Presidencia dice que aun no ha recibido la misiva

La Oficina de Envigado pide pista para la paz

En una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, los grupos armados de la Oficina de Envigado pidieron ser incluidos en un proceso exploratorio para consolidar la paz urbana mediante la justicia transicional.

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Las Autodefensas Gaitanistas también manifestaron recientemente al Gobierno la necesidad de que las negociaciones de paz incluyan a todos los actores armados que han hecho parte del conflicto.
Foto: AFP

Vuelve y juega. Una vez más, una organización ilegal asociada al crimen y al narcotráfico pide pista al Estado para obtener la disolución de sus estructuras armadas a través de un procedimiento de negociación jurídica y política. En esta ocasión la propuesta provino de la Oficina de Envigado,una faceta del delito gestada desde los tiempos de Pablo Escobar Gaviria, que ahora quiere apostar por un “gran acuerdo nacional de paz”, basado en que la paz urbana es el complemento necesario al esfuerzo de la sociedad por la paz rural.

La fórmula se conoció esta semana y está avalada por la dirección colegiada de los grupos armados que integran la Oficina. Según sus promotores, así como se vienen incentivando mesas de negociación para alcanzar la paz con las Farc o el Eln, mediante “la aplicación de la justicia transicional”, plantean “una viable disolución política, legal y social de las estructuras armadas”, con el acompañamiento de la sociedad civil y las instituciones. La propuesta se hizo extensiva a las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Los grupos armados que integran la Oficina de Envigado sugirieron en su iniciativa que sea respaldada por la Iglesia católica, a través de monseñor Darío de Jesús Monsalve, que ya viene trabajando con organizaciones de la sociedad civil en temas de prevención y transformación del conflicto. De igual modo, plantean que también lo haga la exsenadora Piedad Córdoba por su amplia experiencia, así como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

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No es la primera vez que este tipo de iniciativas son planteadas al Ejecutivo u otras fuerzas del Estado. En los últimos tiempos, las propias Autodefensas Gaitanistas de Colombia u otras organizaciones, como Los Rastrojos o el Clan Úsuga, han planteado la posibilidad de desistir de sus actividades ilegales a cambio de un sometimiento a la justicia sustentado en procedimientos especiales contemplados en la ley. Durante la era de Eduardo Montealegre en la Fiscalía, se alcanzó a designar un mediador para tratar de negociar una eventual rendición de organizaciones criminales.

Revisando la historia reciente de Colombia y su larga confrontación armada, se constata que la búsqueda de mecanismos extraordinarios para el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales tampoco es una novedad de los últimos tiempos. Desde hace más de tres décadas, de manera simultánea a los esfuerzos del presidente Belisario Betancur por negociar la paz con los grupos guerrilleros, empezaron a aparecer propuestas para que el narcotráfico o el crimen organizado desactivaran su accionar a través de la negociación.

Cuando el ministro de Justicia Rodrigo Lara en 1983 comenzó sus denuncias contra el narcotráfico, los promotores del mismo plantearon por primera vez su idea de rendición a cambio de beneficios judiciales. Tras el asesinato de Lara, volvieron a insistir y luego de una reunión en Panamá reiteraron su propuesta al expresidente Alfonso López, quien la hizo llegar al presidente Betancur. En 1989, en pleno narcoterrorismo, se insistió en la fórmula a través del ministro Joaquín Vallejo Arbeláez.

Aunque ninguna de estas iniciativas se abrió paso, finalmente en 1990 el gobierno de César Gaviria concretó una política de sometimiento con amplia rebaja de penas, que permitió a una buena cantidad de narcos saldar sus cuentas con la justicia. En particular, Pablo Escobar terminó en una cárcel hecha a su medida para seguir delinquiendo. Tras la fuga de Escobar y pensando en las otras organizaciones ilegales, Congreso y Gobierno sacaron adelante la ley 81 de 1993, que meses después permitió a otros ilegales una vía expedita judicial.

Al tiempo que el presidente Ernesto Samper se defendía en el Congreso o el Proceso 8.000 ponía políticos en la cárcel por nexos con el narcotráfico, los capos de la droga maniobraban para resolver sus líos judiciales a través de las leyes de sometimiento. Al final de la era Samper, los paramilitares alcanzaron un preacuerdo para que se les reconociera condición política. Acreditándose como organización político-militar, la iniciativa se intentó también en el gobierno de Andrés Pastrana y terminó cuajando en la era de Álvaro Uribe.

De manera simultánea al accidentado proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas, a través de la Iglesia católica, los máximos jefes del cartel del norte del Valle alcanzaron a proponer en 2002 su sometimiento a la justicia a través de un procedimiento especial. La idea no prosperó, pero más de un narco terminó colado en las autodefensas para salir por el atajo de la ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz. Cuando llegó al gobierno Juan Manuel Santos, los capos del narcotráfico volvieron a intentar las fórmulas del pasado.

Entre 2010 y 2011, Diego Rastrojo, Javier Calle Serna alias Comba, o el Loco Barrera le plantearon al gobierno Santos desarmar sus ejércitos y acabar con el narcotráfico a través de una propuesta de sometimiento a la justicia. La idea tampoco prosperó, aunque tiempo después dio lugar a un escándalo y proceso judicial, porque nunca se supo qué pasó con 12 millones de dólares que supuestamente recibió el venezolano J. J. Rendón para sacar adelante la iniciativa. Tiempo después fueron las Autodefensas Gaitanistas.

En síntesis, la misiva de la Oficina de Envigado al gobierno Santos no es una novedad ni en su procedimiento ni en sus pretensiones. Es la reiterada fórmula de buscar una vía especial diferente a la penal ordinaria, para saldar cuentas con la justicia. Solo que esta vez se invocan los artículos 22 y 23 de la Constitución, porque la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y porque cualquier persona en Colombia puede presentar peticiones a las autoridades por interés general o particular.