El hombre que se cansó de hacerles las botas a los “paras”

Entre 80 miembros, Ricardo Arroyo es el único microempresario del Programa de Desarrollo de Proveedores que es reintegrado.

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Sucre es departamento ganadero, pero no hay curtiembres. Ricardo Arroyo tiene que comprar el cuero en Bogotá.
Gustavo Torrijos

Fue miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia y en el marco de la Ley 782 de 2002 comenzó su proceso de reintegración. Hoy en día, Ricardo Arroyo vive en Sincelejo con su familia. En el patio interno de su casa, que es una vivienda de interés social, tiene una microempresa dedicada a la fabricación de carteras, maletas, billeteras y otros elementos en cuero y lona. Es el único hogar del barrio Villa Orieta que ha aprovechado sus instalaciones para desarrollar un proyecto propio de carácter productivo. Ricardo se ha ganado la confianza de sus vecinos y es el tesorero de la Junta de Acción Comunal.

Nació en Barranquilla y de su padre aprendió la talabartería: el oficio de elaborar abarcas tres puntas, un calzado personalizado, de cuero crudo, que cubre solamente la planta de los pies. Es una tradición campesina de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba.

A los 25 años, Ricardo vivía en Montería y era talabartero. Allí conoció a una joven, se enamoró y se fue detrás de ella a La Rosita, una vereda en San Pedro de Urabá. Como de solo amor no vive nadie, y ante las pocas oportunidades locales de empleo, terminó vinculándose a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Fue entrevistado por la tropa de el Cumbia y fue enlistado para trabajar como talabartero, un oficio muy apreciado entre los grupos armados. Tuvo que aprender y ejercer las labores propias de la intendencia militar. Durante su tiempo entre las Auc se dedicó a fabricar y remontar botas, maletas, portaarmas y otros insumos de carácter militar.

El temor y la desconfianza eran sentimientos cotidianos que no eran subsanados por el alivio económico que podía proporcionar la seguridad económica de los pagos de las Auc. Según los registros históricos del Banco de la República, el mínimo legal en Colombia para la vigencia del 2002 era de $309.000, pero los ingresos de Ricardo en las filas de las Autodefensas eran de $800.000. Le pagaban cada tres meses y generalmente los recursos para nómina provenían de la venta de cargas importantes de droga. El dinero llegaba en sacos de café a las selvas húmedas del Urabá. Se cancelaba en efectivo y no quedaba ningún registro. Después de recibir $2’400.000 como pago trimestral, Ricardo tenía cuatro días libres. Se iba a ver a su esposa y a sus hijos a El Tomate, uno de los cinco corregimientos de San Pedro de Urabá.

Los compañeros de Ricardo en el Bloque Élmer Cárdenas lo acusaron de robarse unos chalecos que él mismo había confeccionado. Lo amarraron a un árbol por tres días y lo amenazaron de muerte durante las 72 horas. “No me asesinaron de milagro”, dice. Ya nada lo motivaba a seguir ahí. Ni siquiera ese sueldo que duplicaba los ingresos del trabajador promedio colombiano.

Los campesinos colombianos suelen decir que “el viento habla” y con los fuertes vientos que soplan en el Urabá comenzaron a llegar las noticias de los procesos de reintegración en el año 2002. Ricardo consideró que esta situación era una oportunidad que, aunque peligrosa mientras siguiera en el monte, terminaría devolviéndolo a la vida civil. Era el momento para cambiar el miedo y la desconfianza por una cotidianidad con su esposa y sus tres hijos.

Sus últimos meses en las filas de las Auc los pasó en el bloque Élmer Cárdenas en Urabá, pero un día, con la discreción que requiere llevar el secreto mejor guardado del mundo, se acercó al batallón para comenzar con su reintegración. Se demoró quince días la solicitud para enviar a Ricardo a Bogotá por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y cuenta que, “como todo un soldado”, llegó en avión militar a la capital. Fue ubicado en un albergue en la calle 13 y estando allí se comunicó con su esposa y le contó que había dejado las filas de las Auc para reintegrarse a la vida civil. Estuvo unos meses en el albergue, hasta que la misma ACR envió los tiquetes para que su familia se fuera a Bogotá para estar con él. Ricardo recibió $8’000.000 y tenía ingresos mensuales de $1’300.000 por haberse acogido a este proceso. Además, trabajaba como operario en una fábrica de maletas. Es un hombre juicioso y aprovechó las oportunidades que le brindo la ACR y se convirtió en estudiante del Sena. Es técnico en su tema favorito: la marroquinería. Su vida cotidiana transcurría con su familia, con la que vivía en una casa arrendada en el barrio Santa Librada en la localidad de Usme. Los recursos que recibió los invirtió en comprar unas máquinas: una plana, una fileteadora y una cortadora.

Ricardo y otros colombianos en procesos de reintegración comenzaron a ser beneficiarios de insumos para desarrollar proyectos personales productivos. Algunos recibieron fotocopiadoras, otros taxis, vitrinas y hasta lavadoras. Había muchas opciones para diseñar un proyecto de vida civil productivo y aparentemente sostenible, pero como los negocios son un proceso cíclico y no suelen ser rentables desde el comienzo, muchos se desmotivaron en seguir. En palabras de Ricardo, “muchos prefieren devolverse por el apego a andar con plata y con armas. Casi ninguno de mis compañeros siguió adelante con los proyectos. Hay que ser juicioso y decir siempre la verdad”.

Bogotá es su ciudad favorita, pero el clima le hizo mucho daño a su esposa, que es del Urabá. Recurrentes afecciones respiratorias los obligaron a cambiar de piso térmico y regresaron al norte del país: se fueron a Sahagún, Córdoba, con las máquinas y todo. Allí comenzó su microempresa de cuero. Después se fueron a Montería y por último a Sincelejo. Siempre viviendo en arriendo.

En el año 2007, la esposa de Ricardo radicó papeles en el Fondo Municipal del Vivienda de Interés Social (Fovis) de Sincelejo, para acudir a los programas de vivienda de interés social del Gobierno de Colombia para víctimas. Ella y su familia fueron desplazados y despojados de sus tierras en el corregimiento Guasimal de Montería, Córdoba. Los actos fueron perpetrados por miembros de las Auc, del mismo bloque que asesinó a su sobrino y al que pertenecía su esposo. Sus predios en Guasimal se convirtieron en cementerios de jóvenes locales que se resistieron a unirse a las filas paramilitares. Allí eran torturados y asesinados. La solicitud de vivienda fue un trámite que duró ocho años, pero en noviembre de 2015 fueron beneficiarios de una casa con paredes blancas y techo azul.

Este año el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) adelantaba una encuesta de calidad de vida en las urbanizaciones de viviendas de interés social. Cuando llegaron a la casa de Ricardo, los encuestadores se llevaron una grata sorpresa: había una microempresa. Es el único hogar de la urbanización que aprovecha sus instalaciones residenciales para la productividad empresarial. Esta situación fue notificada al PNUD, entidad que tiene el Programa de Desarrollo de Proveedores. Este es una estrategia que busca la inclusión económica de población en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como mejorar la competitividad de las mipymes integradas a cadenas de proveeduría. Hubo un evento este año y se reunieron 80 microempresarios de todo el país en Bogotá. El propósito del evento era socializar diferentes modalidades de crédito y microcrédito, así como adelantar una capacitación empresarial en temas relacionados con hábitos empresariales sostenibles en los proveedores en áreas de finanzas, mercadeo, operaciones, estrategia y talento humano; reducción de costos de operación e incremento de ventas y encadenamientos comerciales.

Sin duda, Ricardo Arroyo es un hombre muy talentoso, pero lo que lo hace realmente especial es ser el único microempresario del Programa de Desarrollo de Proveedores que es reintegrado. Su experiencia en las filas de las Auc, en los procesos de reintegración y su conocimiento en marroquinería y micronegocios lo convierten en un activo muy importante para el diseño e implementación de proyectos de carácter productivo que son inherentes al establecimiento de una paz estable y duradera con el proceso de paz con las Farc-Ep.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las mipymes generan el 67 % del empleo en Colombia y aportan el 28 % del Producto Interno Bruto (PIB). Confecámaras informó que el 94 % de los registros únicos empresariales existentes en Colombia son de microempresas. Estos son datos de los que se tiene registro, porque la informalidad y la tercerización son muy abundantes en el país y no están cuantificadas. Por ende, los procesos de fortalecimiento a estas empresas son de especial importancia, porque de ellas dependen los ingresos de más de la mitad de los colombianos.

En “La economía del departamento de Sucre: ganadería y sector público”, un documento de María Aguilera publicado por el Banco de la República, se expone que Sucre basa su economía en la ganadería. Sin embargo, Ricardo tiene que comprar su materia prima, que es el cuero, en Bogotá. El curtido, que es el proceso que convierte las pieles de animales en cuero, es muy escaso en el departamento. Solo hay en Sampués, donde es artesanal y costoso.

Para Ricardo Arroyo, una de las mejores cosas que le han pasado en la vida fue su proceso de reintegración. Lejos del miedo, ahora se enfrenta a los desafíos de los microempresarios: cómo vender más y mejor para generar ingresos y empleos.