César Molinares, coautor del libro, explica que uno de los retos para el posacuerdo es llegar a toda la verdad sobre el papel de empresas mineras, políticos y otros civiles en el despojo de tierras que vivió el departamento.
¿Cómo empezaron la investigación sobre la tenencia de tierras en el Cesar?
Hace siete años nos fuimos junto con Nathan Jaccard, otro periodista y coautor del libro, al Cesar para hacer un trabajo sobre el impacto del conflicto armado. Allí vimos de primera mano las consecuencias del despojo de tierras en el Caribe. Yo soy de la costa y por eso el tema siempre me ha interesado. También hicimos seguimiento a la muerte de los sindicalistas, que en ese tiempo eran muy numerosas. Terminamos el proyecto e hicimos la denuncia periodística, pero quedamos con ganas de hacer una investigación más profunda que aportara a la reconstrucción de la memoria histórica.
Esa inquietud se convirtió en lo que hoy es el libro “La maldita tierra”...
Le planteé al Centro de Memoria Histórica hacer una investigación en tono periodístico donde se abordara el tema de economías ilegales y de cómo los intereses privados aumentaron la violencia. El propósito era derribar el mito de que la violencia en Colombia es solo ideológica, porque lo cierto es que la guerra sirvió para que todos los grupos armados se hicieran con las enormes riquezas de los territorios. En el caso específico del Cesar, hay varios hitos: el auge guerrillero en los 80, la entrada del paramilitarismo en 1995, la guerra entre ambos grupos en 1996 y cuando las autodefensas se consolidan como actor hegemónico en la zona hasta 2005, cuando se desmovilizan.
¿Con todos los actores armados la tierra era el eje central del conflicto?
Se puede decir que la espina dorsal del conflicto colombiano es la tierra. Para entender el caso específico del departamento reconstruimos las disputas por la tierra en La Jagua de Ibirico, Becerril, Agustín Codazzi, San Diego, El Paso y Chiriguaná.
¿El corredor minero?
Sí, todas esas tierras estaban en disputa desde los 60 y hay evidencia de que la guerrilla quiso capitalizar esas inconformidades válidas de los campesinos en la tenencia de la tierra. Ellos se aprovecharon de ese contexto y por eso muchos líderes sociales terminaron siendo blanco de grupos de extrema derecha.
¿Qué cambió en el departamento cuando llegaron los paramilitares?
Lo primero fue que los secuestros se dispararon. Entre 1990 y 1997, 507 personas fueron víctimas de secuestro en todo el departamento. Pero entre 1996 y 2006 secuestraron a 374 personas solo en los seis municipios del corredor minero. Esto sucedió porque las Autodefensas llegaron a combatir los secuestros usando la técnica de plagiar a los familiares de los guerrilleros que habían cometido el crimen. Es irónico porque su estrategia, lejos de acabar con la práctica, la acentuó. También empieza el boom de la minería y una era de saqueo de la tierra. El territorio se vuelve un botín de guerra. En los 90 también se da una oleada de asesinatos y el Estado responde a la violencia con más violencia. Ahí, en 1993, se crean las Convivir y luego se afianza con el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en 1994. Se desdibuja el límite entre los grupos armados y civiles. Cuando se declaran ilegales, las Convivir se vuelven una herramienta militar paralela al Estado.
¿Cómo afectó esa inclusión de civiles en el conflicto armado?
El conflicto dejó 72.000 víctimas y 6.000 asesinados. Muchas de ellas se dan en medio de políticas estatales que promovían estrategias de seguridad que no solucionaban los problemas de fondo: la tenencia de la tierra y la pobreza estructural. Además, algunas empresas empezaron a utilizar esquemas de seguridad con un alto componente militar y fue así como las mineras, por ejemplo, aportaron a la conflictividad en la zona.
¿Incluido el despojo de tierras?
Hicimos un balance de la actividad de restitución de tierras y encontramos que el 25 % de las reclamaciones están donde hay títulos mineros o donde se están solicitando. También hay políticos, empresarios, personas investigadas por lavado de activos, todos metidos en esa guerra.
¿Durante la investigación notaron algún cambio después de la desmovilización de las autodefensas en 2005?
Cuando se desmovilizó el Bloque Norte, que actuaba en la zona, disminuyó la intensidad de la guerra directa contra los líderes sociales, pero la violencia mutó, la economía ilegal persistió y la bonanza minera continuó hasta llegar a la producción de 48 millones de toneladas de carbón en 2014.
¿Cuál es el reto del departamento de cara al posacuerdo?
Reconstruir la memoria histórica es de por sí un desafío. Además, la justicia colombiana tiene una deuda con las víctimas para determinar la responsabilidad de terceros en el despojo de tierras. Los empresarios, políticos y otros civiles que colaboraron e impulsaron la violencia siguen sin contar la verdad.