La catedra de Perú en resolución de conflictos

¿Es indispensable que el Estado tenga una dependencia para la resolución de conflictos? Javier Caravedo Chocano, líder de Prodiálogo en Perú responde la pregunta y cuenta cuál fue la génesis de la iniciativa en su país que media en diferencias socio ambientales entre comunidades, gobierno y empresas extractivistas.

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Javier Caravedo Chocano, líder peruano del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (Prodiálogo).
Cortesía

Los conflictos internos que se han gestado en muchos países de América Latina coinciden en algunas de sus causas. En Colombia fue la tierra la que desató una sangrienta guerra de persecución contra los campesinos que buscaban ocupar tierras para dejar de ser esclavos de los terratenientes. En Perú pasó lo mismo desde 1958 cuando el movimiento campesino más importante por esos años en América del Sur marchó y ocupó miles de hectáreas en ese país. El resultado: el nacimiento de la guerrilla Sendero Luminoso en los años 70s.

“Tierra o muerte”, fue la consigna. Años después muchas de esas tierras junto a las baldías fueron inundadas por la gran minería. Transcurrían los primeros años de este siglo y la actividad extractivita se exacerbó en los territorios apartados de las grandes ciudades. El Estado estaba debilitado, nadie creía en la democracia y la minería privada seguía corriendo la cerca de los campesinos e indígenas.   

En medio de ese nuevo conflicto socio ambiental apareció la iniciativa Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (Prodiálogo), liderada por el abogado y experto en resolución de conflictos y Derecho Internacional Humanitario, Javier Caravedo Chocano. Estuvo en el Congreso Internacional de Resolución de Conflictos que este año se desarrolló en la Cámara de Comercio de Bogotá y hablamos con él de esta experiencia que tuvo su génesis en la sociedad civil.

¿Qué podría venir para Colombia en el tema minero energético en un escenario sin guerrillas?

Es un nuevo contexto y como todo cambio genera incertidumbres, muchos temores y vacíos de poder, deben generarse espacios para poder replantear muchas cosas, entre ellas, la actividad económica del país y qué hacer con los espacios donde hay recursos naturales atractivos en términos de su aprovechamiento. El Estado colombiano va a tener que hacer presencia rápida, clara, con un rol claro para establecer algún nivel de autoridad y de reglas de interacción entre los actores. Y también atender a una ciudadanía que está a la expectativa del cambio.

¿Cómo surgió Prodiálogo en Perú?

En el año 2000 empezó la nueva conflictividad sociambiental. En el Perú era como una especie de posconflicto armado interno. En esa época eran dos las instituciones que trabajaban el tema de la conciliación en el Perú: Cescon (Centro Peruano de Prevención y Resolución de Conflictos) e Iprecon (Instituto Peruano de Resolución de Conflictos, Negociación y Mediación). En ese contexto, y ante el surgimiento de esta conflictividad socio ambiental decidimos participar y construir un proceso de diálogo multiactor en el ambiente de las industrias extractivas.

¿Quiénes hacen parte de ese diálogo?

Es un espacio de dialogo multiactor donde participan representantes de empresas, comunidades, líderes sociales donde hay presencia de la actividad minera, el Estado, ONGs, academia, entre otros. Es un escenario que congrega a más de 400 actores y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestra practica de mediación, de intervención a nivel local alrededor de proyectos extractivos en distintas zonas del Perú.

Dónde están los conflictos socio ambientales en Perú, en la minería ilegal o en la de las empresas transnacionales.  

Es una realidad distinta a la colombiana. De hecho, según los reportes de Defensoría del Pueblo de Perú, que es una de las instituciones del Estado peruano que mantiene un importante nivel de legitimidad y ha tenido niveles de mediación en esos conflictos, entre el 50 y 60% de los conflictos sociales en el Perú son de naturaleza socioambiental (desde 2004 hasta el día de hoy), y, de estos, entre el 70 y 80% son de naturaleza minera, sobre todo con empresas mineras que tienen concesiones formales.

Teniendo en cuenta que la problemática en Perú está concentrada en la minería con transnacionales, ¿qué tipo de conflictos encontraron con estas comunidades en esos territorios donde hay presencia de multinacionales extrayendo metales?

Hay conflictos de resistencia a la presencia de la empresa, sobre todo, cuando la minería se hace en cabecera de cuenca por una preocupación en el acceso, uso y manejo de los recuerdos hídricos de las comunidades. Este tema impactó el modo de vida en los pueblos originarios, había problemas por acceso a beneficios como el empleo, disputas por ser proveedores locales de las empresas y por la forma de trato que tienen estas compañías con las comunidades.

¿Qué tipo de estrategias utilizaron para tender puentes entre comunidades y empresas?

La estrategia fue construir redes, las cuales se apoyan en nodos y estos con funcionarios comprometidos del sector empresarial y el Estado, que tengan una política de responsabilidad social seria. En casos concretos, un funcionario podía asumir esa voluntad, ese compromiso y podía ser el punto de apoyo. Pero de ahí en adelante había que construir a nivel local. Presentarse con las autoridades comunales, a veces podíamos entrar porque nos convocaba una ONG, una autoridades estatal del nivel local o a través del punto de apoyo de una empresa, pero siempre vamos con una determinada ética, enfoque y metodología.

¿Cuál es el resultado que han obtenido en todo este tiempo?

Desde la sociedad civil nuestro aporte es limitado, lo que hacemos es generar experiencias, generar conocimiento, prácticas metodológicas y algo importante fue que ayudamos a crear en el Estado peruano una institucionalidad para la prevención y la gestión de conflictos. Desde la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, del Interior, de educación, en fin, todos los sectores estatales nacionales han ido desarrollando en Perú una dependencia que se encarga de resolver conflictos.

En Colombia hay un contexto de resistencia decidida de las comunidades para que esos proyectos no se hagan en sus territorios y del lado del Gobierno ese es un tema vedado para debatirse porque es la política de desarrollo económico que escogió el Ejecutivo.

Es sumamente complejo, en el Perú hay dos casos emblemáticos de dos grandes proyectos mineros parados hoy. Es el caso de Conga en Cajamarca en el norte del Perú, con el cual cayeron dos gabinetes ministeriales. El otro es el caso Diamaria en el sur del país. No puedo decir que en Perú todo esté solucionado, lo que hay es alguna experiencia de acuerdos consensuados entre comunidades, Estado y empresa.

Por ejemplo, ¿cuál?

Hay casos como el de Constancia en Cusco. Cuando tuvimos la oportunidad de participar apenas empezaba el proyecto de exploración y en ese momento logramos un nivel de diálogo después de una situación de conflicto. Ese diálogo fue creciendo en una zona históricamente conflictiva por la minería, pero no está exonerada de conflictos, es que la naturaleza de estas relaciones son las tensiones y conflictos, y la tarea es que eso no desemboque en una ruptura y luego en violencia. No hay que olvidar que el conflicto es un motor de cambio social.

¿Es indispensable que el Estado tenga una dependencia para la resolución de conflictos?​

Por su puesto. En Colombia debe haber un diálogo sincero a nivel de la agenda pública nacional. Esos diálogos de los temas de fondo son importantes: la consulta previa, la participación ciudadana y el ordenamiento territorial. El diálogo no será para hacer cosas que estén más allá de lo legal. Muchas veces, conversando con colegas que están en el movimiento de derechos humanos, tienen una preocupación válida, y es el tema de la negociación y las asimetrías de poder que hay entre las comunidades y las empresas o el Estado.

¿Cuál es el principio para una exitosa negociación?

Ahí hay que diferenciar el tema dos conceptos: diálogo y negociación. La negociación es tras la búsqueda de acuerdos para encontrar beneficios mutuos en torno a determinados recursos. El diálogo va un poco más allá, tiene que ver no solo con el tema de acuerdos, sino, principalmente con acercamiento a los actores, construcción de puentes de confianza y analizar los distintos puntos de vista, porque soluciones simples no existen.