Y de la llamada “comunidad del anillo”, nada

Una nueva Policía para el posconflicto

El presidente Santos presentó los lineamientos de la reestructuración de la institución. Se busca que sea más moderna y cercana a la ciudadanía.

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Santos anunció el retiro del servicio activo de 1.427 uniformados, entre ellos 89 oficiales.
/SIG.

El 9 de diciembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos anunció la creación de una comisión “de alto nivel e independiente” para investigar los casos de corrupción que por esos días sacudían a la Policía Nacional y hacer recomendaciones al respecto. Se hablaba entonces de chuzadas ilegales y de una supuesta red de prostitución homosexual en su interior. A la comisión, instalada en marzo de 2016, se le dio un plazo de 90 días para presentar un informe. Ese plazo no se cumplió y más de un año después, teniendo en cuenta esas sugerencias, el primer mandatario anunció la reestructuración de la institución, más encaminada a enfrentar los retos del posconflicto que a superar escándalos, como el de la llamada “Comunidad del Anillo”, en el que incluso se vio envuelto uno de sus exdirectores, el general Rodolfo Palomino.

La comisión estuvo integrada por los exministros de Defensa Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez y el analista Jorge Hernán Cárdenas. Inicialmente estuvo coordinada por María Lorena Gutiérrez, exministra de la Presidencia, y cuando renunció a su cargo, en abril, le dio paso a Juan Carlos Restrepo, actual director de Seguridad de la Presidencia. Y por lo que dijo el jefe de Estado, las recomendaciones apuntan a sacar a los uniformados de las oficinas y ponerlos en las calles para que refuercen la seguridad. Una conclusión que quizás no necesitaba mayor análisis, pues si de algo se quejan los colombianos día a día es de la delincuencia que campea sin control en las ciudades, sumada al temor por la desmovilización de las Farc, que, según los expertos, incrementará la problemática en las grandes urbes.

La idea, pues, es tener a una policía centrada en atacar la delincuencia común. En este sentido, 960 nuevos uniformados estarán destinados, exclusivamente, a las zonas rurales y 500 nuevos campesinos serán incorporados a sus filas. La prioridad, enfatizó Santos, es tener una Policía “fortalecida, moderna, transparente, cercana al ciudadano y dotada de todas las capacidades”. A su vez, 500 policías que prestaban servicios de escoltas a personalidades del país y que ya no lo hacen saldrán también a reforzar la seguridad ciudadana. Se van a seguir revisando este tipo de labores y, con base en los estudios de riesgo, se seguirá reduciendo la función de escoltas con personal policial.

Habrá más agentes de turismo, de infancia y adolescencia y más mujeres policías, y la Inspección General de la entidad trabajará de la mano del Ministerio de Defensa y la Procuraduría para garantizar celeridad e imparcialidad en los procesos de investigaciones internas. En la lucha contra el crimen, se estará en estrecha coordinación con la Fiscalía. La reestructuración planteada quedará consignada en un documento Conpes y se buscará la reasignación de recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), al tiempo que se explorarán fórmulas para que desde lo local y lo regional se entre a cofinanciar la seguridad. “Queremos seguir dotando a nuestra Policía de la mejor tecnología (...) en este aspecto, a pesar de los avances en ciberseguridad, debemos modernizar más nuestros mecanismos y abrirnos más a la cooperación internacional. Esperamos contar con el apoyo de alcaldes y gobernadores para cofinanciar herramientas como las cámaras de vigilancia y espacios como los CAI”, dijo Santos.

En concreto, las estrategias a aplicar, de acuerdo con las recomendaciones de la comisión de expertos, hablan de mejorar el modelo de vigilancia por cuadrantes; adaptar la educación policial al nuevo contexto de país, con mayor profesionalización del cuerpo de agentes a la luz del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, y fortalecer la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural para que, articulada con las Fuerzas Militares, apoye la lucha contra el crimen organizado y sus fuentes de financiación, como la minería ilegal. Por cierto, ya está lista la nueva estructura organizativa que apunta a optimizar la gestión institucional en materia administrativa, logística, financiera, educativa, de salud y operativa.

Un punto clave sobre esta “nueva Policía” tiene que ver con la transparencia y el freno a la corrupción interna. El objetivo es tener más veeduría ciudadana, que promueva la depuración y la rendición de cuentas. “La batalla contra la corrupción en nuestra Policía debe ser más eficaz, más rápida y terminar con sanciones visibles y ejemplares. Lo que hemos hecho en cuanto a la transparencia es positivo, muy positivo, pero debemos hacer más”, señaló el jefe de Estado. Es claro que el constante involucramiento de agentes en hechos delictivos o el exceso de fuerza cuando enfrenta las protestas ciudadanas han minado la credibilidad y el prestigio de la Policía Nacional, por lo que la reestructuración era una necesidad imperiosa.

En mayo del año pasado, el general Jorge Nieto, su actual director nacional, anunció el retiro del servicio activo de 1.427 uniformados, entre ellos 89 oficiales. Según explicó, ello se dio en “respuesta al clamor ciudadano y el sentir de la inmensa mayoría de policías de la patria”. También se reportó la captura de 248 miembros de la entidad y del aporte de pruebas para que la Justicia Penal Militar emitiera 41 sentencias condenatorias. “Son una minoría que afecta la credibilidad y el trabajo honesto de miles de hombres y mujeres que a diario hacen patria”, concluyó Nieto.

La comisión habla igualmente de fallas en las incorporaciones de nuevos uniformados —que se hacen sin filtros apropiados que garanticen calidad profesional—, de bajas remuneraciones y de falta de garantías frente a los superiores cuando de investigaciones se trata, aspectos a abordar en estos nuevos procesos que se comenzarán a generar internamente en la institución. Ahora, es claro que la llegada del general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la entidad, a la Vicepresidencia de la República, será clave para afianzar todas esas propuestas puestas sobre la mesa. A muchos les queda el sinsabor de lo que pasó con la “Comunidad del Anillo”, pues la comisión no dijo nada al respecto. Pero Juan Carlos Esguerra dio la respuesta: “En el informe no podía haber nada de ese tema. A nosotros nos convocaron en medio de una serie de episodios internos complicados de la Policía, pero no para investigarlos ni resolverlos porque ni tenemos esas funciones ni nos las podían atribuir (...) eso les corresponde a otras instancias, como la Fiscalía y la misma Policía”.