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Hace 25 años, la participación de guerrilleros desmovilizados en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue clave para la redacción de la Constitución que nos rige. Hoy esa Constitución cumple un cuarto de siglo en medio de una coyuntura similar: la inminente desmovilización de la guerrilla de las Farc y su inserción a la vida política.
La ANC de 1991 fue una forma de consolidar procesos de paz que venían desde los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco. El M-19 y el Ejército Popular de Liberación (Epl), entre otros movimientos insurgentes, aceptaron el cese el fuego a partir del 30 de agosto de 1984 en una negociación con el gobierno Betancur. Ese cese el fuego, sin embargo, fracasó. Hasta el 9 de marzo de 1990, el M-19 sería el primero de esos grupos en dejar las armas, en una negociación con el gobierno Barco.
En las elecciones de 1990, transformado en el partido político Alianza Democrática M-19 (AD M-19), ganó 19 constituyentes, es decir, 19 delegados entre los 70 representantes elegidos para reformar la Constitución. Fue el segundo movimiento con mayor representación después del Partido Liberal, que tenía 25 constituyentes, y antes del Movimiento de Salvación Nacional, que tenía 11. Además, entre los otros delegatarios había dos de la Unión Patriótica (Aída Avella y Alfredo Vázquez Carrizosa), que había surgido como partido un año después del acuerdo con las Farc de La Uribe (Meta) en 1984.
Elel que fue máximo jefe del M-19, Carlos Pizarro, asesinado el 26 de abril de 1990.
Tras el asesinato el 26 de abril de 1990 de Carlos Pizarro, exjefe máximo del M-19 y candidato presidencial de la AD M-19, fue el excomandante del M-19 Antonio Navarro Wolff quien se convirtió en candidato presidencial y en uno de los que conformaron la presidencia tripartita de la ANC, junto a Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional, y Horacio Serpa, del Partido Liberal.
Hoy, como senador, Navarro Wolff recuerda que en 1990 el país estaba al mismo tiempo en una crisis institucional, producto de la guerra de los narcos contra el Estado y la sociedad, y en un gran momento, marcado por el primer acuerdo de paz (con el M-19), “que daba posibilidades de poner la paz como un factor de profundización de la democracia”. La constituyente fue, para él, “la oportunidad de premiar la paz en términos de reconocer que un acuerdo requiere –al igual que hoy con las Farc- reestructurar reglas del juego del sistema que ha vivido en conflicto armado interno”.
El camino a la constituyente aceleró procesos con otras guerrillas, como el Epl, que firmó un pacto de paz el 15 de febrero de 1991, en el que aseguró dos delegados en la ANC. Por parte del Movimiento Armado Quintín Lame se desmovilizaron 157 personas el 27 de mayo de 1991 y su delegado en la constituyente fue Alfonso Peña Chepe. Como delegado del Partido Revolucionario dfe los Trabajadores (Prt), del cual se desmovilizaron 200 combatientes en enero de 1991, estuvo José Matías Ortiz.
El 28 de diciembre de 1990 la guerrilla del Prt firmó la paz. La desmovilización de 200 de sus hombres se concretaría en enero de 1991.
Álvaro Villarraga Sarmiento, desmovilizado del Epl y hoy director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, recuerda que en un congreso clandestino en 1980 esa guerrilla asumió la lucha política por encima de la lucha armada, aunque sin renunciar a la guerra. “En coherencia, el EPL participó en los diálogos con Betancur y dio prelación a opinar políticamente, a admitir que lo principal era la reforma social antes que la toma de poder por vía revolucionaria”.
Desde 1984, en el marco de la tregua con el gobierno de Betancur, el Epl enarboló la propuesta de una ANC, como condición para desarmar a las guerrillas y garantizar una paz duradera. Cuenta Villarraga que el Epl tenía como argumentos de fondo “rescatar la democracia directa, la soberanía popular, porque no existían las figuras de referendo, plebiscito, constituyente, consultas, revocatorio. También quería rescatar derechos y garantías, porque veníamos de un periodo donde primaba el estado de sitio y había detrimento de derechos, aunque estuvieran en la anterior Constitución. Y quería una reforma agraria, una reforma laboral y una reforma fiscal progresista”.
Las negociaciones con Betancur fracasaron, pero no la campaña por la ANC, a la cual se sumaron diferentes fuerzas políticas y movimientos estudiantiles. Dos mil hombres del Epl se desmovilizaron en marzo de 1991 y los dos voceros de esa guerrilla en la constituyente fueron Jairo Fajardo Landaeta y Darío Mejía. Villarraga recuerda que el Epl le entregó simbólicamente las armas a la constituyente, a delegaciones de la ANC con veeduría internacional. “Nos levantamos frente a la Constitución de 1886, pero las armas quedaron a disposición de la del 91. Se dejaron las armas y se hizo el monumento a la paz en Medellín”.
El 1 de marzo de 1991, mediante un acto simbólico, integrantes del Ejército Popular de Liberación entregaron sus armas.
¿Y qué lograron? Villarraga, por ejemplo, fue parte de la comisión legislativa de la ANC, de la cual salió, entre otras, la Corte Constitucional, varios tribunales de justicia, y se reglamentó la tutela. En general, dice él, se consolidó lo que el Epl buscaba: “se cambió el régimen político y se incluyeron buena parte de las propuestas, excepto algunas reformas. La constituyente no fue perfecta, aunque consagró derechos fundamentales y sociales. De manera general, surgió una de las constituciones más avanzadas del mundo y permitió consolidar guerrillas como proyectos políticos”.
La presencia del Quintín Lame en la ANC tuvo particular importancia, sobre todo por la presión que ejerció este movimiento para que se plasmaran los derechos de los pueblos originarios. En momentos, incluso, amenazó con retirarse si no quedaban consagrados esos derechos a plenitud.
El 27 de mayo de 1991 el Movimiento Armado Indígena Quintín Lame firma la paz y entrega las armas.
Para muchos, el Quintín Lame fue clave para abrir el largo camino hacia el respeto de los derechos de los pueblos originarios y la construcción de una nación “multiétnica y pluricultural”. Para el que fue su delegado en la constituyente, Alfonso Peña Chepe, esto no es tanto un gran logro, sino un enorme reto: “Sin duda en la Constitución quedaron plasmados derechos de indígenas y minorías étnicas, que no se reconocían en la Constitución anterior. Nuestra participación fue importante, pero hoy todo queda como letra muerta porque se sigue desconociendo”.
Algo cambió: la lucha por el reconocimiento de esos derechos ya no se hace por la vía armada. Hoy los desmovilizados del Quintín Lame, como Peña, juegan un papel importante en sus territorios como gestores de paz.
Así que estas guerrillas desmovilizadas se sumaron hace 25 años a la ANC. Los que antes habían estado alzados en armas ahora definían el futuro del país, eran parte del cambio político e institucional más importante de la historia reciente de Colombia. La constituyente sesionó hasta el 4 de julio de 1991, día en que proclamó la Constitución.
Aunque hoy para algunos es aterradora la idea de ver integrantes de las Farc en un escenario similar, la historia muestra que esto no es una tragedia, sino un paso necesario. Como dice Navarro Wolff, ante la desmovilización de una guerrilla del tamaño de las Farc, es importante recordar que “ningún proceso de desmovilización es posible si no se garantiza la participación de los desmovilizados en la transformación de la sociedad, de manera que se concreten de manera seria y efectiva los procesos de desmovilización y desarme”.