En busca de un hogar para etnias desplazadas en Quibdó

Más de 300 familias indígenas que llegaron desplazadas a la capital del Chocó piden una reubicación dentro del municipio. La Alcaldía busca crear una ciudadela indígena que promueva la cultura de los diferentes pueblos sin restarles importancia a los resguardos existentes en el departamento.

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Indígenas embera, desplazados del Alto Baudó, crearon la Urada, una nueva comunidad en Quibdó.
Gustavo Torrijos

Desde la colorida plaza de mercado de Quibdó (Chocó), a orillas del oscuro río Atrato, se pueden ver dos asentamientos indígenas, construidos en la orilla opuesta del río. Las casitas de tabla se elevan unos tres metros sobre el suelo, pero ni eso las salva de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias de la región. No tienen servicios básicos, la comida escasea y los pocos niños que están escolarizados deben navegar solos por el río para llegar a la escuela, donde no les enseñan en su lengua. Esos no son los únicos asentamientos indígenas irregulares en el municipio. En total, son 16 comunidades, 301 familias y 1.075 indígenas los que están en esas precarias condiciones

El drama de muchas de estas familias empezó en el 2000, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron al departamento a arrasar con los municipios que, desde 1970, se habían vuelto zona de refugio y entrenamiento de guerrillas, como las Farc y el ELN. Los resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos fueron los principales escenarios de conflicto. Hubo desplazamientos masivos y masacres, pero también existieron otras formas de violencia: los homicidios y desplazamientos selectivos de los líderes que se negaban a cooperar con los actores armados, fenómeno que continúa hasta hoy.

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En lo que va corrido del año, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha reportado 14 desplazamientos masivos, que han afectado a 9.313 personas. Entre 2014 y 2016, las Fuerzas Armadas han tenido que sacar a dos familias de líderes indígenas de sus resguardos para evitar que los maten. Muchos de los sobrevivientes de estos episodios de violencia en el Chocó llegan a la capital buscando respaldo del Estado, pero encuentran una Alcaldía desfinanciada, atomizada y con pocas herramientas técnicas para responder. “Los funcionarios no están capacitados en atención a etnias para poder tomar decisiones reales. Hay una ausencia casi total de políticas públicas y una sistemática violación de derechos de esta población”, dice Luis Enrique Abadía, defensor del pueblo en Quibdó.

La poca funcionalidad del gobierno local se junta con el centralismo del Gobierno nacional que, muchas veces, no tiene en cuenta las necesidades de las comunidades étnicas ni las particularidades de territorios como Chocó al formular las políticas públicas. Esa ha sido una de las dificultades que han encontrado entidades como la Unidad de Víctimas para poder operar en la ciudad. Betty Eugenia Moreno, directora de la entidad en Quibdó, explica que, durante los últimos años, ella y su equipo han tenido que construir de cero rutas de atención especiales para las etnias, así como dedicar mucho tiempo a reconstruir los desplazamientos masivos para luego ir a las zonas con el fin de registrar a las víctimas porque, aun en hechos violentos de hace más de 15 años, no había archivo en el Registro Único de Víctimas. Eso impedía que atendieran a los sobrevivientes. En el caso de los desplazamientos individuales, los problemas en la atención son más graves porque no reciben atención en Quibdó y tampoco pueden volver a sus resguardos porque, en muchos casos, el actor armado dio órdenes explícitas de matarlos.

Todos estos factores contribuyen a que la población desplazada de Quibdó, que ya representa el 70 % del total, sea más propensa a caer en la pobreza extrema y pase a engrosar los cinturones de miseria que hay alrededor de la ciudad, como es el caso de los 16 asentamientos indígenas en diferentes partes de Quibdó.

Manuel Chamarro, secretario de la Asociación de Víctimas de Pueblos Indígenas de Chocó (Asovpich), explica que las comunidades que llegaron desplazadas, en su mayoría, buscaron terrenos en los que pudieran acceder a algunos beneficios del casco urbano, pero al mismo tiempo mantener algo de la vida agreste a la que estaban acostumbrados. El problema es que la mayoría de los terrenos que ocuparon son propiedad de consejos comunitarios; así que se entraron en conflicto con los afros, peleas que muchas veces se volvieron violentas y ocasionaron desplazamientos intraurbanos.

Otro problema que encontraron a los pocos días de llegar fue la falta de agua. Por contradictorio que parezca, Chocó, uno de los departamentos más húmedos de Colombia, tiene serias dificultades para proveer agua potable a sus habitantes. Muchos ríos y quebradas están contaminados con mercurio u otros metales pesados, debido a la minería ilegal. Así que una de las pocas formas de encontrar agua limpia y gratis, es recolectando agua lluvia en baldes. Este método tiene serios problemas de salubridad y ocasiona enfermedades como paludismo, tuberculosis, diarrea y otras infecciones. Estas enfermedades atacan con más fuerza a los niños, que ya están débiles por falta de una alimentación adecuada.

Organizaciones humanitarias, como Acnur, han empezado a instalar tanques de agua y filtros para minimizar el riesgo de infecciones, pero no se han podido implementar en todas las comunidades porque algunas están en terrenos más inestables, donde no se puede construir la infraestructura necesaria para los tanques. Pero la verdad es que estas soluciones son pequeñas, comparadas con la magnitud del problema. Las comunidades necesitan tierra para poder vivir, trabajar y desarrollarse culturalmente. Para ellos, la tenencia de la tierra no es sólo su forma de subsistencia, sino que en ella también se desarrolla su idea de libertad.

Es en este punto donde las administraciones municipales han tenido inconvenientes al implementar soluciones reales. Aunque las alcaldías de los últimos ocho años han reconocido el problema, las soluciones han sido burocráticas y lentas. Sobre todo porque, como dice el secretario de Gobierno, Robinson Victoria, no quieren implementar una solución de vivienda asistencialista que les robe relevancia a los resguardos ya existentes y se vuelva insostenible para las ya vacías arcas públicas.

Hay que aclarar que no todos los habitantes de las comunidades indígenas asentadas en el municipio son desplazados. Betty Moreno explica que las mismas condiciones del conflicto, la desatención del Estado, la falta de oportunidades y los liderazgos mal encaminados o manejados por actores del conflicto han generado ruptura en los procesos organizativos de las etnias. Es decir, han hecho que algunos indígenas ya no se sientan a gusto en sus resguardos y busquen otras oportunidades.

Las autoridades tienen miedo de que, si crean un nuevo espacio urbano para los indígenas, eso incentive el desplazamiento de sus comunidades ancestrales y sobrepoble aún más la ciudad. Ese miedo ha sido una de las razones por las que no se le ha puesto la suficiente voluntad a buscar e implementar una solución real.

A pesar de todos estos problemas, los líderes indígenas y la Defensoría le exigieron a la Alcaldía una solución estructural. Recientemente, la administración empezó a hablar de una ciudadela indígena en la que convivirían indígenas embera chamí, embera dóvida, embera katío, wounan y tule. Líderes, como Manuel Chamarro, admiten que sería un desafío unir las formas de vivir de tantos pueblos, pero por lo menos es una propuesta clara de la Alcaldía. Otro problema es que la Alcaldía no tiene tierra para asignarle a una urbanización del tamaño que plantea. En Quibdó, más del 80 % de la tierra pertenece a consejos comunitarios y, por lo tanto, no se puede vender. Los pocos terrenos que están en manos de privados son caros.

A pesar de todos estos incovenientes, Acnur y la Unidad de Víctimas ya empezaron a dar pasos para implementar una solución. La primera es una caracterización completa de todas las comunidades. Este ejercicio no es sólo para recolectar datos, sino también que significa entender a fondo cuál es la situación que enfrentan los indígenas de la zona y sirve para aunar esfuerzos con la Alcaldía y la Gobernación en procura de una respuesta a corto y largo plazo.

El defensor del pueblo, Luis Enrique Abadía, explica que a la entidad no le interesa que le hablen de macroproyectos, sino que empiecen a dar pasos y poner metas a las que se les pueda hacer seguimiento. Espera que este año se trace una ruta para que, entre la Alcaldía, la Defensoría, la Personería, las organizaciones humanitarias e ICBF, se empiece a construir una solución real al problema.