César Rodríguez:

No es poca cosa terminar la guerra, pero prometieron construir la paz

La necesidad de conocer los archivos de inteligencia para tener verdad plena y romper la alianza política de corrupción que siempre ha existido, son algunos de los retos que plantea César Rodríguez, director de Dejusticia, cuando habla de construcción de paz. Hoy esta organización lanza El Tránsito a la Paz, donde le seguirán la pista a la implementación de los acuerdos.

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César Rodríguez, director de la organización jurídica Dejusticia. / Gustavo Torrijos

Dejusticia viene trabajando hace año y medio en diez documentos con ideas para la construcción de paz. El propósito fue anticiparse al tema grueso que ya están enfrentando los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno y las Farc: la detección de los problemas institucionales que dificultan la implementación de los mismos. Todos los documentos tienen diagnóstico, retos y propuestas. César Rodríguez, director de esta organización jurídica, pone la lupa a los principales desafíos que aquí se presentan.   

¿Qué eje en común tienen estos documentos?

Uno de estos ejes es que hay reformas que tienen que salir directamente del Acuerdo, como el cronograma de reintegración y de dejación de armas, o la puesta en marcha de un tribunal especial para la paz, o de una unidad de búsqueda de desaparecidos. Pero hay una cantidad de cosas que el Estado tiene que hacer, independientemente, de lo que está contenido en ese acuerdo para que efectivamente se dé la construcción de una paz estable y duradera.

Un ejemplo…

En el Acuerdo hay menciones al medio ambiente y hay ideas generales como integrar a las Farc en programas de recuperación de bosques, desminado, recuperación de ecosistemas etc. Pero para que esos programas funcionen tendría que haber un sistema nacional y una institucionalidad ambiental mucho más robusta que haga que esos programas específicos no caigan en las redes de burocracia del sistema ambiental, o incluso en medio de la corrupción del sistema.

Háblenos un poco más del diagnóstico ambiental en el que está el país

Las guerras tienen efectos sobre el medio ambiente. Todos los conflictos armados recientes han generado daños grandes. Piensa en la minería ilegal.  O piensa en el Eln en los derrames de petróleo o piensa en los paramilitares y todo el daño que hicieron con la palma en Curvaradó o Jiguamiandó, en el Urabá Antioqueño. Esos son afectaciones porque los actores armados utilizaron los recursos naturales para financiarse. Pero curiosamente, en Colombia también hubo efectos positivos sobre el medio ambiente con la guerra.

¿En dónde la guerra resguardó el medio ambiente en el país?

Si miras con un GPS los cinco países de la cuenca Amazónica, la mejor preservada es la colombiana. Y no es porque Colombia tenga una institucionalidad fuerte para protegerla o un programa de contrareforestación. Es porque la misma guerra ha impedido la entrada de factores de contaminación, economía extractiva, colonización campesina etc.

Es decir, que la paz podría tener también efectos paradójicos en lo ambiental…

Claro, porque si bien el Estado va a tener instituciones que pueden llegar a lugares donde no podían llegar.  Pero también pueden llegar allí una serie de amenazas al territorio.

Como la carretera ilegal que existe en el Guaviare y reportó El Espectador…

Exacto. Con la sección Vivir de El Espectador tenemos un proyecto que se llama Infoamazonia donde estamos monitoreando el mapa de la Amazonia y empieza a ver que en algunas regiones donde no había reforestación comienza a haber tala.

¿Qué hacer entonces?

Hay 25 propuestas en ese documento. Pero el espíritu propuesto en todas es que hay que seguir preservando lo que preservar la guerra. Por ejemplo, a través del reforzamiento de los parques naturales o mediante el reforzamiento de las corporaciones autónomas locales. O mediante la integración de comunidades locales e incluso de excombatientes como las Farc en programas de gestión de recursos naturales.  

Esa propuesta genera cierta sorpresa en el país, pero ha sido una respuesta de reintegración en otros países…

Así es. En países como Mozambique los excombatientes fueron reintegrados en programas como protectores del medio ambiente. Y en Colombia, las Farc tenían en lugares como Caquetá o la Macarena reglas muy duras ambientalistas: prohibían la tala. Entonces. En ese sentido, una sanción reparadora de las Farc puede ser reintegrar a los miembros en programas de protección de bosques.

Pero, ¿cómo congeniar ese modelo de protección con el de las Zidres que aprobó el Gobierno y tiene tan mala referencia para los ambientalistas?

Ese es un desafío porque registra una contradicción, porque va en una dirección distinta al Acuerdo de Paz. El Estado tiene una pugna interna. Por ejemplo, sobre las propuestas de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito en el norte del Guaviare, cerca del Meta, les están prometiendo a campesinos los mismos territorios, potencialmente que están prometidos para las inversionistas de las Zidres. Hay contradicciones difíciles de comprender en ese sentido El Estado.

¿Esas contradicciones se presentan en otros niveles?

 Sí, se ve por ejemplo en lo que está pasando con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz que promete los derechos de los pueblos afros e indígenas, mientras que el Gobierno coquetea con la idea de presentar por vía Fast Track un nuevo proyecto que recorta de manera importante el derecho de la consulta previa. O, por ejemplo, el Acuerdo promete la participación política, pero el Gobierno, a través del Ministerio de Minas, ha sido bastante tabúlico sobre las consultas populares en asuntos ambientales. Esas tensiones se registran.

 

Uno de los libros que publican trata el tema de la participación de las mujeres en el posacuerdo ¿Cuáles son los desafíos en esta materia?

Después del escándalo que se armó con la famosa “ideología de género”, que no fue más que oportunismo político que fue utilizado por algunos opositores, el Acuerdo quedó con unas promesas fuertes definitivamente para las mujeres.

¿Cuáles se pueden quedar en el tintero en procesos de justicia de transición?

Hemos registrado con preocupación que por razones políticas y de orden público se han priorizado todas las normas que tienen que ver con la desmovilización, amnistía y procesamiento penal. El capítulo sobre justicia transicional son los que están tomando toda la atención y prioridad. Sin duda es importante y son los que pueden ir por Fast Track. Pero que vayan por esa vía no significa que sean los únicos porque eso significaría que esto se trató de una desmovilización de una guerrilla y punto, cuando el Acuerdo tiene una serie de promesas serias que van más allá.  Por ejemplo, sobre participación: como la creación de comités de regulación de ciudadanos sobre la vida política en general. O el acceso y formalización de la tierra para la mujer campesina.

¿Dejusticia busca con este trabajo recordar esos compromisos?

Exacto. No es poca cosa terminar una guerra, pero la transición prometió construir la paz y eso no puede incumplirse.

Uno de los temas que trabajaron en estos documentos es el de los archivos de inteligencia ¿Cómo se desarrolla este tema con el Acuerdo de Paz?

Ese es un punto delicado porque hay que recordar que el acuerdo no es de justicia, también, y sobre todo sobre verdad y garantías de no repetición. Hasta el momento ha habido un foco sobre la Justicia para la Paz.

¿Tenemos una visión punitiva de la paz?

Así es, los abogados se volvieron a tomar la agenda pública. Pero el modelo es de justicia transicional y aquí la verdad es fundamental. Por ejemplo, en la comunidad de Bojayá todavía está la duda de qué pasó en la masacre. Ellos no saben, por ejemplo, cuánta gente murió, porque les tocó a ellos y no a la Fiscalía recoger en bolsas a sus muertos. Hay inconsistencias también en los registros de las exhumaciones. Saben que las Farc cometieron ese delito de lesa humanidad al lanzar la pipeta, pero el Estado retiró al Ejército meses antes pese a todas las alertas tempranas que se dieron. Y los paramilitares cometieron un delito de guerra al poner como escudo humano a la población civil. Si no se destapan los archivos de inteligencia y se cruzan con las otras bases de datos que hay no se podrá darles una verdad verificada y amplia (más allá de los testimonios) a las víctimas del conflicto armado.  

¿Usted es de los que cree, entonces, que en este país el pánico de los opositores al acuerdo es a la verdad y no a la cárcel?

Sí. Por fortuna en el país hay una ley de acceso a la información. Pero si, además, no se accede a esos archivos de inteligencia se puede pasar la página y la verdad queda del tamaño en que está en este momento: chiquitica. Eso sería terrible para la reconciliación en Colombia. Sobre todo, porque esta es, tal vez, la última oportunidad que vamos a tener de hacer no solo memoria, porque eso implica que tú sabes, sino de contar por primera vez que pasó en el conflicto armado.

Por ejemplo, las cerca de 15.000 compulsas de copias que están durmiendo el sueño de los justos en el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares sobre la participación activa de civiles en el conflicto armado…

Sí, y ahí será muy importante la colaboración de la justicia con la Justicia Especial para la Paz, para que los magistrados dela JEP y los comisionados de la verdad tengan todos los elementos para decidir.

A estas alturas, ¿Dejusticia sigue siendo un férreo defensor del acuerdo de paz?

Sí. Pero sabemos que ese acuerdo puede quedar en una versión minimalista o en una verdadera construcción de Estado que, por ejemplo, en la periferia nacional, nunca ha existido. Porque la ausencia de servicios públicos o de fuerza de policía, o de servicios de salud hacen la construcción de paz inviable. No hay que olvidar que hay quien ocupe los territorios si el Estado no llega. Ya vemos la presencia paramilitar en varias regiones.

Pero esa incapacidad estatal también ha tenido que ver con el tema que nunca pasa de moda en el país: la corrupción

Sí, hay una alianza explícita de corrupción de partidos políticos entre el centro y la periferia. La corrupción no es del Chocó o de la Guajira, únicamente, se ha alimentado de las grandes maquinarias del Partido Liberal, Cambio Radical, La U, el Partido Conservador, etcétera. Ninguno se salva. Con el acuerdo, por ejemplo, con la creación de las circunscripciones especiales para la paz, el Estado, por primera vez, puede romper con ese pacto y crear ciertas zonas de decencia estatal, donde no se roben la plata de las transferencias, por ejemplo. Esa es la esperanza a la que debemos aferrarnos y una por la que debemos trabajar.

 

 

 

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