En total son 108 campesinos

Las mujeres de Chimborazo luchan por su tierra

Viaje a la entraña de una comunidad campesina que se resiste al despojo paramilitar, que en esta región utilizó la violencia sexual para hacerse a tierras. Luego de 17 años, siguen sin ser reparadas ni restituidas.

principal_chimborazo.jpg

Mujeres campesinas del predio Chimborazo, en Magdalena, víctimas de violencia sexual como forma de despojo paramilitar./ Fotos: Gustavo Torrijos - El Espectador

“La primera mujer violada fui yo. Después siguieron los asesinatos. Desde entonces hemos seguido luchando, haciendo una cosa y otra, desde pasteles hasta las demandas por nuestra tierra”. Beatriz García está sentada y junto a ella hay seis mujeres más. Estamos en Orihueca, en el municipio de Zona Bananera, en el Magdalena, cercado por hectáreas y hectáreas de banano y guineo. Un corregimiento caliente que vivió la violencia y el despojo paramilitar como pocos.

Lea también: Salaminita, el pueblo que renace a paso lento​

La lucha

En 1996, con el fin de hacerse a la posesión de tierras abandonadas e improductivas, y siguiendo el llamado de la Ley 160 de 1994, que así lo permitía, comunidades sin tierra, oriundas del corregimiento de Orihueca y veredas aledañas del Magdalena, empezaron a organizarse. Esperanzados con acceder a la promesa de “la tierra para el que la trabaje”, ese mismo año se afiliaron a la Asociación Mixta de Campesinos Obreros (Asomvic). Fue entonces cuando decidieron ocupar los predios Chimborazo, Ceibones, Nigrinis y Cantagallar, ubicados en el corregimiento de Tierra Nueva, en el municipio de Puebloviejo (Magdalena).

Los propietarios de la tierra eran la familia Olarte, que permitieron e incentivaron la explotación de la tierra para facilitar la venta de los predios al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), la entidad nacional que entonces estaba a cargo de adjudicar tierra a los campesinos que no la tenían.

Fue así que desmontaron y limpiaron la maleza, desterraron plagas y empezaron a sembrar y a cuidar lo sembrado. Tenían animales y cultivos de pancoger y pescaban en la laguna cercana. También sembraron arroz y maíz para agilizar el proceso de posesión y usufructo de la tierra. Por el año de 1998, en la zona empezaba a tener mayor presencia armada el frente William Rivas del bloque Norte de las Auc, del Magdalena. Pero entonces su aparición era esporádica y no había restricciones de movilidad. Un año después, cuando la tierra empezó a dar las primeras cosechas de maíz, los paramilitares empezaron su hostigamiento. “Nos humillaban. Entraban a las casas como si fueran de ellos, cogían los animales, nos ponían a cocinarles, ponían a nuestros compañeros e hijos a quitarles las sanguijuelas de las partes íntimas y a limpiarles las botas”, relata Sonia Sandoval.

Violencia sexual y despojo

Entre 1999 y 2000, paramilitares del frente William Rivas que se asentaron allí por su ubicación estratégica y salida a Ciénaga y al mar Caribe confinaron a esta comunidad campesina a los predios que trabajaba.

Allí fueron obligados a servirles, bajo constantes amenazas y tratos degradantes. Allí fueron sistemáticamente y sexualmente abusadas cerca de 40 mujeres, hombres, niños y niñas de la comunidad como estrategia de control. De allí es que la familia Charris Sandoval escapó y fue perseguida hasta el corregimiento de Soplador, donde fueron desmembrados y asesinados el padre y el hijo mayor, luego de obligarlos a ver cómo violaban a dos miembros de su familia, una niña de 11 y un niño de 13. “A mi peladito lo cogieron y lo violaron. Cuando empezamos a denunciar yo no hablé de eso porque él me dijo: ‘Nunca digas lo que hicieron conmigo, es tan vergonzoso’. Sólo hasta hace poco y después de atención psicológica decidió declarar. Conmigo hicieron lo que quisieron”. El mensaje fue bárbaro y contundente. Nadie salía ni hablaba de Chimborazo sin su autorización.

En diciembre de 2000, la estrategia paramilitar en los predios de Chimborazo cambió. El frente William Rivas, comandado desde marzo de 2002 por José Gregorio Mangones Lugo, conocido como Tijeras, ya no buscaba someter a estas familias campesinas a sus servicios. Ahora se trataba de desplazarlas y despojarlas siguiendo la estrategia del jefe del bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40. La guerra no era sólo contrainsurgente sino por las tierras, sobre todo aquellas que habían sido asignadas por el Incora o estaban en proceso de serlo a campesinos, en los años ochenta y noventa.

Vea también: Tamboreras contra la violencia sexual

Ana Ariza, de 72 años, señala que para eso intensificaron la violencia sexual contra las mujeres. “Qué no hicieron conmigo y con mis hijos, ¿ah? Me cogieron como animales. Hay cosas que uno recuerda —se desvanece y se coge las piernas—. Nosotras hemos sufrido”. Por las violaciones y violencias, a Ana le tuvieron que sacar el útero tiempo después. Hoy el dolor y el recuerdo pueden con ella, dice.

Días después de los hechos que padeció la familia de Sonia Sandoval, venciendo el amedrentamiento y el dolor, muchas de las familias escaparon. Pero algunas no tuvieron más opción que quedarse en el municipio de Orihueca, en ese entonces bajo el control paramilitar, y por eso siguieron sufriendo amenazas entre 2003 y 2005, pese a la firma del acuerdo de Santa Fe de Ralito entre las Auc y el gobierno de Álvaro Uribe.

Volver por la tierra

Durante los tres años siguientes siguió reinando el silencio del horror que vivieron. Sólo con la entrada en vigencia de la Ley 975, de Justicia y Paz, la comunidad se llenó de valor para adelantar acciones en busca de la verdad, la justicia y la reparación.

Fue así como se organizaron en la Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables (Fundapad), conformada y liderada por mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia sexual y muchas también abandonadas por sus esposos por serlo. Con una dignidad y resistencia admirables, ellas han logrado retomar su lucha campesina por la tierra. La misma que llevaron a la Mesa Nacional de Víctimas en 2012, cuando apareció la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, aunque los diálogos con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) sólo empezaran en 2014, dos años después, con el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente.

Luego de la construcción de la demanda colectiva, a cargo de la URT, empezaron este proceso judicial que hoy no termina y al que se han sumado importantes aliados, como la Corporación Humanas, el Consejo Noruego para Refugiados, la Codhes, la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

En ese camino, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta admitió la demanda que hoy está en etapa judicial y bajo el conocimiento del Juzgado Cuarto. Contra ella se presentaron en un principio 18 oposiciones por parte de quienes, después de la entrada paramilitar, ocupan y usufructúan estas tierras golpeadas por la guerra. Nueve de ellas fueron admitidas, entre las cuales están la familia Olarte, la Sociedad de Inversiones la Española S.A. y la Sociedad de Inversiones Silvor S.A., de empresarios y terratenientes poderosos de la región, algunos de ellos señalados por sus vínculos con el paramilitarismo. Hoy existe el reconocimiento de que estos 108 campesinos (77 hombres y 31 mujeres) sufrieron directa o indirectamente violencia sexual como estrategia de despojo. ¿Qué esperan que suceda en cinco años?, pregunto antes de partir esa tarde de Orihueca.

Todas, sin excepción, dijeron que se sueñan en su tierra, cultivando y con sus hijos. Esto luego de 17 años en los que no han sido reparadas por el Estado y los procesos de tierras y de víctimas siguen en etapa de juicio. Esto pese a que los armados siguen en la región y ellas no tienen trabajo y están empobrecidas. Todas, sin titubeos, defienden con coraje que esas tierras (alrededor de 670 hectáreas) deben volver a ser de ellas y de su trabajo.