lado del caucho se siembra plátano, que empieza a producir al año, y cacao, que hace lo propio a los tres años. De este modo la subsistencia de la familia, con asesoría técnica adecuada, estaría garantizada por 40 años, que es lo que dura en promedio una plantación de caucho.

A los 40 años, el árbol deja de llorar las lágrimas blancas que todos los días emanan de la corteza luego de que los caucheros le hacen incisiones. A pesar de que a la región han empezado a llegar micos, guacamayas azules y otros animales que hace mucho tiempo no hacían presencia en la zona, el reto es que después de que los árboles cumplan su ciclo productivo no sean talados, lo que permitiría llevar a cabo un exitoso proceso de reforestación.

Además de la sustitución de economías que han depredado el medioambiente en el Caquetá, los caucheros de El Doncello tienen sus ojos puestos en otro proceso crucial para el país: la reintegración a la vida civil de las personas que hicieron parte de los grupos armados. Antes de que se acabe el año, 39 reinsertados empezarán a trabajar con Asoheca.

Gilberto García da un testimonio de primera mano. A pesar del daño que le hicieron a su familia con el asesinato de su cuñado, capacitó en su plantación a un excombatiente para que pudiera trabajar rayando caucho. Durante un mes lo preparó para luego incluirlo en otros procesos de Asoheca. Cuando se hizo la reportería para este artículo, Gaona estaba esperando que un desmovilizado llegara a su finca para hacer la misma capacitación. García concluye que “el perdón se debe dar con acción. Si yo digo que perdono, tengo que hacerlo de una forma que sea capaz de interactuar con esas personas”.

El conflicto actual

Jaime Guevara resume el sentir de las personas de El Doncello y El Paujil ante la posibilidad de que las petroleras entren a su territorio: “Es como un volcán esperando rugir”, dice.

El volcán al que se refiere ya exhaló sus primeras cenizas. Entre el 12 y el 23 de septiembre del 2016 llegaron empresas a la zona norte del departamento para desarrollar estudios de sísmica y definir si hay petróleo. “Vivimos en medio de una lucha por el agua y aquí nos metieron al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Nos cogieron con granadas de aturdimiento, con gases lacrimógenos, y nos restringieron la movilidad por nuestro territorio”, dice Guevara.

La resistencia de las comunidades fue férrea. El cableado de las compañías fue cortado y los enfrentamientos con el Esmad fueron violentos. Hubo personas que les lanzaron granadas a los policías. Al mismo tiempo, la Personería de El Doncello tiene varias denuncias sobre abusos por parte de los uniformados.

El descontento de los pobladores con la entrada de las petroleras fue uno de los factores para que en Caquetá el No ganara en el plebiscito por la paz que se adelantó el 2 de octubre. La situación preocupa tanto a la comunidad que se está impulsando una consulta popular, la primera en el Caquetá. Esta fue radicada el 11 de julio de 2016, la resolución de aceptación salió el 14 de agosto del mismo año y actualmente se encuentran recogiendo firmas.

Carlos Mora, presidente del Concejo de El Doncello e impulsor de la iniciativa de participación ciudadana, dice que espera que, para el primer semestre de 2017, los 20.000 habitantes del municipio decidan en las urnas si aprueban o no la entrada de las petroleras. Lo mejor que les puede pasar a los municipios del norte de Caquetá es que el conflicto se tramite por vías institucionales, porque, como lo advierte Jhonair Gaona, “acá hay gente dispuesta a lo que sea para no dejar entrar a las petroleras”.

La alcaldesa de El Doncello, Sandra Milena Losada, concluye con un llamado al gobierno central: “No tomen decisiones desde allá. Tengan en cuenta a los caqueteños para la construcción de nuestro desarrollo”.

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