De urnas, votos y territorios de paz

Los otros plebiscitos contra la guerra en Colombia

Desde el proyecto de los campesinos de Carare hasta el Mandato por la Paz de 1997, estas son algunas de las iniciativas exitosas en las que las comunidades se unieron para invocar la paz o manifestar su neutralidad ante la guerra.

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El primer plebiscito de Colombia se realizó el 1º de diciembre de 1957 y derivó en una coalición de partidos para asegurar su hegemonía.
/ Fotos: Archivo

Se dice que la Carta Política de 1991 fue un tratado de paz y desde sus antecedentes hasta la forma como se constituyó, así como quienes concurrieron a ella, ratifican esta conclusión. Desde que el presidente Virgilio Barco lanzó a principios de 1988 la audaz propuesta de convocar al país a un plebiscito para promover una profunda reforma a la Constitución, una de las bases de esta iniciativa fue la búsqueda de la paz, en el contexto de una ampliación de la democracia y la necesidad de modernizar las instituciones.

Como se sabe, la idea original del presidente Barco tuvo un largo proceso antes de convertirse en la Constituyente de 1991. Inicialmente, por un acuerdo entre los partidos políticos que se hundió en el Consejo de Estado en 1988 y, después, un acto legislativo en el Congreso que se cayó a última hora en 1989. Finalmente, el espontáneo movimiento universitario de la Séptima Papeleta, en 1990, abrió el camino para que dos decretos de Estado de sitio permitieran la integración de la Asamblea Nacional Constituyente.

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En otras palabras, el pueblo fue convocado a elecciones el 9 de diciembre de 1990, y ese día quedó integrada la asamblea que reformó la Carta Política. Uno de los actores principales fue el Movimiento 19 de Abril (M-19), que había dejado sus armas en marzo de 1990. En desarrollo de la Constituyente se incorporaron tres movimientos guerrilleros más con sus procesos de paz: el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame.

En consecuencia, la reconciliación fue uno de los soportes fundamentales de la Carta Política de 1991. De hecho, representó una innovación que dentro de sus normas se incluyera en el artículo 22 el precepto de que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. En adelante, esa directriz constitucional, sumada a las garantías que fortalecieron los mecanismos de participación ciudadana en Colombia, ha sido la base para que la búsqueda de la paz tenga sustento en el ordenamiento jurídico.

Al margen de este antecedente crucial, por la misma época en que se gestó la Constitución de 1991, en diversas zonas del territorio nacional comenzaron a aparecer movimientos ciudadanos para invocar la paz o la neutralidad ante la guerra. El caso más notorio fue la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), creada en 1987 en el corregimiento de La India del municipio de Cimitarra (Santander), para organizar la resistencia civil contra toda clase de acciones de guerra en su región.

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Desafortunadamente, esta expresión de neutralidad ciudadana respecto a las acciones de los frentes 34 y 11 de las Farc o la actuación de la Fuerza Pública fue ahogada en sangre por el paramilitarismo. El 26 de febrero de 1990, sus tres líderes principales, Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, fueron asesinados. En la misma acción murió también la periodista Sylvia Duzán, quien realizaba un documental para mostrarle al mundo los alcances de esta iniciativa de neutralidad y paz.

En diciembre de 1990, mientras los colombianos votaban por la integración de la Asamblea Nacional Constituyente, en Estocolmo (Suecia), la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare recibió el Right Livelihood Award, o Nobel Alternativo de Paz. En 1995, en Nueva York, las Naciones Unidas le otorgó el reconocimiento “Nosotros el pueblo, 50 comunidades”. El mundo admitió un modelo de resistencia civil y búsqueda de la paz que pronto fue replicado en otras regiones de Colombia.

Por ejemplo, en julio de 1995, el entonces alcalde del municipio de Aguachica (Cesar), Luis Fernando Rincón, presentó a consideración del Concejo municipal una propuesta para realizar una consulta popular y que el pueblo se convirtiera en modelo de paz. El Concejo aprobó la iniciativa, el Tribunal de Cesar rindió concepto favorable y el 27 de agosto de 1995, el 95 % de los habitantes de Aguachica votó en favor del Sí, a pesar de las amenazas proferidas por grupos guerrilleros y paramilitares.

Este hecho de paz se convirtió en un paradigma para la aplicación de la democracia participativa. Como en su momento lo manifestó el escritor Darío Villamizar, por primera vez los habitantes de un municipio hicieron uso de la consulta popular para avalar la paz. No ganó un partido político o un grupo. Ni siquiera el alcalde. Ganó el compromiso de la reconciliación. Infortunadamente, el promotor de la idea, Luis Fernando Rincón, fue asesinado por el paramilitarismo el 15 de agosto de 2000 en Aguachica.

El 26 de octubre de 1997, la democracia volvió a moverse en favor de la paz. Por iniciativa ciudadana, ese día, cerca de 10 millones de colombianos concurrieron a las urnas para darle un respaldo mayoritario a lo que se conoció como el Mandato por la Paz. Aunque la plataforma inicial estuvo protagonizada por Redepaz, País Libre, Unicef y otras organizaciones sociales o no gubernamentales, la jornada democrática se convirtió en la noticia del momento por el mayoritario respaldo que tuvo el proyecto.

Como consecuencia de la votación, en múltiples municipios del país comenzaron a constituirse territorios de paz o códigos de convivencia, al tiempo que se formaron organizaciones desde la sociedad civil para seguir contribuyendo en la búsqueda de la reconciliación. A nivel de las Fuerzas Armadas, se decidió no volver a vincular a menores de 18 años en las filas del Ejército. Dos años después, el movimiento ¡No más! ¡Vamos por la paz! realizó una movilización ciudadana para la refrendación del Mandato.

Aunque las comunidades fueron desarrollando progresivamente gestiones de paz, los grupos armados comenzaron a protagonizar desde esa época su proyección más alta hacia la guerra. Hoy está documentado que, a partir de 1997, guerrilla y paramilitarismo multiplicaron sus acciones armadas, sobre todo contra la población civil. No obstante, también empezaron a nacer nuevas iniciativas por la neutralidad, la convivencia pacífica o una declarada oposición a cualquier intervención armada.

En 1999, en Mogotes (Santander), sus habitantes se declararon en estado constituyente y aprobaron un Plan de Desarrollo con veeduría a la gestión pública, que se tradujo en cabildo abierto y defensa de la neutralidad ante la guerra. En Samaniego (Nariño) y en San José de Apartadó (Antioquia) también surgieron comunidades en defensa de la paz. Los indígenas nasas dieron su propio paso adelantándose en el tiempo a la búsqueda de la paz. La lista es larga y el Premio Nacional de Paz lleva casi dos décadas exaltando ejemplos.

En síntesis, el plebiscito para votar Sí o No al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, aprobado el pasado lunes 26 de septiembre, representa un capítulo más en la larga búsqueda de la reconciliación desde la creatividad ciudadana. La Constitución de 1991 fue el primer escalón; los mecanismos de participación ciudadana incluidos en esa Carta Política, un instrumento válido para seguir avanzando. Ahora llega un nuevo plebiscito para seguir marcando los pasos de la historia.