En Guaviare sigue reinando la ley del monte

El secuestro de un funcionario de la ONU en una zona de ese departamento puso en evidencia el papel que está jugando la disidencia de las Farc en la implementación del Acuerdo de Paz y el amplio terreno que ha ganado en la región.

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Una de las vallas publicitarias de la disidencia de las Farc en la vereda La Paz.
Cortesía

A Herley López Hernández lo secuestraron la tarde del pasado miércoles 3 de mayo en una zona de la inspección de Barranquillita, a dos horas de Miraflores, en el departamento de Guaviare. De lo sucedido ese día se conocen más detalles por versiones extraoficiales de testigos que por información proveniente de las autoridades. Se sabe, por ejemplo, que la caravana en la que viajaba —con una comitiva de 15 personas— fue interceptada por un grupo de hombres de la disidencia del frente 1º de las Farc, que los hombres armados obligaron a los ocupantes del vehículo a descender del mismo y que luego les impartieron la orden de permanecer en el lugar por cerca de dos horas mientras se llevaban a la víctima.

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El caso tiene varios agravantes y una particularidad. López es funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, y fue retenido momentos después de que asistiera a una reunión de socialización del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en la que habían estado presentes cerca de 400 personas. Era la primera de cuatro asambleas programadas para trabajar con las comunidades en la puesta en marcha del proyecto que hace parte de la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz, referente a la solución del problema de las drogas. A eso se suma que el secuestro ocurrió pocas horas antes de que llegara al país la delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una visita oficial que tenía como propósito conocer de primera mano los avances en la implementación del proceso de paz.

A pesar de los pronunciamientos oficiales, las advertencias de las autoridades y los llamados de las distintas instancias de la ONU, la liberación, que estaba prevista para el jueves, no se dio. La razón, según conoció El Espectador por fuentes en la zona, fue que un sobrevuelo inesperado hizo que el grupo de disidentes se dispersara y decidiera dividirse: “Dijeron que fue por el ruido de los aviones, porque hubo un sobrevuelo en Barranquillita. Los disidentes se fueron unos río arriba y otros río abajo. El hecho de que se hiciera pública la detención hizo que los disidentes se movieran del punto donde inicialmente retuvieron a Herley y donde habían dicho que lo dejarían”.

Pero, más allá de los efectos internacionales y el revuelo mediático propio de estos casos, el hecho puso en evidencia una problemática mucho más profunda que se viene gestando desde hace varios meses: el poder creciente de la disidencia de las Farc en Guaviare y el dominio territorial que ostenta en la zona, el cual incluso está poniendo en riesgo el aterrizaje de la tan nombrada paz territorial en uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en el país.

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Y los ejemplos abundan. El Espectador supo que para poder llegar hasta Barranquillita a participar en la jornada de socialización del programa de sustitución de cultivos ilícitos —antes de que se diera el secuestro— fue necesario tramitar un permiso con la misma disidencia para que autorizara el ingreso del grupo a la zona. Y aunque finalmente permitió el acceso de los funcionarios, varios periodistas que hacían parte de la delegación y hasta tres delegados de las Farc, provenientes de zonas veredales del departamento, no pudieron asistir al evento.

Lo cierto es que la retención de Herley López es consecuencia directa del discurso que el frente 1º ha divulgado entre campesinos y cultivadores de la región, a quienes —entre “consejos” e intimidaciones— ha intentado convencer de que se abstengan de acogerse a la sustitución de cultivos ilícitos. “En sus inicios, la disidencia había planteado que no tenía problema con la implementación de los acuerdos, que lo que quería era que hubiera beneficio para la comunidad, que no había lío, pero poco a poco ha venido endureciendo la posición y en estos momentos hay muchas dificultades. Ellos por un lado dicen que no se van a oponer, pero por otro lado le están impidiendo a la gente que asista a las reuniones y están saboteando algunas asambleas. Eso le niega la posibilidad a la comunidad de que conozca que hay otras opciones para integrarse a la economía, cambiar de actividad y recuperar su vocación campesina”, reveló un líder social de la zona que pidió la reserva de su nombre por temor a sufrir represalias.

En las zonas rurales, el miedo es tal que los pobladores prefieren no referirse al tema, y quienes lo hacen acuden a evasivas para no comprometerse demasiado. La sensación general es que en Guaviare los beneficios del proceso de paz no han llegado y, por el contrario, hubiera un retroceso. “Pareciera que estamos nuevamente reeditando los capítulos de violencia anteriores con el tema del paramilitarismo y la disidencia, porque mientras el Gobierno incumpla, como efectivamente lo está haciendo en el tema del programa de sustitución de cultivos, eso es caldo de cultivo para que la gente crea menos en el proceso de paz y le dé más la razón a la disidencia”, refirió el líder.

Sobre esta situación ha alertado la Defensoría del Pueblo, que en uno de sus informes detalló cómo desde junio de 2016 se endurecieron las medidas de control social y territorial en las zonas de influencia del frente 1º: las veredas La Paz, Salto Gloria, Nueva York (ubicadas en El Retorno), y La Unión y Puerto Colombia (ubicadas en Calamar). “En estas zonas el frente 1º disidente de las Farc reanudó los reclutamientos forzados de menores de edad, restringió la entrada y salida de habitantes, visitantes, ONG o instituciones del Estado; prohibió navegar en algunos sectores de los ríos Inírida, Unilla e Itilla entre las 6 p.m. y las 6 a.m., y prohibió transitar por algunos caminos y trochas”, detalla el documento.

En la vereda La Paz, por ejemplo, el poder de la disidencia se ve reflejado incluso en el control del precio de alimentos e insumos. Una arroba de arroz puede costar entre $80.000 y $90.000 y un tambor de combustible entre $900.000 y un millón, dependiendo de la distancia a recorrer.

En Miraflores el ambiente también es tenso. Aunque en la zona urbana hay presencia constante de Fuerza Pública, la sensación de inseguridad es persistente y la paranoia común. “La gente aquí vive con temor, el comercio dice que está en el abandono total. La gente habla muy pasito porque está atemorizada. Ha habido presencia de Policía y Ejército, la disidencia se mueve en la zona rural, pero la gente cuenta que hay informantes en la zona urbana”, denunció un poblador de la región.

En zonas urbanas, como San José del Guaviare, el aumento de extorsiones y vacunas ha sido tal que los comerciantes decidieron salir a marchar hace unas semanas para denunciar lo que sucede en la capital del departamento. “Hicimos una marcha de solidaridad por un atentado que se hizo a un establecimiento de comercio a cuyo propietario le hicieron llamadas extorsivas diciendo que eran de la disidencia del frente 1º de las Farc. La policía está haciendo la respectiva investigación”, explicó Martha Lucero Aguirre, presidenta de la Cámara de Comercio de San José del Guaviare.

Y como si fuera poco, al ya alarmante panorama se suman las denuncias de reclutamiento forzado por parte de la disidencia, que también van en aumento. La mayoría de los casos que han sido reportados se han presentado en zona rural de Miraflores, la vereda La Paz (Retorno) y zonas aledañas, así como en La Unión (Calamar) y en Barranquillita. En muchas partes incluso se han documentado casos de familias completas que se han visto obligadas a desplazarse para proteger a los menores y evitar que sean blanco de los ilegales.

El incremento de esta práctica obedecería a que la disidencia cuenta con pocos hombres para contener o hacer frente a la ofensiva que las autoridades han desplegado en los últimos meses y están intentando aumentar a cualquier precio su pie de fuerza. Y tan frecuentes han sido las denuncias que el procurador general, Fernando Carrillo, le solicitó formalmente en febrero pasado al Ministerio de Defensa tomar medidas y garantizar el aumento de uniformados en la zona para proteger a la población. Aun así, los casos continúan e incluso hace dos días los armados intentaron reclutar a dos niñas de un colegio del casco urbano de San José, cuyo padre venía siendo extorsionado.