Jesús Santrich y la huelga de hambre de los presos de las Farc

El líder guerrillero se unió a la huelga de hambre que hacen miles de miembros de las Farc en las cárceles a la espera de ser beneficiados con la Ley de Amnistía.

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El líder de las Farc “Jesús Santrich” dice que no hay seguridad jurídica ni personal para los excombatientes./ Óscar Pérez - El Espectador

Jesús Santrich no va a comer durante varios días. Al menos no hasta que miles de excombatientes de las Farc sean beneficiados por la Ley de Amnistía que el Congreso aprobó en diciembre de 2016. El comandante guerrillero se sumó a su huelga de hambre.

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“Jueces y fiscales siguen aplicando el derecho penal del enemigo, haciendo valoraciones jurídicas erradas, denegando el acceso a la justicia, prevaricando y usurpando así las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el órgano que deberá calificar al respecto”, escribió Santrich en la carta que anunciaba su adhesión a la protesta que se ha extendido por decenas de penales del país. Ayer se realizaron plantones en Popayán, Cúcuta, Ibagué, Bogotá, Barranquilla, Valledupar, Medellín y Pereira, entre otros, para protestar por la lenta implementación de la llamada seguridad jurídica de los insurgentes.

En entrevista con El EspectadorSantrich, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, lanzó duras críticas al Gobierno por los incumplimientos en la implementación de lo pactado en La Habana.

¿Cuántos guerrilleros faltan por salir de las cárceles?

Son unos 3.400 reconocidos por las Farc y sólo 837 han sido liberados, trasladados a las zonas veredales o puestos en libertad condicional. Faltan muchos por salir, y desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz faltan 900 certificaciones.

¿Por cuáles crímenes están condenados quienes están a la espera del indulto?

La mayoría son por rebelión y delitos conexos, es decir, están cobijados por la Ley de Amnistía e Indulto. Pero también los que no son indultables deberían salir con libertad condicional, tal y como se acordó en La Habana, y quienes no cumplen los requisitos ni para una ni para otra deben ser trasladados a las zonas veredales. Estamos viendo por parte de los jueces de ejecución de pensar una actitud de denegación de la justicia, que no es frenada por parte de ninguna instancia en el Estado.

¿Ya hay respuesta por parte del Gobierno?

Esto sólo tiene tres días. Estábamos en la fase de culminar la dejación de armas, entonces no he tenido noticias de cuál sea la repercusión de la huelga, pero hay más de 1.400 guerrilleros que están en protesta. Ya hay compromisos que están en actas. Ahí se dice que el Estado, incluyendo las cortes, acelerarán los procesos de liberación. Todavía no hay nada, ni siquiera una decisión sobre el tipo de procedimiento administrativo que permita cumplir lo acordado. Eso es una grave violación al principio de pacta sunt servanda, a la buena fe del Acuerdo, que tiene connotaciones nacionales e internacionales.

Y eso se suma al incumplimiento en la construcción de zonas veredales…

Ese es el primer gran incumplimiento. Después de seis meses, la mayor parte de las construcciones no están terminadas y en las que ya existen se viven situaciones tan deplorables que parecen campos de refugiados. El Acuerdo tiene características de estar en etapa de renegociación: hay inseguridad jurídica, no hay condiciones de seguridad personal, porque el paramilitarismo ha rodeado las zonas veredales, y tampoco hay garantías de tierras para adelantar procesos productivos que permitan la supervivencia de excombatientes y la comunidad.

¿A qué se refiere cuando dice que el Acuerdo está en renegociación?

Se ha implementado normativamente, sin embargo, hay mucho que está en vilo, porque está en manos de una Corte Constitucional que tiene cierta tendencia a no permitir que avance el desenvolvimiento de los acuerdos. Por eso digo que hay una renegociación. Todavía no hay una hectárea de tierra que haya sido restituida o formalizada por cuenta de los acuerdos.

Ahora viene la entrega de caletas y del listado de bienes. ¿Se pueden comprometer esos procesos si no hay beneficios de la Ley de Amnistía?

Nosotros nunca hemos condicionado nuestros compromisos. Hemos dicho que tiene que haber concomitancia, integralidad y simultaneidad, pero lo que vemos es que nosotros cumplimos todo, incluso está garantizada la extracción de las caletas, está definida la ruta para el listado y registro de bienes, pero no está garantizado el cumplimiento por parte del Estado, ni siquiera la vida de los excombatientes que pasan a la legalidad. La guerra sucia sigue: hay dirigentes populares asesinados, también militantes de las Farc o sus familiares. Lo único que tenemos garantizado es un par de tiros en la cabeza.

Es decir, ¿las Farc firmaron un cheque en blanco?

Se supone que en el momento en que se suscribió el Acuerdo estaba la ruta clara, nítida. Lo que pasa es que se contaba con que era un compromiso de Estado, no de Gobierno, pero se ha producido un incumplimiento de la política de Estado. Nosotros tenemos todo claro porque está pactado y hay principios, como el de la buena fe. Hay un ordenamiento constitucional que te dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, entonces, lo que habría es un desconocimiento, incluso del orden y los principios normativos de carácter internacional.

¿Cómo ve el panorama político en el Congreso para la aprobación de proyectos de paz?

El tema es de Estado. Nosotros no podemos ir a los avatares del interés parlamentario o de cada juez. Debe haber una concepción clara de país y de democracia. Si la democracia es el desconocimiento a la palabra, estaríamos marchando hacia el abismo, no tendríamos ninguna garantía del Estado de derecho en el país.

¿Cómo avanzan las Farc hacia la creación de su partido?

Tenemos una militancia fuerte, cohesionada, disciplinada, formada, que, a pesar de los inconvenientes, tiene una extraordinaria voluntad de paz. Por eso siguen los debates en los campamentos sobre las tesis del partido, la construcción programática, de los principios y los fundamentos de funcionamiento, sobre las políticas de alianza. Todos se están preparando para el congreso que debe realizarse en agosto y dar el salto a la legalidad, porque efectivamente hay un acto legislativo que permite tomar el camino hacia la construcción de un partido abierto.

¿Qué elementos los pueden diferenciar de los partidos de izquierda que existen?

La determinación de paz y vocación de reconciliación. Eso es fundamental. Lo segundo es la visión de una nueva forma de hacer política, no sólo en el parlamento sino en la calle, la vereda, con la gente. Lo tercero, la concepción de un camino constituyente que haga reformas estructurales en el país.