La Constitución cumple un cuarto de siglo

Veinticinco años de un tratado de paz

El 4 de julio de 1991, en una sobria ceremonia,se promulgó la Carta Política que reemplazó a la que había regido durante 105 años. Su lunar fue la aprobación del no a la extradición.

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Horacio Serpa firma el acta junto a Antonio Navarro y Álvaro Gómez. Los tres presidieron la Asamblea Nacional que creó una nueva Constitución para Colombia el 4 de julio de 1991.
Archivo - El Espectador

Hace 25 años, a las 11:23 de la noche del miércoles 3 de julio de 1991, quedó derogada la Constitución de 1886, que había regido a Colombia durante 105 años. Al día siguiente, en una sobria ceremonia en el Salón Elíptico del Capito lio Nacional, los copresidentes de la Asamblea Constituyente, Álvaro Gómez, Horacio Serpa y Antonio Navarro, promulgaron a una sola voz el nacimiento de la nueva Carta Política. Luego de cinco meses de intensos debates se formalizó un anhelo democrático largamente aplazado. De inmediato, la Constitución de 1991 fue reconocida como un tratado de paz.

Aunque la Carta Política de 1886 ya había tenido reformas parciales, las principales en 1910, 1936, 1957 y 1968, en esta oportunidad, y de una vez por todas, quedó para la historia un ordenamiento jurídico sustentado en la aplicación desmedida del Estado de sitio o la hegemonía del credo católico. Pasaron a ser recuento del pasado la frustrada miniconstituyente del gobierno López Michelsen o el intento reformista de la administración Turbay Ayala. La elección popular de alcaldes aprobada en tiempos de Belisario Betancur representaba la antesala de un revolcón mayor.

Sin embargo, no fue fácil que la Constitución de 1991 tomara forma definitiva. La primera piedra para su construcción se puso en 1988 y la planteó el presidente Virgilio Barco cuando, asediado por los violentos, convocó a las ramas del poder público a salvar a Colombia y permitir una reforma a sus instituciones a través de un camino plebiscitario. La ofensiva de los grupos armados arreciaba contra la población civil, el narcotráfico mostraba su rostro terrorista y, a pesar de sus reyertas, los partidos políticos respondieron al llamado barajando una opción de reforma en medio del laberinto.

La propuesta inicial fue que el día de la primera elección popular de alcaldes, prevista para el 13 de marzo de 1988, a través de una papeleta separada, los colombianos votaran por abolir el obstáculo que impedía reformar la Constitución por una vía distinta al Congreso. En ese tiempo, el artículo 218 de la Carta de 1886 y el plebiscito de 1957 ordenaban que ambos cerrojos se podían romper únicamente a través de un acto legislativo tramitado en Senado y Cámara. En consecuencia, el objetivo era echar abajo un plebiscito vigente con una consulta similar y así acoger la vía constituyente.

Al final, la idea de la papeleta no cuajó y terminó convertida en un pacto de los partidos políticos que el 20 de febrero de 1988 pasó a llamarse el Acuerdo de la Casa de Nariño. Por eso surgió una controversia política para buscarle sendas a esa componenda y el tema se transformó en un rifirrafe de críticas o propuestas jurídicas. Un alud de iniciativas que acabó de un tajo el Consejo de Estado dos meses después, echando abajo el acuerdo. El interés por la reforma siguió en pie y, desde mediados de ese año, derivó en un proyecto de acto legislativo para que el Congreso asumiera la tarea.

No obstante, el país afrontaba momentos de caos. A pesar de que la paz con el M-19 se abría paso, el narcoterrorismo de Pablo Escobar Gaviria hacía sentir a los colombianos su violencia extrema. En medio de la zozobra colectiva por los carros bombas, en el segundo semestre de 1989 llegó el momento de las decisiones legislativas. Cuando la reforma estaba en su último hervor, sobrevino la talanquera de los políticos. A última hora le agregaron un insólito interrogante para incluirlo en un referendo: que los colombianos dijeran sí o no a la extradición de nacionales.

El gobierno Barco lo consideró inadmisible porque el narcotráfico podía manipularlo con su barbarie y se negó a secundar esa iniciativa. Entonces estalló la crisis porque el Congreso aprobó la idea. El Ejecutivo prefirió renunciar a toda la reforma. De nuevo fracasó la opción de actualizar la Constitución. La suerte parecía echada y la vía constituyente obstruida cuando los universitarios cambiaron la historia. Desde las aulas del Rosario, la Javeriana y los Andes surgió la idea de la “séptima papeleta” para buscar una ruta inédita y recobrar la vía constituyente.

Su fórmula fue que el 11 de marzo de 1990, día en que los colombianos debían acudir a las urnas para elegir alcaldes, senadores, representantes, diputados, concejales y candidato a la Presidencia por el Partido Liberal, depositaran un séptimo sufragio en favor de una asamblea nacional constituyente. Siempre fue claro que se trataba de un referendo informal, pero tuvo tanto respaldo que se convirtió en la noticia de las elecciones y en mandato político que el presidente Barco supo entender. Por eso de inmediato planteó el reto para que ese acto espontáneo de los electores fuera legal.

Con base en facultades de Estado de sitio, expidió el decreto 927 para ordenar a la organización electoral contabilizar los votos a favor de la convocatoria a una constituyente durante las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. A 76 horas de la jornada electoral, la Corte Suprema de Justicia respaldó el decreto. Los colombianos se encargaron de ratificarlo en las urnas. En esas condiciones, cuando César Gaviria asumió el poder, entendió que debía aplicar la misma fórmula de su antecesor y expidió el decreto 1926 para convocar a elecciones e integrar la constituyente.

El 9 de diciembre de 1990, el mismo día que las Fuerzas Armadas atacaron Casa Verde, campamento donde funcionaba el Estado Mayor y el Secretariado de las Farc en Uribe (Meta), los colombianos eligieron 70 delegatarios. Aunque la abstención electoral fue del 75 %, la sorpresa fue el éxito de la Alianza Democrática M-19, con 19 curules. El Partido Liberal alcanzó 24 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez Hurtado, obtuvo 11 curules. Los conservadores nueve, la Unión Patriótica dos, y cinco más quedaron asignados a grupos independientes.

A las 11 de la mañana del 5 de febrero de 1991, la Asamblea empezó sus deliberaciones. El único ausente fue el técnico de fútbol Francisco Maturana, quien cumplía compromisos en España y después declinó su curul. Cuarenta y ocho horas después, tras una discusión interna, los delegatarios eligieron el triunvirato que la presidió: Horacio Serpa por el Partido Liberal, Álvaro Gómez por el Movimiento de Salvación Nacional y Antonio Navarro por el M-19. Con su característico ingenio, el delegatorio liberal Alfonso Palacios Rudas los bautizó como “la Santísima Trinidad”.

Acto seguido se integraron cinco comisiones permanentes y la primera aprobación colectiva fue un homenaje a los periodistas, políticos, jueces, sindicalistas, indígenas, soldados, campesinos, obreros, maestros y artistas asesinados o desaparecidos en Colombia en los últimos tiempos. El ambiente era de unidad, pero la clase política observaba expectante el rumbo de los acontecimientos. A las pocas semanas, el delegatario Antonio Navarro sacó a relucir el as que alborotó el avispero: la revocatoria del mandato del Congreso, que salieron a respaldar la mayoría de los constituyentes.

El poder Legislativo se declaró en pie de lucha y notificó al Gobierno que permitirlo era promover un golpe de Estado. Sin embargo, se volvió inminente porque, además, la opinión pública le pasó la cuenta de cobro de haberse negado a aprobar la reforma. En medio de ese candente pulso político, la Asamblea Constituyente fue escenario del final exitoso de dos procesos de paz. Después de 23 años de confrontación contra el Estado, el Epl entregó sus armas y el comandante Bernardo Gutiérrez acudió a la Asamblea para formalizarlo. Y el grupo guerrillero indigenista Quintín Lame hizo lo propio.

Junto a un delegatario del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que había entregado sus armas en diciembre de 1990, el Epl y el Quintín Lame sumaron tres constituyentes. El entusiasmo por la paz fue importante, pero la tensión política siguió de largo. “Ni jurídica, ni política, ni moralmente, a este Congreso de ayer, de hoy y de mañana pueden disolverlo las manos indultadas de Antonio Navarro”, fue el comentario del vicepresidente del Senado, Carlos Martínez. No obstante, la Constituyente tenía poder suficiente y poco a poco sacó adelante su propósito.

Entonces surgió otro obstáculo. El Consejo de Estado suspendió un artículo del reglamento interno de la Constituyente referente al régimen de mayorías para aprobar sus decisiones, lo que obró como una provocación a la Asamblea. El 1º de mayo, el delegatario del Movimiento de Salvación Nacional, Luis Guillermo Nieto, propuso legitimar los actos del organismo con vigencia inmediata y su colega Carlos Lleras de la Fuente fue más allá y planteó derogar el artículo del plebiscito de 1957 y el de la Constitución vigente que condicionaban cualquier reforma política para declarar su independencia.

La agitación política fue inmediata y entre los comentarios dominantes alcanzó a tener audiencia que la soberanía de la Asamblea daba para recortar el período del presidente Gaviria. Así que el Gobierno se movió estratégicamente y su ministro Humberto de la Calle sacó a relucir su ingenio para impedir los súbitos alcances de la Constituyente. La primera semana de junio, Gobierno y Constituyente acordaron disolver el Congreso. No obstante, el precio de ese acto de soberanía fue que todos los constituyentes se inhabilitaran para integrar el nuevo Legislativo a partir de 1992.

Una especie de harakiri político que condicionó la suerte de la nueva Carta. La Constituyente entró en su recta final y concretó sus alcances. La Corte Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, los mecanismos de participación ciudadana, la independencia del Banco Emisor, la libertad de cultos, la tutela. Su lunar fue recobrar el no a la extradición el mismo día que Pablo Escobar anunció su entrega. El delegatario Antonio Galán, hermano del inmolado Luis Carlos Galán, lo rechazó con una larga lista de víctimas.

Es cierto que Colombia sentía la tranquilidad de que el capo Escobar estaba preso, pero también prevalecía la sensación de que la Constituyente había cedido a sus exigencias emulando la prohibición a la extradición que había frustrado la reforma de 1989. Con este sinsabor a bordo, en adelante todo fueron aprobaciones: la doble vuelta en elección presidencial, la elección popular de gobernadores, la moción de censura a los ministros, la desinvestidura parlamentaria. La Carta Política de 1886 había sido reformada y lo demás fue protocolo para volverla vigente.

“Cesó el Estado de sitio” fue el titular de El Espectador para dejar en la historia el significado mayor de la reforma. Como un gesto político paralelo, el presidente Gaviria lo derogó a través de un decreto, porque seguía vigente. En dos considerandos del decreto agregó el significado de lo que había sucedido: “Las transformaciones democráticas y el fortalecimiento de las instituciones han creado un nuevo orden político propicio para que todos los colombianos convivan en paz, y la Constitución de 1991 es un tratado de paz que compromete a todos los colombianos”.

Lo demás es la historia del último cuarto de siglo. “La ley reglamentará la materia”, aún se lee en varios artículos de la Constitución vigente. Y así continúa por falta de voluntad de los legisladores y el poder político. El Estatuto de Oposición o el Estatuto del Trabajo son apenas dos ejemplos. A la clase política tradicional no le cayó muy bien tanta reforma y ha sido la Corte Constitucional la que ha salido a defenderla en toda su dimensión. La Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía siguen en deuda. Ahora se viene la paz con las Farc y los inamovibles serán las conquistas del 91.