A 14 MESES DEL FIN DEL GOBIERNO SANTOS

A quemar las naves en la implementación del Acuerdo de Paz

Se vienen discusiones trascendentales para la paz en el Congreso, como la reglamentación de la JEP o la ley de tierras, mientras se agudiza el debate electoral por el poder en 2018. La directriz del presidente es “seguir empujando”.

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Santos entra en la recta final de su mandato: le quedan 14 meses en el poder./ Óscar Pérez

“La combinación del primer año de implementación con la temporada electoral es casi explosiva y hace las cosas más difíciles. Esa coincidencia es una verdadera maldición y desaparece el sentido de responsabilidad, pues mucho de lo que se dice obedece a un pequeño y egoísta interés político, como aquella frase de ‘hacer trizas los acuerdos’”. Lo dijo esta semana en El Espectador el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, refiriéndose a la necesidad de impulsar un pacto entre todos los que aspiran a la Presidencia en 2018, para que se respete el Acuerdo de Paz y se garantice el normal tránsito de las Farc a la vida civil, su transformación en partido político y el fin de 50 años de conflicto.

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Un llamado hecho en medio de las angustias y urgencias que atraviesa el proceso de paz tras el fallo de la Corte Constitucional sobre el fast track, que habilitó al Congreso de la República para sugerir y aprobar propuestas en los proyectos y actos legislativos de implementación de lo pactado sin el aval del Gobierno —lo cual, según el mismo Jaramillo, generó zozobra en la guerrilla—, además de alimentar el creciente escepticismo ciudadano y la arremetida de la oposición por la decisión del presidente Juan Manuel Santos de ampliar el plazo para la dejación definitiva de las armas y prorrogar la vigencia de las zonas veredales, donde hoy se encuentran concentradas las tropas de las Farc.

Durante el fin de semana pasado, en las últimas horas de las facultades especiales que le otorgó el Legislativo, el jefe de Estado expidió una cascada de decretos-ley en aras de agilizar dicha implementación. “No vamos a volver atrás. Por ningún motivo vamos a volver a las épocas terribles de la violencia, el miedo, los asesinatos y las masacres. Colombia está dejando atrás esa historia de sangre y dolor para siempre. La paz ha sido, es y será nuestro puerto de destino. La paz es el camino a la reconciliación, a las oportunidades, al desarrollo, a la tranquilidad y a una democracia más sólida y profunda”, manifestó el lunes en la noche, en una alocución radiotelevisada al país.

Y en ese ir y venir de las mareas de la política, afianzadas en las reiteradas afirmaciones de las partes de que los compromisos y la palabra de cumplir con lo pactado se mantienen, se dio un hecho que todos consideran fundamental para el futuro del Acuerdo Final: la elección en el Senado de Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional, en un cerrado pulso entre santismo y uribismo. Una prueba de fuego que de alguna manera destapó la forma como las fuerzas políticas comienzan a alinearse y a hacer cálculos pensando más en la campaña electoral, y a la vez demostró cómo las mayorías para el presidente Santos no están ya tan seguras. Previo a su escogencia, el senador Armando Benedetti, de la U, había advertido que, si no era Fajardo la escogida, la paz estaría en riesgo.

Así las cosas, los 16 días que faltan para llegar al 20 de junio —día estipulado para la dejación de las armas— serán una prueba de fuego, quizá definitiva, para el afianzamiento y la confianza de la misma en el proceso. La hoja de ruta está trazada y el Gobierno y las Farc asumieron unos compromisos y obligaciones inaplazables, algunos de ellos ligados a los decretos-ley recientemente firmados. Por ejemplo, del lado del Ejecutivo, lo que tiene que ver con la aplicación de la amnistía o la libertad condicional a todos los miembros de las Farc acreditados en los listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, incluyendo a quienes hoy están privados de la libertad; la suspensión de las órdenes de captura; las garantías de seguridad; el desmantelamiento de las bandas criminales sucesoras del paramilitarismo e incluso la reincorporación económica y social de los desmovilizados, entre otros.

De parte de las Farc, las responsabilidades pasan porque a partir del 1° de junio y hasta el 20 de junio, la totalidad de sus integrantes, incluyendo las milicias, deben hacer la dejación definitiva de las armas y terminar su tránsito a la legalidad, salvo aquellos que deban realizar tareas de identificación de caletas, extracción de armamento y seguridad de las zonas veredales. Y a más tardar el 1° de agosto se sacarán los contenedores de las zonas y se certificará el cumplimiento del proceso de desarme. También se acordó un plan detallado para la extracción del armamento y destrucción del material inestable (explosivos) existente en las caletas, que deberá cumplirse en los tres meses siguientes, contados desde el 1° de junio. Incluso esta tarea podrá contar con el apoyo de seguridad o cualquier otro que se requiera de la Policía y las Fuerzas Militares.

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Bien se puede decir entonces que la implementación del Acuerdo Final está hoy en blanco y negro. No hay grises de por medio y la polarización protagoniza. A 14 meses del fin de su mandato, la premura del presidente Santos, como él mismo lo reconoció el jueves en la posesión del nuevo ministro del Interior, Guillermo Rivera, es que la paz se vuelva irreversible, que sus cimientos normativos sean de verdad estables y duraderos, que quienes quieren hacerlos trizas no encuentren el lado débil de sus hojas, que no sean el eje de la campaña electoral de 2018 y que a nadie le quepa la menor duda de que las Farc no van a volver a la guerra. “Por eso tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir empujando”, manifestó.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Empujar significa, en lo práctico, garantizar las mayorías en el Congreso, donde hoy empieza a reinar la política del “sálvense quien pueda”. La elección de la magistrada Fajardo para la Corte Constitucional constituyó el último portazo de Cambio Radical al proceso de paz. Su bancada de Senado apoyo a Álvaro Motta, haciendo causa común con el Centro Democrático. Apenas cinco votos de diferencia le dieron la ventaja a la candidata de la Unidad Nacional, que tuvo que valerse de la famosa “disciplina para perros” con el fin de conseguir las papeletas. Incluso, en los mentideros políticos se dice que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, aventajado aspirante a la Casa de Nariño, ya ha tenido uno que otro contacto con el hoy senador Álvaro Uribe.

Sin Cambio Radical en el bus de la paz, las cuentas en el Legislativo se ponen muy ajustadas. La tercera legislatura terminará el 16 de junio y, aunque es inminente la citación a sesiones extras, todos saben que en el Capitolio empezará el llamado año de desgobierno, en el que los parlamentarios están más tiempo en sus regiones buscando apoyos para su reelección que en sus curules. Es el año en el que el Gobierno pierde el control de sus bancadas, pues ya no tiene qué ofrecer. Los acuerdos sobre las mesas directivas se incumplen y se baraja de nuevo para renovar las coaliciones de cara al futuro. En síntesis, un panorama completamente adverso para el Ejecutivo, que tendrá que llevar cuanto antes al menos tres iniciativas con las que se sacarán chispas: la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la reforma rural integral y el acto legislativo que les da vida a las circunscripciones especiales de paz.

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Eso sin contar que antes de que la era Santos acabe tendrá que dejar aprobada una reforma político-electoral que va a ser debatida en medio de una encarnada lucha por el poder en 2018. Un revolcón institucional que despierta celos en la clase política y hasta en sectores de las altas cortes de la justicia, como en el Consejo de Estado, que de entrada se ha declarado en abierta oposición a perder algunas de sus facultades. En últimas, lo que enfrenta el presidente Santos y el Acuerdo Final de Paz es un statu quo que mira con malos ojos la propuesta de apertura democrática y reformas en la arquitectura del Estado. Con un agravante procedimental: todo tiene que pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, dos ámbitos donde el poder del Ejecutivo languidece, aunque la elección de Fajardo puede ser un respiro. Pero aún falta por elegir un magistrado más en ese alto tribunal, que bien podría ser la carta decisoria para el proyecto Santos.

Y mientras el Legislativo y el Poder Judicial viven el forcejeo entre quienes apoyan el proceso de paz con las Farc y quienes lo aborrecen, el Gobierno también tendrá que guardar fuerzas para impulsar las reformas profundas a lo que es considerado las causas estructurales del conflicto: la desigualdad social, las brechas entre campo y ciudad, el conflicto por la tenencia de la tierra o la apertura del sistema electoral a sectores que históricamente han estado marginados de la democracia representativa. Causas que, por cierto, son hoy la mecha de los paros y protestas que se viven en diferentes partes del país, con miles de colombianos expresando en las calles el cansancio por el incumplimiento de tantas cosas prometidas.

Con el sol a sus espaldas y una alta desaprobación a su gestión, Santos persiste en su cruzada. Lo demuestran los decretos-ley que acaba de firmar. Ahí están el instrumento para la repartición de tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra, la legalización de los títulos de otros siete millones o el plan de vivienda rural. También puso a andar los denominados Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que funcionarán en 170 municipios, los mismos que tendrán representación en el Congreso con las Circunscripciones de Paz y que, sin duda, son los municipios más pobres, abandonados por el Estado, golpeados por el conflicto y las economías ilícitas. Un revolcón social y político que apunta a dejar las bases de una Colombia en las que las armas y las urnas nunca más se mezclen, pero cuya aplicación aún es incierta. Porque si esas bases no son sólidas, existe el riesgo de que quien llegue el próximo año a la Presidencia derribe todo como si fuera un castillo de naipes.