Brisas: un ejemplo de resistencia en las comunidades negras del Cauca

En el municipio de Suárez, este consejo comunitario lleva años resistiendo a la economía ilegal de la coca y fijando posiciones frente a las Farc. Hoy los habitantes celebran el cese el fuego definitivo entre el Gobierno y la guerrilla. 

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Pedro Arara (der.) uno de los emblemáticos líderes del Consejo Comunitario Brisas, junto a su grupo musical durante el encuentro interétnico "Sabores y saberes".

En el Consejo Comunitario Brisas, del municipio de Suárez, en el norte del departamento del Cauca, el cese el fuego definitivo entre Gobierno y Farc significa un drástico cambio en la forma de vida de los habitantes. Desde que empezaron a callar los fusiles, los campesinos, los afro, los indígenas, pudieron por ejemplo volver a andar de noche por los caminos, salir a trabajar a las laderas de las montañas sin miedo a que, de repente, iniciaran los hostigamientos de actores armados entre loma y loma y quedaran literalmente en medio de las balas.

El pasado sábado y domingo, días en los que fue anunciado el cese al fuego definitivo, en Brisas organizaron un encuentro interétnico con invitados de otras veredas, consejos y resguardos vecinos. Un parrandón con muestra de caballos, bebidas típicas como el trago de las 70 hierbas, demostración de  la grima con machete –una técnica de defensa personal que combina elementos europeos y africanos-, currulao, el baile de la juga, la pelea de gallos, el río, el sancocho. Pasaron muchos años antes de que pudieran celebrar una noche con plena tranquilidad.

Historia de la resistencia

El Consejo Comunitario Brisas tiene un particular proceso de resistencia. Tanto así, que nació como vereda cuando los habitantes decidieron fijar posturas frente a las Farc. Uno de los abuelos fundadores de esta comunidad se llama Pedro Arara. Recuerda él que un día bajó al casco urbano del municipio de Suárez y en un estanco encontró un recorte de periódico que decía: “El PNR tiene recursos pero no tiene quién los reciba”. Pedro preguntó y se enteró de que el PNR era el Plan Nacional de Rehabilitación que se había iniciado en el Gobierno de Belisario Betancur y que durante el de Virigilio Barco, después de procesos de desmovilización de movimientos guerrilleros, impulsó la presencia estatal para rehabilitar los territorios más afectados por la guerra y recuperar la credibilidad de los habitantes en las instituciones. El PNR es un antecedente de eso que hoy Gobierno y Farc llaman “paz territorial”.

Arara se llevó el recorte de prensa en el bolsillo de vuelta a su comunidad, que para entonces estaba adscrita a la vereda Santa Bárbara, y empezó a gestionar los recursos que finalmente llegaron por parte del Gobierno para la construcción de una escuela. El dilema era dónde construirla. Si la hacían cerca al caserío de Santa Bárbara, para los niños que habitaban en la zona donde vivían la de Pedro y otras familias, eso hubiese implicado subir una loma todos los días para ir a estudiar. Arara y otros líderes se unieron para reclamar que la escuela se hiciera cerca a sus predios. “Y el problema fue tan grande que hasta a las Farc las mandaron a convencernos de que no lo hiciéramos así. Sin embargo fijamos nuestra posición, y nos dimos cuenta de que aquí podíamos no sólo construir la escuela sino reclamar autonomía como una vereda”, dice Pedro. A la vereda la bautizaron Brisas y crearon la Junta de Acción Comunal en 1992.

En los años siguientes, los habitantes vieron que otras comunidades negras del Cauca empezaban a organizarse como Consejos Comunitarios, tal como lo hacían las comunidades negras del litoral pacífico al amparo de la Ley 70 de 1993. Como los de Brisas también son negros –“y negros a mucho honor”, como dice Pedro- quisieron organizarse también como consejo comunitario, proceso que iniciaron en 2003, para tener más autonomía y avanzar hacia la titulación colectiva de sus territorios.

Esa lucha no ha sido fácil para Brisas ni para ninguno de los ocho consejos comunitarios del municipio de Suárez. Herley Ibarra Rodallega, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios del municipio, explica que “ha sido complejo porque la ley 70, de acuerdo a la interpretación de muchas personas, sólo funciona para el litoral pacífico, pero en realidad también funciona para muchas otras comunidades que están en situaciones similares. A pesar de que estamos en los valles interandinos, también la ley 70 nos cobija. Hemos hecho acciones que han permitido que el Gobierno nos reconozca oficialmente como consejos comunitarios”.

Esas acciones de hecho, dice Ibarra, han incluido movilizaciones por la vía Panamericana hasta el departamento del Valle del Cauca e incluso hasta Bogotá. Esos procesos de movilización se iniciaron desde 2003, "cuando empezaron a llegar al territorio de los consejos empresas como la Anglo Gold Ashanti, Cosigo Resort y otros particulares con mucho dinero, que de manera arbitraria han venido adelantando procesos de títulos mineros que afectan a las comunidades. Todos esos procesos de resistencia sirvieron para que se hicieran acciones que permitieran conservar el territorio”.

Los líderes de Brisas fueron cosechando conquistas, a veces con sus propias manos y a veces con ayuda institucional: la escuela –aunque sin maestros-, la carretera, la electricidad, el agua, algún apoyo para sus proyectos productivos, y en abril de este año llegaron ocho viviendas patrocinadas por el Gobierno. Todos los líderes, sin embargo, reiteran que la titulación colectiva es un asunto pendiente para apropiarse formalmente del territorio, para oficializar su derecho a la consulta previa frente a proyectos extractivos o hidroaléctricos, para formalizar el reconocimiento de su autoridad y la autonomía para implementar sus planes de vida. 

En el Consejo Comunitario Brisas la conquista, aunque sea parcial, de la autonomía, se dio a pesar de que la comunidad ha tenido que desplazarse casi en su totalidad en dos ocasiones. La primera en diciembre de 2001, cuando por causa de enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla tuvieron que salir y dispersarse. Mes y medio después, algunas familias empezaron a regresar, pero otras nunca volvieron. Y la segunda vez fue el 5 de abril de 2013, por causa de los combates entre guerrilla y Ejército. Juan Arara, representante legal del Consejo Comunitario  y sobrino de Pedro Arara, hace parte de la tercera generación de liderazgos formados en la comunidad y tiene vivos recuerdos: “aquí hemos visto llover tatucos, que caen cerca a las viviendas, y hasta los animales corren desesperados. A pesar de eso nos aguantamos, hablamos con esos señores de las armas, les dijimos que no teníamos con qué defendernos, que no nos atacaran, pero que no nos íbamos a ir, y poco a poco reconocieron nuestra autoridad como consejo”.  

Coca no, café sí

Los habitantes de Brisas protagonizan otro proceso ejemplar, que es el de decirle no a la coca. A lado y lado del camino que lleva del municipio de Suárez hasta Brisas se ve en abundancia el verde de esos cultivos declarados ilícitos. Pero al llegar a Brisas el paisaje cambia y lo que se ve es, sobre todo, café.

Juan Carlos Arara dice que el reglamento interno del Consejo es explícito en que los habitantes no pueden sembrar coca ni trabajar con gente que la siembre. Y la mayoría lo sigue. “Nos preocupa, primero, que la sustancia que sale de la coca se esté quedando en territorios y afecte a los jóvenes y terminen muertos o con los grupos armados. Además, el trabajo con la coca contamina, porque los venenos que le echan para sembrarla, trabajarla y erradicarla son muy fuertes. Ese veneno se queda en el aire y en el agua. El daño es irreparable no solo para nosotros sino para todas las comunidades”.

 

A pesar de la decisión autónoma de no entrar en la economía ilegal de la coca, en Brisas no han logrado impedir que foráneos compren tierras para cultivarla en territorios que son aledaños o pertenecen al mismo consejo. Como no hay titulación colectiva del territorio, es difícil impedir que esto ocurra. Debido a esto, el río Mari López se sigue contaminando y eso es una seria amenaza para la comunidad. Como dice el mayor Pedro Arara, “los cultivos afectan la materia prima de nuestro diario vivir, que es el agua, el río del que sale nuestra comida”.

El cultivo propio de los abuelos de los abuelos de este Consejo Comunitario fue el café, y es el que las generaciones siguientes en Brisas han conservado. Son caficultores en medio de cocaleros. Leonardo Díaz Chocó, otro emblemático líder comunitario, dice que desde 1989 empezaron a cultivar café con la ayuda del Comité de Cafeteros. Estaban cosechando 200 o 300 arrobas y cambiando la forma del café tradicional, que era arábico, a caturra. En el 95 trajeron la variedad Colombia y recientemente la variedad Castillo. Crearon un grupo de gestión y se ordenaron para sembrar café tecnificado. “Hoy somos 52 caficultores, tenemos alrededor de 68.5 hectáreas de café y ese es el medio nuestro para vivir”, explica “Leo”.

La pregunta obvia para “Leo” es qué tan rentable es el café en comparación con la coca. Y la respuesta va mucho más allá de una ecuación económica: “la coca da mucha plata, mucha más que el café, pero para nosotros no es más rentable. Venderla tiene riesgos y lo que se produce con la coca le crea problemas al ser humano. Entonces acaba con las vidas, pone en peligro a la comunidad y terminamos perdiendo más. Con el café uno gana menos, pero es alimento, vivimos sin riesgos, puede uno cargar uno sus productos por los caminos”.

Las mujeres son una parte fundamental de los caficultores. Hombro a hombro con sus compañeros van a las fincas a trabajar. Una de las líderes en el tema cafetero es Lorena Díaz, integrante de la Asociación de Mujeres Cafeteras Rurales del Municipio de Suárez (Ademurca), a la que pertenecen 35 mujeres de diferentes partes del municipio, buscando fortalecer el cultivo ancestral del café. Lorena tiene 6 mil palos de café a su cargo y en tiempos de cosecha trabaja de seis a seis. Dice ella que, si la idea es fortalecer el cultivo del café en tiempos de paz, falta mucho apoyo. “A uno le cobran el trasporte de aquí a Suárez, allá hay unas cooperativas y uno se somete al precio que ellos tienen y le cobran el transporte del café hasta Popayán. Entonces uno no gana sino para sobrevivir. Se necesitaría más asistencia técnica y gente de afuera, que monitoree y verifique las cuentas, porque a uno a veces le pagan menos. Y como la idea es mezclar la caficultura con otras cosas, hay que conseguir apoyo para esos proyectos productivos, asistencia técnica porque aquí se puede sembrar frijol, maíz, cebolla, arracacha, rascadera, tomate, plátano, yuca...En eso también estamos las mujeres caficultoras”.

El de Brisas es un proceso ejemplar para el departamento del Cauca de cara a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, que en el punto 4 prevé una solución al problema de las drogas ilícitas y establece un Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. De hecho, las Farc han organizado reuniones recientes con la comunidad en las que han abordado el asunto de la coca. Y el llamado de la guerrilla, según los líderes que han asistido, es que parte del plan en los territorios consiste en reducir los cultivos ilícitos, sembrar más alimento y menos coca.

La gran tarea que tienen los consejos más permeados por la economía ilegal de la coca es empezar a formular los proyectos productivos que les permitan salir de esa economía. El éxito de la sustitución depende en gran medida de lo que las comunidades decidan. Según Herley Ibarra, el representante legal de los consejos en Suárez, “no va a ser fácil que de la noche a la mañana se pueda sustituir el cultivo. Pero por lo menos que si la gente tenía un área plantada, se pueda comenzar a reducir vinculándose nuevamente al café, a hortalizas, al tema pecuario y a especies que permitan que al hacer el cambio de cultivos las personas no sientan la carencia de recursos económicos para el sustento de su familia. Ahí es donde decimos que el Estado debe ayudar a implementar proyectos para que la gente, sin necesidad de presión, cambie por cultivos que tengan salida”.

La paradoja del Sí

Antes de viajar al Consejo Comunitario Brisas, en un encuentro de la Fundación Paz y Reconciliación en Popayán, una integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), Olga Truque, hablaba de lo paradójico que resulta para muchas comunidades votar apoyar por el sí en el plebiscito para la paz. Decía que aunque es deseable que sea refrendado el acuerdo entre Gobierno y Farc, porque implica literalmente dejar de vivir entre las balas, el temor es que se abran las puertas de los territorios para proyectos extractivos, hidroeléctricos o de otra índole.

El municipio de Suárez tiene buenas razones para hablar de las paradojas del sí. Un hito en la transformación del municipio fue la construcción de la Central Hidroeléctrica de la Salvajina, muy cerca del casco urbano de Suárez. Un proyecto que, para generar electricidad y contrarrestar inundaciones y sequías en la región, generó víctimas, desplazamiento, rompimiento de relaciones con la tierra y entre los habitantes. En 1981 se inició la construcción y se terminó en 1985. Lo explica el suareño, psicólogo social y autor de cinco libros, Ismael Juanillo Mina, uno de los asistentes al encuentro interétnico en Brisas: “La historia de la Salvajina es ambivalente. Hoy se ve bonito, es turístico. Por el otro lado, le crea muchas afectaciones al campesinado, a los afros e indígenas. Los nativos se vieron obligados a vender sus tierras para permitir el proyecto hidroeléctrico, a la gente le tocó que salir, unos se quedaron por el municipio, otros se fueron al Valle, otros a Bogotá, a Boyacá…. Además, para los que se quedaron se partieron las culturas, las relaciones familiares, porque el lago queda en medio del territorio, unos pueblos a un lado y otros al otro. A la gente acostumbrada a andar a pie, le tocó empezar a andar en barcaza, adecuarse al horario de la barcaza, unas dinámicas totalmente diferentes”.

Lo irónico es que, 31 años después de construida la represa, con un nuevo marco jurídico y una sentencia de la Corte Constitucional, se adelanta el proceso de “consulta previa" sobre este proyecto a seis de los ocho consejos de Suarez, y el diseño del Plan de Manejo Ambiental. Las comunidades tienen un listado de los impactos del proyecto y de cómo quieren que estos se reparen: con vías, caminos, proyectos económicos, piscícolas, mejoración del medio ambiente, siembra de árboles, reforestación, apoyo educativo, empresarial, el retorno de las personas (solo en Cali hay por lo menos 5000 que tuvieron que salir de Suárez). Y todo se conecta con la llamada “paz territorial”. “Esperamos que la convergencia del proceso de paz y este proceso de consulta previa, sirva para que ambos se junten y se consoliden”, dice Ismael.

Hoy en Brisas, mientras apoyan el sí, también están en contra de la construcción de una represa en el corregimiento de Timba, sobre el río Mari López, y no quieren esperar a que les hagan la consulta previa 30 años después. Leonardo Díaz dice que están en el proceso de que les hagan la consulta previa sobre esa represa. Ya los líderes han ido a discusiones para buscar el modo de que las comunidades firmen el convenio, “pero insistimos en que nos hagan una consulta previa, libre e informada. No nos la han hecho”.

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