La Mesa Social para la Paz se lanzará oficialmente el 3 de noviembre

"Le faltó pueblo al Acuerdo de La Habana"

Seis representantes de diversos sectores sociales impulsan una plataforma para llevar la voz de la sociedad civil a las negociaciones con el Eln, defender los acuerdos con las Farc y visibilizar las agendas inconclusas en las regiones del país.

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Marylen Serna (izq.), Ismael Jaimes, Diana Sánchez, Víctor de Currea-Lugo y Jimmy Moreno, cinco de los seis líderes que impulsan la Mesa Social por la Paz.
Cristian Garavito

El pasado 30 de marzo, delegados del Gobierno y del Eln dieron a conocer los seis puntos de su agenda de negociación. Los tres primeros (participación de la sociedad, democracia para la paz y transformaciones para la paz) se centran en la necesaria participación de la sociedad civil. Tras el sorpresivo resultado en el plebiscito del 2 de octubre, la pregunta sobre cómo incluir de manera más efectiva a la sociedad para que sea tenida en cuenta en la construcción de la paz cobra la mayor relevancia.

Con este objetivo, organizaciones sociales impulsan la Mesa Social para la Paz, con el objetivo de que sirva como canalizadora de las propuestas que vengan de diferentes sectores sociales. Actualmente, seis personas están a cargo de su conformación. Se trata de Ismael Jaimes, líder social de Arauca y vocero del Movimiento Social y Político de Centro-Oriente; Diana Sánchez, de la Asociación Minga; el profesor Víctor de Correa-Lugo, de la Universidad Nacional, y, por parte del Congreso de los Pueblos, Jimmy Alexánder Moreno, Marylen Serna y el senador del Polo Democrático Alberto Castilla. Los seis hablaron con El Espectador sobre el ambicioso proyecto de llevar la voz de la gente a la mesa de diálogos.

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La preocupación por fortalecer la participación ciudadana se hizo mayor después del plebiscito del 2 de octubre. Según Jimmy Moreno, parte de lo que pasa hoy en el país se debe a que en el diálogo entre Farc y Gobierno hubo un vacío muy fuerte en cuanto a la participación. “El país urbanizado votó No porque no se sintió representado. Se debe abrir un ejercicio para una participación vinculante, es decir, para que lo que la gente proponga se convierta en política pública. El Estado tiene que ceder ante esto. Por ejemplo, las comunidades se vienen movilizado contra el modelo minero-energético. Cada día se profundizan esas movilizaciones, pero se insiste en el modelo. Si no se abre un diálogo, esos conflictos van a persistir, a pesar de la desmovilización de un grupo armado”.

El profesor Víctor de Currea-Lugo refuerza esta idea. Dice que, aunque es respetable el proceso de La Habana, no se puede ignorar que tuvo fallas. “Por ejemplo, Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, dice que las cajas de propuestas de la sociedad no fueron abiertas. Jesús Santrich ha dicho que recibieron una cantidad de propuestas que no fueron leídas. Creemos que la paz tiene que ser un proceso en el que la sociedad participe. La idea es plantear un debate de regiones, porque si las regiones no se ven, no podemos avanzar”.

Se trata de llevar las agendas inconclusas de los territorios para que se integren a la Mesa Social por las Paz y también al gran Diálogo Nacional que se viene planteando desde el plebiscito. En palabras de Diana Sánchez, de la Asociación Minga, cuando se mira a los territorios es evidente que existe un montón de acuerdos pendientes, de metodologías ya hechas, de organizaciones constituidas, hasta sentencias de la Corte Constitucional que no se han cumplido. “Esa agenda hay que sistematizarla. Es momento de que la sociedad la pueda discutir con el establecimiento. Ese es el aporte para sentarnos con el Gobierno y otros actores en un escenario de negociación. El Gobierno tiene la responsabilidad de la debacle del plebiscito. Pensemos que una negociación que de verdad incluya la agenda social no debería ser refrendada, porque la sociedad es legítima”.

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Marylen Serna explica que esta iniciativa viene fortaleciéndose desde 2013, cuando se hizo un primer encuentro al que asistieron alrededor de 20.000 personas. “Estuvo no sólo el Congreso de los Pueblos, sino muchísimas iniciativas de paz. Sacamos tres mandatos: primero, construir un movimiento por la paz, que recogiera la diversidad de la sociedad, no sólo del campo y la izquierda sino en general; segundo, construir colectivamente las propuestas que tiene la gente alrededor de sus problemas, democráticamente, y tercero, impulsar ese gran Diálogo Nacional, que es en lo que estamos ahora”.

La Mesa Social está planeada para ir más allá del proceso con el Eln. Se plantea que, además de llevar propuestas a Quito, sirva para defender los acuerdos de La Habana, sobre todo en los territorios que los quieren implementar, y para poner en la agenda pública las demandas no satisfechas en muchos territorios de Colombia.

La Mesa Social para la Paz hasta ahora no existe formalmente. Lo que hay es un comité de impulso de organizaciones y procesos. Diana Sánchez explica que al primer llamamiento fueron más de 65 organizaciones y se han sumado otras. Hay vetas grandes, como la ONIC, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica. El 3 de noviembre se lanzará oficialmente.

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