Indígenas, contra el estigma que les dejó la guerra

En el resguardo La Argelia, de la comunidad embera-chamí, los habitantes han manifestado su preocupación por el auge de bandas criminales. / Fotos: Marcela Osorio

“La Fuerza Pública siempre nos acusa, a nosotros los indígenas, de ser los colaboradores de la guerrilla, los simpatizantes, tanto que incluso en el gobierno de Uribe se sacó el lema de ‘todo indio era terrorista’. Ese era el argumento para hacer las ejecuciones extrajudiciales”. Si algo le ha quedado claro a Gilberto Latín Cunda, líder nasa del cabildo Nueva Palestina del Valle del Guamuez (Putumayo), es que a pesar de lo que está estipulado en la Constitución respecto a la protección de los pueblos indígenas, a la hora de la verdad nada ha cambiado en los últimos años. Es más, sostiene con firmeza, la política de exterminio contra los indígenas se mantiene.

El diagnóstico del líder nasa no es diferente al que han hecho en los últimos años múltiples ONG, institutos y organismos internacionales, que en su conjunto han llamado la atención sobre un asunto puntual: la violencia que se derivó del conflicto armado tuvo y sigue teniendo un especial impacto en las comunidades indígenas que viven en medio del fuego cruzado y las luchas de poder de los grupos ilegales que se disputaban el control de los territorios ancestrales. Y en la reconfiguración de esos escenarios, el papel de las Fuerzas Militares y policiales marcó un punto de quiebre en la relación con esas comunidades, en especial en las zonas que fueron de dominio de las Farc.

El caso de los nasas, que representa Gilberto Latín, ejemplifica el fenómeno. En departamentos como Putumayo, con una considerable población indígena, el conflicto golpeó también a comunidades como los awás, emberas-chamíes y kofán, que tuvieron que lidiar en sus territorios con la presencia de las Farc —a través del frente 48—, además de los carteles de Cali y Medellín, que en los años 80 arribaron a la zona, y el control territorial que posteriormente ejercieron las Autodefensas por medio del Bloque Sur Putumayo, estas últimas con un trágico saldo: las masacres del Valle del Guamuez, El Tigre y El Placer.

Y aunque con la salida de las Farc de la región, como parte de la implementación del Acuerdo Final de Paz, se han dado avances importantes en materia de seguridad, falta mucha tela por cortar, vacíos que llenar y retos inmediatos de los que dependerá que el nuevo escenario no se constituya en caldo de cultivo para otro conflicto social.

Por eso, a pesar de las desconfianzas, Gilberto resalta la importancia de la Mesa de Justicia Interétnica (de la que forman parte los awás, kofanes, emberas-chamíes y los nasas) que las autoridades del Valle del Guamuez crearon como un espacio de acercamiento entre las comunidades indígenas e integrantes de la Policía y el Ejército, para buscar puntos de encuentro y lograr resolver asuntos que siempre han generado conflicto entre las partes: ingreso de la autoridad a resguardos, reclutamiento de menores y choque de trenes entre la justicia indígena y la ordinaria.

A groso modo, se trata de incluir las preocupaciones y necesidades de los pueblos indígenas del Valle del Guamuez en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio, que en un principio no fue concertado con las comunidades. “Cuando pasamos la propuesta, ellos notaron su ausencia en el plan integral y dijeron que no se sentían reflejados como comunidades indígenas. A partir de ahí surgió la idea de empezar unos acercamientos para hablar sobre la jurisdicción especial indígena no sólo con la Fuerza Pública, sino con los entes encargados de la justicia en el Valle del Guamuez”, detalló Patricia Queta, secretaria de Gobierno del municipio y quien ha sido una de las principales coordinadoras de la Mesa.

El proceso es tan sólo una pata de un proyecto mucho más grande puesto en marcha en otras 15 regiones, financiado por la Unión Europea y desarrollado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAPP/OEA, que busca aportar al proceso de alistamiento institucional hacia y desde las regiones, en el marco de los planes estratégicos de construcción de paz. En últimas, se trata de diagnosticar, acompañar y fortalecer los procesos comunitarios locales enfocados en la reconciliación.

Para el caso del Valle del Guamuez, el tema está enfocado en reconstruir la confianza de la comunidad en las instituciones del Estado y buscar la cooperación de las partes en la resolución de problemas cotidianos. Como lo explica Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, “estas mesas locales de justicia son un primer paso en la difícil, pero indispensable tarea de crear confianza entre las comunidades indígenas, las instituciones locales y la Fuerza Pública. Estos espacios han permitido acercar a los diferentes actores, evidenciar las profundas diferencias que han existido en el marco del conflicto y propiciar el diálogo para atender, de manera conjunta y concertada, los múltiples retos que implican la construcción de paz en los territorios, siendo la armonización entre jurisdicciones uno de los principales”.

Menéndez asegura que acompañar a las regiones históricamente golpeadas por la violencia en el actual proceso implica necesariamente facilitar el diálogo entre los mismos actores del territorio, es decir, “tender puentes para que sean ellos quienes debatan, acuerden y propicien las transformaciones que requiere su territorio”. Al poner a andar el proyecto sobre terreno, han sido varios los retos y obstáculos que las partes han tenido que sortear. Empezando por lo que fue el primer encuentro, cara a cara, entre comunidades y Fuerza Pública.

El sargento segundo Nelson Jiménez, enlace étnico del Batallón Especial Energético y Vial N° 9 del Ejército, recuerda, por ejemplo, que la primera cita estuvo marcada por un ambiente tenso, en el que reinaba la desconfianza y a la que los indígenas llegaron portando su bastón de mando y las autoridades sus respectivas armas de dotación. “Por acá hubo mucha víctima, mucha masacre, dicen que de paramilitares. En la primera reunión nos hicieron reclamos, una señora me dijo que nosotros habíamos sido los que habíamos matado a los indígenas. Y hubo un señor que dijo que con nosotros nada. Al principio llega uno pensando que no se puede, que es difícil, pero al final le ha dado a uno orgullo ver cómo ha cambiado”, rememora.

De hecho, que hubiera presencia de armas en un escenario de diálogo terminó por enrarecer aún más el ambiente, según Latín. “Las armas nos generan terror. En cambio, si nosotros llevamos los bastones, significa protección y armonización para nosotros. Todo lo que significa hierro es para matar. Nosotros les expresamos a ellos lo que sentíamos, como un desahogo. Algunos abusan de la autoridad, de ese uniforme, del arma y siempre ha existido esa violación de los derechos humanos”.

Su posición deja ver que si bien sentar a las partes a reconocerse como actores del mismo territorio es un avance trascendental, el proceso tiene que seguir andando para fortalecerse: “El ejercicio de que hayan asistido es importante, no se avanzó mucho en el tema de la confianza, pero hicieron presencia y nos acercamos”.

Lo dicho por el líder nasa deja entrever que el acercamiento no ha sido muy fluido con todas las comunidades. De las cuatro que forman parte de la Mesa, hay dos con las que aún no se ha logrado construir un lazo de confianza, mientras que con las otras dos se han podido realizar actividades conjuntas. “Con los awás seguimos los acercamientos, el gobernador y la guardia indígena fueron a almorzar con nosotros al rancho e incluso nosotros fuimos a una fiesta allá a uno de sus resguardos (...) con la comunidad Kofan se está tratando de lograr acercamiento porque ha sido un proceso muy difícil. Pero se han logrado cosas, se hizo la celebración del Día del Niño y hace poco hicieron un campeonato relámpago de fútbol 8”, explicó el sargento Jiménez.

El camino andado con los awás muestra que en el fondo el tema también está atravesando por el desconocimiento sobre cómo funcionan las partes, pues incluso la misma comunidad desconocía que el Ejército contara con un componente étnico. Y así lo considera Daniel Montes García, tesorero del cabildo Awatachá, quien participó en los primeros acercamientos con las autoridades y para quien si bien se han logrado acuerdos en ciertos puntos, todavía faltan muchos puntos que requieren consenso. “Desconocíamos que existiera un puente para dialogar con los altos mandos. No fue fácil, pero si no poníamos nuestra disponibilidad, pues no iba a funcionar. Aún está pasando que no les ponen cuidado a las comunidades indígenas, pero el trabajo en la Mesa con la MAPP/OEA nos ha servido para saber que tenemos herramientas, cómo podemos reclamar nuestros derechos y hemos conocido los puentes con otras entidades”.

Los emberas, por su parte, se ven un poco más lejanos al proceso. La preocupación está enmarcada en que con la Policía no ha habido diálogo, en la continuidad de los retenes y en que si bien es cierto que ya no hay presencia de las Farc en la zona, sí ha habido un incremento de presencia de bandas criminales y están circulando panfletos con amenazas a líderes. “No tenemos confianza porque ellos se propasan de las cosas, no hay respeto. Muchas veces la Fuerza Pública no tiene conocimiento del enfoque diferencial. Como pueblo hemos pensado que se tiene que seguir dialogando”, manifestó Ulises Niquirucama, gobernador del resguardo La Argelia, de la comunidad embera-chamí.

A eso se suma que la Mesa Interétnica tiene también como eje central la idea de buscar puntos de encuentro entre la justicia ordinaria y la justicia especial indígena para evitar que se produzcan casos de choque entre ambas, como ha ocurrido no pocas veces, y delinear una hoja de ruta específica para el manejo de dichos procesos. Un asunto en el que, hay que decirlo, hay más dudas que certezas.

Según el mayor de la Policía Santiago Garavito, los avances en la materia han sido considerables, pues no sólo se ha logrado restablecer en parte la confianza, sino que se ha dado un cambio de pensamiento sobre lo que representan las autoridades indígenas. “Los gobernadores se fueron acercando a la estación de policía, porque teníamos problemas de capturas de integrantes de su comunidad en La Hormiga. Ellos preguntaban cuál era el paso a seguir y qué posibilidades había de que se los entregáramos a ellos como autoridad judicial. Empezamos a cambiar eso, aunque no en todos los delitos, porque en homicidios no podríamos nosotros hacer eso, pero sí en delitos menores. Empezamos a reconocerles esa autoridad que son”.

Sin embargo, por los lados de la Fiscalía el debate se ve más complejo. Para el fiscal 38 del Valle del Guamuez, Ernesto Enríquez, el problema radica en que la ley no es clara al definir cuáles son los parámetros para trasladar un caso que pertenece a la justicia ordinaria a la Jurisdicción Especial Indígena. “No está claro hasta dónde llega el derecho de ellos y la capacidad institucional. No hay un enlace jurídico, el tipo penal para nosotros puede que para ellos no sea un delito. Usted llega a donde ese indígena, primero no le entiende la lengua, y le dice: mire, esto es delito y él dice no, en mi cosmovisión eso no es delito (...) ellos creen que están preparados para asumir cualquier investigación y juicio sin necesidad de que la justicia ordinaria se entere”, señala el jurista.

Un punto sobre el que hay que resaltar que incluso el Consejo de la Judicatura le ha solicitado a la MAPP/OEA apoyo en este sentido y el próximo mes se instalará el Comité de Coordinación Interjurisdiccional del Putumayo, en el que se intentará armonizar el derecho propio de cada uno de los pueblos con la justicia ordinaria.

Al dilema normativo al que habría que sumarle la congestión judicial que hay en el Putumayo. A la Fiscalía le faltan asistentes, fiscales y despachos por crear. De hecho, Enríquez está encargado, además de la 38, de las fiscalías 50 y 52. En una unidad en la que debería haber por lo menos 15 funcionarios, sólo opera él. Con tan bajo nivel de seguridad jurídica, la Fiscalía apenas tiene cómo resolver los asuntos inmediatos de capturas y audiencias para evitar que por vencimiento de términos los delincuentes vuelvan a las calles.

Aun así, para algunas comunidades la garantía para que el proceso siga andando a futuro y la Mesa funcione a cabalidad debe ser el reconocimiento de los abusos cometidos en el marco del conflicto por parte de la Fuerza Pública.

Como dice Gilberto Latín: “Los abuelos dicen que hay dos cosas en la vida: lo más fácil es equivocarse, y lo más difícil reconocer que uno se equivocó. Eso es lo malo que tiene la Fuerza Pública, ellos se equivocan, pero es muy difícil que lo reconozcan. Sería muy bueno que pudiéramos conversar como familia, como hermanos, en armonía. Pero para sentarnos a hablar, debemos hacerlo desarmados, siempre hay ese nivel de superioridad por parte de ellos y sus armas de fuego”.