Polémica por el cupo de los militares en el Centro de Memoria Histórica

Un decreto que incluye al Ministerio en el consejo directivo de la entidad abrió el debate. ¿Está comprometida la independencia? Militares insisten en la “necesidad” de esta medida.

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La masacre de La Rochela, cometida en enero de 1989, es un hito de la memoria histórica en Colombia.
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Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala, todos estos países, al igual que Colombia, sobrevivieron a guerras y conflictos en nombre de la llamada “guerra contra el comunismo”. En todos esos escenarios las Fuerzas Armadas fueron actores esenciales y, cuando llegaron las propuestas de memoria histórica y comisiones de verdad, fueron los militares quienes más se opusieron. Tanto así que en El Salvador o Chile el trato fue que las comisiones de la verdad no tendrían facultades judiciales, para que así nadie fuera a la cárcel —igual que pasará en Colombia—. No obstante, hay algo en lo que Colombia no se parecerá a esos países latinoamericanos: las memorias de la guerra se contarán, de ahora en adelante, con el criterio militar a bordo.

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Así lo determinó el gobierno Santos el pasado 27 de marzo, día en que firmó el Decreto 502 de 2017, con el cual modificó la estructura del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y añadió, en su consejo directivo, una plaza para el ministro de Defensa o un delegado. El documento fue revelado hace unos días por el portal ¡Pacifista! y ya está en la página de la Presidencia. Y aunque por estos días nadie del CNMH quiere pronunciarse oficialmente hasta que no haya un análisis de las implicaciones, dos cosas quedan claras: una, que esta decisión no fue un consenso, y dos, que en la era posacuerdo de paz, las Fuerzas Militares quieren tener voz y voto en la memoria histórica que no estaba destinada a ser oficialista.

El consejo directivo del CNMH tiene la misión de dirigir y administrar la entidad. Por eso, el nombramiento de un delegado del Ministerio de Defensa en ese organismo será determinante para el rumbo que tome el Centro, en las investigaciones que se emprendan y en los enfoques que aborden. En otras palabras, tener a un delegado del Ministerio de Defensa podría poner en riesgo la independencia y autonomía de la entidad encargada de “la recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis del material documental, testimonial y cualquier otro medio, relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano”.

La idea de hacer este cambio empezó a tomar fuerza en febrero, justo cuando en el Congreso debatía la Jurisdicción Especial para la Paz. Apenas nueve días antes de que se emitiera el decreto con el que se le dio vida a la Comisión de la Verdad, el gobierno Santos tomó esta determinación. Según el Ministerio de Defensa, la necesidad de ingresar al consejo directivo del CNMH es que “para establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos (relacionados con la guerra), es preciso permitir la participación de los miembros del sector Defensa en su rol de servidores públicos que presenciaron en forma directa el desarrollo del conflicto”. Así lo consignó en la exposición de sus motivos para promover este cambio en el consejo directivo.

“Lo importante es que lleguen a aportar a la búsqueda de una verdad real, no una llena de sesgos. Si ellos se comprometen a esto, no veo ningún inconveniente en que tengan un puesto en el consejo directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica. En este tipo de investigaciones que se hacen en esta institución, en los que se tocan temas de memoria histórica, es importantísimo desligarse de sentimientos, afectos e ideologías. Hay que llegar a verdades incómodas, y no que terminen conviniendo a los militares o a otros sectores”, dijo a este diario el expresidente de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez, quien hizo parte de la Comisión de la Verdad en relación con los hechos del Palacio de Justicia.

El Ministerio de Defensa arguyó que su interés es “contribuir a dar a conocer la verdad y evitar la repetición de los hechos”. Un interés loable, pero cuestionable. Por años, las Fuerzas Militares han mirado al CNMH con reserva. Hay quienes dicen que el lío comenzó con la publicación en 2013 del informe “¡Basta Ya!”, en el cual, a juicio de ciertos sectores castrenses, el Centro “degradó” a la Fuerza Pública y la equiparó con la guerrilla. Las diferencias habían empezado a salir a flote antes. Por ejemplo, en el informe de la masacre de El Salado de 2009, el CNMH (que entonces se llamaba Grupo de Memoria Histórica) se mencionaba tímidamente la participación de infantes de marina. En ese momento, ese tema estaba en el olvido.

A medida que el tiempo fue pasando, surgieron otras investigaciones como la de la masacre La Rochela o de Bojayá, las desapariciones en Bahía Portete, las violaciones de derechos humanos que generaron entidades estatales —no sólo la Fuerza Pública, también otras como la Fiscalía— en la Comuna 13 de Medellín en 2002. Se hizo más evidente en cada trabajo del Centro que la Fuerza Pública, por acción u omisión, fue responsable de grandes crímenes en el país. La relación entre el Centro e instituciones como el Ejército eran difíciles; no es tan previsible que esta movida mejore las cosas.

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Las Fuerzas Militares vienen haciendo esfuerzos notorios por trabajar en el área de memoria histórica: crearon el Museo Militar, han contratado a especialistas, están entablando oficinas en universidades para promover investigaciones con su perspectiva, hasta en unidades de combate se están preparando informes de esta naturaleza. Las víctimas no se sienten cómodas con lo que está pasando y así lo resaltó Doris Tejada, una de las madres de Soacha: “Este hecho no sólo va a perjudicar a las más de 5.000 familias cuyos seres queridos fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros de la Fuerza Pública e hicieron pasar como guerrilleros. Y tampoco sólo nosotros. El Estado ha sido victimario de más maneras. Claramente, su propósito es que al final se diga que ellos no fueron victimarios”.

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