No somos invasores: José Ángel Palomeque

El secretario de Paz, Reconciliación y Posconflicto de Riosucio (Chocó) habla acerca de la continuidad de la guerra en ese municipio, acusa a empresarios de amenazar a reclamantes de tierra y asegura que las Farc deben pedir perdón.

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José Ángel Palomeque, secretario de Paz, Reconciliación y Posconflicto de Riosucio (Chocó). / Óscar Pérez-El Espectador

En Riosucio (Chocó) la guerra se intensificó tras la salida de las Farc. El pasado 22 de agosto murió una indígena wounaan de 22 años, perteneciente a la comunidad Juin Duur, ubicada en la cuenca del río Truandó. Fue impactada por una bala perdida en medio de un enfrentamiento entre grupos armados. Sólo hasta el viernes 25 de agosto unos 60 indígenas se habían  desplazado hacia el casco urbano y otros 40 se mantenían en el territorio, bajo serio riesgo de desplazamiento, con restricciones de movilidad . El control territorial de esta zona se lo disputan el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y la Fuerza Pública.

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Desde el primer trimestre de 2017 las Agc tratan de arrebatarle el control territorial al Eln en la cuenca del río Truandó, lo que ha agravado la situación humanitaria en la región. La guerrilla, dicen en la zona, ha puesto minas antipersonales para detener el avance paramilitar. Por eso casi todos los días llegan a Riosucio combatientes que pisan los artefactos. Eso ha visto José Ángel Palomeque, secretario de Paz, Reconciliación y Posconflicto de Riosucio (Chocó), un municipio de casi 40 mil habitantes, que no cuenta con hospital por lo que los heridos de la guerra que no cesa deben ser remitidos a otras ciudades de la región.

Palomeque mira hacia el río Atrato e intenta ubicar y explicar los conflictos que tiene la región. Los conoce bien. Así como la lucha que se libra por la tierra. Desde 2013, tras la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, los consejos comunitarios intentan recuperar territorios que vendieron a precios irrisorios a compradores y empresarios que, afirman, se aprovecharon de la incursión paramilitar en 1996 (adelantada por el bloque Bananero y el bloque Élmer Cárdenas).

En la región es riesgoso impulsar la restitución de tierras. El 19 de agosto asesinaron a Jesús Alberto Sánchez Correa, hijo de un reclamante de tierras de las comunidades Guacamayas y Buenos Aires, pertenecientes al Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó.

Tampoco han escapado de la estigmatización. La Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba), por ejemplo, que también lucha por la restitución de tierras en la región, fue señalada en el Congreso de la República. “Hay evidentes problemas de restituciones, promovidas por ONG, donde hay invasiones y se están confrontando en terrenos los invasores con los habitantes tradicionales”, dijo la representante uribista María Fernanda Cabal en un debate en el Senado el 15 de septiembre de 2015. “Voy a denunciar directamente a una organización que se llama Ascoba”, complementó.

“No somos invasores”, sostiene Palomeque cuando le recuerdo ese episodio, porque durante nueve años fue presidente de Ascoba. Estamos en Riosucio hablando, precisamente, sobre los riesgos de ser reclamante en la región, de la reincorporación de los miembros de las Farc que tenían presencia en el departamento y de la guerra, latente y cruda, que no da tregua. 

¿Cómo está el orden público en Riosucio?

Bastante complejo, en razón de que acá operaba el frente 57 de las Farc y en la parte sur teníamos al frente 34. Hace unos 30 años el Eln se había ido para los ríos San Juan y Baudó. En el 96 entraron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá por medio del bloque Élmer Cárdenas. Después de la reincorporación muchos quedaron delinquiendo. Hoy están las Agc, y la dejación de estos territorios por parte de las Farc permitió que cogieran más fuerza. Desde el San Juan y el Baudó llegaron muchos integrantes del Eln, en septiembre de 2015, especialmente al río Truandó, donde se han ubicado.

Ese mismo mes las Agc intentaron entrar a apoderarse de esos territorios para pasar al mar Pacífico y no fue posible. Hubo grandes combates y muchas minas. Entre febrero y marzo de 2017 ingresaron las Agc a Truandó y de ahí para acá el orden público ha sido una complicación, porque las comunidades están hacinadas por el minado. Han caído dos indígenas (civiles) que perdieron las piernas. Integrantes de los grupos armados también han caído.

A las comunidades, después de estar viviendo en hacinamiento, les tocó desplazarse porque no podían salir a hacer sus prácticas tradicionales de producción. Algunos de esta población desplazada se encuentran en pequeños albergues, muchos están en casas de familias y de amigos.

En el río Truandó, desde el Cacarica, la presencia paramilitar es bastante. Truandó, Cacarica, Las Balsas y Salaquí son un corredor para las Agc y eso no permite que haya acompañamiento institucional. Algunas comunidades indígenas están allá resistiendo en medio del conflicto, pero con ganas de venirse.

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¿Han evidenciado alianzas u omisión de la Fuerza Pública frente al avance de las Agc?

Es muy complicado decir que hay alianzas estratégicas entre los actores, porque estamos en el casco urbano. No vemos eso ni hemos tenido informaciones en ese sentido. Lo que uno siempre les exige es el cumplimiento de la norma y de la Constitución, el respeto y la protección de las comunidades.

¿Cómo está la situación de los líderes?

Bastante vulnerada. Hay muchos líderes con amenazas. Por reclamar la restitución de tierras y sus derechos territoriales hay muchos amenazados. Acá hay varios esquemas de protección asignados. Le estamos diciendo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre la necesidad de protección colectiva porque tenemos partes donde no hay servicio de comunicación telefónica y es muy complicado estar en contacto con la familia y las personas para que ellos puedan decirle a uno lo que está pasando.

¿Cómo ha sido el accionar de la Unp acá?

Con algunos de los líderes que tienen los esquemas han cumplido, pero lo que estamos exigiendo hoy son derechos a nuevos líderes, porque hoy la presencia de estos actores del conflicto los hace vulnerables a esos grupos que no respetan las normas internas que tienen las comunidades para su supervivencia. Lo que le exigimos a la Unp es que siga en cumplimiento de los parámetros de defensa de estos líderes.

¿Lo que más expone a los líderes es apoyar los procesos de restitución de tierras?

Uno es el tema de restitución, porque los grandes empresarios tienen bastantes extensiones de tierra con búfalo y ganado. Están en una tierra que le compraron a la gente mal comprada. Esos territorios imprescriptibles, inembargables e inajenables deben regresar a los consejos comunitarios. Tenemos líderes amenazados por el tema de tierras y otros por la situación de orden público.

¿Quién amenaza a los líderes?

Los mismos empresarios, el paramilitarismo, el Eln. Tenemos líderes amenazados acá dizque porque vienen a tomar trago con los paracos. De todos los lados tenemos líderes amenazados.

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¿Se evidencia algún tipo de alianza entre los empresarios y las estructuras armadas?

Lógico.

¿Cuáles?

Hoy la estructura paramilitar está más al servicio de los empresarios. Así se ha demostrado con algunas comunidades a las que han llegado maltratándolas y sacándoles sus cosas por medio de la presión y la fuerza, porque están al servicio de esos grandes empresarios y también del narcotráfico. Esta es una zona donde se ven cultivos de uso ilícito. Por eso queremos entrar en el proceso de sustitución voluntaria para bajar un poco esa tensión.

¿Cuáles son esos grandes empresarios?

En la zona del consejo comunitario de La Larga-Tumaradó tenemos alrededor de 11 empresarios. 

¿Cómo va la restitución?

Bastante atrasada. Nosotros tenemos dos vías, una es la de La Larga-Tumaradó, que está más avanzada, y la de Pedeguita-Mancilla, que no ha empezado. Sólo se inició con el diagnóstico de las afectaciones ambientales del territorio, pero se quedó ahí. Hoy, con el consejo de La Larga-Tumaradó, en compañía del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Unidad de Restitución de Tierras y la administración de Riosucio estamos llegando a acuerdos para presentar el caso ante un juez de tierras. 

Si se sigue restituyendo a este ritmo, ¿cuándo se va a terminar?

¡Jum! Ese ritmo va muy lento y son casos especiales, porque estamos hablando de la restitución de un territorio colectivo de comunidades negras que es imprescriptible, inembargable e inajenable. Hoy estamos dando esos pasos porque en Riosucio tenemos 10 resoluciones de títulos colectivos y las más afectadas son La Larga-Tumaradó y Pedeguita-Mancilla, porque están en la zona carreteable, que es donde viene toda esa ampliación agrícola del Urabá hacia acá. Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Macondo y Blanquiset son el sector donde más hubo penetración de los empresarios por estar más cerca del Urabá.

¿Cómo va el proceso de la reincorporación de los guerrilleros de las Farc que operaban en esta zona?

Algunos tienen territorios en los diferentes ríos y también tienen allí a sus familias. Muchos piensan realizar proyectos, pero la presencia de otros actores hace muy complicado este proceso. Ellos tendrán que asumir las normas que tienen las comunidades que los acojan para que los respalden ante cualquier actor, siempre y cuando se estén portando bien. Hoy estamos mirando con los consejos comunitarios cómo se les facilitan proyectos de tierra para que hagan proyectos transitorios. Muchos de ellos están en capacitaciones. Algunos están prestos a regresar a las comunidades y otros piensan salir y mirar en los cascos urbanos qué pueden hacer. Estamos mirando con los exintegrantes del frente para organizar un foro abierto en Riosucio para que empiecen a relacionarse y pidan perdón a la población por los hechos que causaron.

¿Por qué las Farc tienen que pedir perdón en Riosucio? 

Por las masacres, por las muertes selectivas, por todo lo que ocasionaron. En Bojayá, por lo que fue algo más colectivo, pidieron perdón en el corregimiento de La Loma. Queremos que también hagan eso acá.

¿Los ve dispuestos a pedir perdón?

Sí, hay un cambio enorme en ellos. Saben que van a enfrentar otra realidad y eso les permite cambiar y acercarse a la población para que los acojan. Si son rechazados por la población pasan trabajos. 

¿Cree que los paramilitares podrían atentar contra sus vidas?
Esperemos que no porque se forma el desorden.