Los primeros 100 días de paz

Impulso a la implementación del Acuerdo

El cónclave de paz en Cartagena terminó con reunión privada entre el presidente Santos con su gabinete para el posconflicto y el Secretariado de las Farc, encabezado por “Timochenko”. El resultado: se renovaron compromisos para cumplir.

poltica.jpg

En la foto: Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo, “Iván Márquez”, “Jesús Santrich”, “Timochenko” y “Victoria Sandino”; “Rodrigo Granda”; Pablo Catatumbo y “Carlos Antonio Lozada” .
/ Prensa OACP

Los primeros 100 días de implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc ya están cumplidos. Sin embargo, han sido más de tres meses de dificultades logísticas y desencuentros entre el Gobierno y las Farc por cuenta del cumplimiento de los acuerdos. Y fue precisamente la necesidad de hacer un balance sereno de lo avanzado, y de lo que aún falta, lo que llevó a que los delegados del Gobierno y las Farc se dieran cita desde el sábado pasado en la ciudad de Cartagena –donde casualmente se firmó el primer acuerdo de paz– para realizar un nuevo cónclave que permita allanar el camino hacia el cumplimiento de lo pactado.

Por eso se trasladó a Cartagena el denominado gabinete del posconflicto, encabezado por el nuevo vicepresidente Óscar Naranjo, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; la canciller, María Ángela Holguín; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; la ministra de Trabajo, Clara López; el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo; el general (r) Javier Flórez y la embajadora en Alemania, María Lorena Gutiérrez, entre otros.

También asistieron representante del Congreso, como su presidente, Mauricio Lizcano; los senadores Iván Cepeda, Antonio Navarro, Efraín Cepeda , Horacio Serpa y los representantes a la Cámara Miguel Ángel Pinto y Hernán Penagos. Así como asesores del Gobierno en asuntos de paz, como Frank Pearl o el nuevo secretario de Presidencia, Alfonso Prada.

Por parte de las Farc asistieron los miembros del Secretariado, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Marcos Calarcá, Pastor Álape, Rodrigo Granda y el máximo comandante de esta guerrilla, Rodrigo Londóño, Timochenko. También lo hicieron miembros del Estado Mayor Central de esta guerrilla, como Jesús Santrich o Victoria Sandino, así como los miembros de Voces de Paz, organización política que acompaña a las Farc en su tránsito a la vida civil, y hasta los asesores jurídicos, como el exministro Álvaro Leyva Durán.

Es decir, una reunión de alto nivel, que se conoció como el primer cónclave de paz realizado en Colombia, luego de tres meses de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Las sesiones ampliadas de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), donde tienen asientos las Farc y el Gobierno, se iniciaron el sábado en reuniones por separado. En horas de la tarde del mismo día empezó el trabajo conjunto y se organizaron en cuatro subcomisiones encargadas de abordar temas como los desarrollos normativos que exige la implementación; la reincorporación de combatientes; la aplicación de la ley de amnistía e indulto; el cronograma de dejación de armas y las garantías de seguridad.

Entre los temas que más controversia desataron durante los dos días de trabajo estuvo la manera como se tramitó el Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz, pues a juicio de las Farc, esta reforma constitucional violó el principio de equilibrio e igualdad que se consignó en el acuerdo de justicia alcanzado en La Habana. Entre otras cosas, esta falta de correspondencia entre lo pactado en Cuba y el texto construido en el Congreso de la República se debió a la cantidad de proposiciones colgadas durante el debate en el Senado de la República. Valga recordar que a esta reforma constitucional le falta que la Cámara de Representantes le dé el visto bueno al informe de conciliación para que la Justicia Especial de Paz pase a estudio de la Corte Constitucional y se convierta en una realidad jurídica en Colombia.

Al final de la jornada el presidente Juan Manuel Santos se hizo presente para reunirse, junto a algunos miembros del Gobierno, con el Secretariado de la Farc, encabezado por su líder, Rodrigo Londoño. La esperada reunión duró pocos minutos y el jefe de Estado recibió el informe de los dos días de sesiones de trabajo en Cartagena. Desde su cuenta en Twitter el mandatario informó que hay avances importantes en la implementación de los acuerdos y que llevará hoy al Consejo de Ministros los resultados de las discusiones en cuanto al calendario de desarme, las zonas veredales, la reincorporación y asuntos normativos.    

Precisamente sobre estos temas versó el comunicado final de la primera sesión ampliada de la comisión de impulso a la implementación. En el documento informaron que en abril el Gobierno presentará un paquete de iniciativas legislativas para cumplir con los acordado en materia rural y creación de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Frente al tema de seguridad se definió agilizar la puesta en marcha de un Pacto Político Nacional que garantice la implementación del Acuerdo.

Respecto a la reincorporación de combatientes, se acordó que en los próximos días las Farc entregaría el listado final de sus integrantes, incluyendo los milicianos, a fin de que se pueda iniciar el acompañamiento institucional en el tránsito a la legalidad. De otra partem el Gobierno se comprometió a brindar el apoyo necesario a las instituciones para poder aplicar las amnistías e indultos. También se comprometió el Gobierno a entregar, durante el mes de abril, la totalidad de la infraestructura en las zonas veredales, incluyendo la recepción y la disponibilidad de ambulancias y personal de salud.

Y finalmente, el comunicado dejó en firme el cronograma de dejación de armas, que va hasta 180 días, es decir, hasta mediados de junio. De igual manera se acordó que la fase inicial continuará con la dejación de armas las armas del personal que integra el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, los de la Unidad Nacional de Protección y las personas que ayuden en las actividades de desminado humanitario y sustitución de cultivos ilícitos. En resumidas cuentas, unos dos mil guerrilleros.