Sigue la espera por la liberación de Odín Sánchez

En Quito la mesa está lista, la silla está vacía

Aunque la mesa de diálogos entre el Eln y el Gobierno no se instaló en Quito, la sociedad civil sí asistió para presentar la propuesta de cómo sería la participación social en este proceso de paz. El Espectador conoció detalles del documento.

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La mesa de diálogos entre Gobierno y Eln no pudo ser instalada el pasado jueves en Quito como estaba previsto.
/ AFP

La imagen fue contundente. La mesa lista, los micrófonos dispuestos, las sillas vacías y el salón de la Capilla del Hombre en Quito (Ecuador) sin asistentes. Por lo menos 400 invitados nacionales e internacionales, cancilleres, representantes de organizaciones sociales y periodistas se quedaron el pasado jueves esperando que se diera una cita trascendental en el capítulo de los procesos de paz en Colombia: la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la guerrilla del Eln. Fue el cierre de una semana convulsa que arrancó llena de expectativas y anuncios de parte y parte que dejaban ver un ambiente favorable para el inicio de la negociación anunciada en Caracas el 30 de marzo pasado. Sin embargo, contra todos los pronósticos, el hecho no se dio.

La talanquera corrió por cuenta de la no liberación –por parte de esa guerrilla– del político chocoano Odín Sánchez Montes de Oca, en cautiverio desde el pasado 3 de abril, cuando se canjeó por su hermano el exgobernador de ese departamento Patrocinio Sánchez.

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No es un tema menor. El secuestro ha sido uno de los puntos críticos y en varias ocasiones ha impedido que el proceso con el Eln avance de forma segura. Es uno de los inamovibles del presidente Juan Manuel Santos quien ya había puesto como condición para iniciar los diálogos la liberación de todos los secuestrados en manos del Eln. Por eso el jueves, al no tener noticias de Odín Sánchez, ordenó al equipo negociador del Gobierno suspender el viaje a Quito y dejar en stand by la mesa de diálogos.

Fue el primer traspié de una seguidilla de sucesos que tienen en vilo el proceso. Pocas horas después de conocerse la decisión del Ejecutivo, hombres del frente Domingo Laín Sáenz asesinaron a dos camioneros en un retén instalado en la vereda Caranal, en la carretera que de Fortul conduce a Tame, Arauca.

Un día después, el jefe de la delegación de paz del Eln, Pablo Beltrán, entregó una fuerte declaración durante una entrevista con Blu Radio, en la que les salió al paso a las críticas por el caso de Sánchez Montes de Oca y evitó asumir responsabilidades por la muerte de los dos conductores en Arauca. “Nosotros vamos a cumplir con liberación de Odín Sánchez, no somos faltones”, manifestó insistiendo en que el tema nunca estuvo planteado en los preacuerdos para instalar la mesa de negociación y que el plan inicial era que la liberación se diera en el transcurso de la primera ronda de diálogos programada para comenzar el próximo 3 de noviembre.

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Beltrán incluso se fue lanza en ristre contra el jefe del equipo negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, a quien tildó de novato y acusó de no saber lo que se estaba negociando y hablar sin fundamentos.

Con ese panorama, la semana concluyó en medio de más incertidumbres que certezas. Si bien Restrepo aseguró que el operativo de liberación de Odín Sánchez ya está en proceso, el ataque de Arauca y las palabras de Beltrán dejaron un sinsabor y la sensación en la opinión pública de que una vez comience el diálogo tomará más tiempo del calculado llegar a consensos. De hecho, hay quienes creen que ambos episodios son muestra de que dentro de la guerrilla no hay total unidad en torno al proceso. Pero el mismo Beltrán se encargó de descartar esa versión, señalando que muestra de que hay unidad es la liberación de varios secuestrados en el departamento de Arauca en los últimos meses.

Sin embargo, desde el Congreso también han advertido sobre la posibilidad de que la eventual liberación del político chocoano sea producto de un pago y no una muestra de la voluntad del Eln para acabar con la práctica del secuestro. “Ojalá el Eln nos diga la verdad. ¿La liberación de Odín Sánchez es por un pago de dinero o por el proceso de paz?”, dijo el senador y codirector del Partido de la U Armando Benedetti, luego de que el mismo Patrocinio Sánchez reconociera que su familia ha entregado a la guerrilla más de $1.000 millones.

Lo cierto es que actualmente en el país y en Quito se respira un aire de zozobra. Ahora, además de la espera de lo que suceda con Odín, se suma también la urgencia de recuperar la confianza y tender puentes entre las partes negociadoras, que lucen distantes para sentarse a hablar de paz.

La propuesta de la sociedad civil a la mesa de Quito

Entre tanto, y mientras se resuelve la crisis de la mesa de Quito, organizaciones sociales siguen moviéndose en torno al tema clave de estos diálogos: la participación ciudadana. En Ecuador estuvieron 14 delegados del Comité de Impulso del Diálogo Nacional por la Paz, quienes iban a presentar a las partes –durante la instalación– la propuesta inicial sobre cuál sería el mecanismo para la inclusión de la sociedad civil en los diálogos.

Aunque no se dio el encuentro, la comisión regresó el sábado a Colombia para seguir trabajando en el proyecto y presionar para que se descongele el proceso. “Uno de los problemas que evidencia la actual crisis es la falta de mecanismos de comunicación entre las partes, y entre éstas y la sociedad. La participación y la legitimidad del proceso dependen de un flujo de comunicación respetuoso, oportuno y transparente. Esperamos que las formas y espacios de participación de la sociedad sean más precisos, de tal manera que recojan el espíritu al que nos invitan Gobierno y Eln, en la agenda propuesta en marzo de 2016”, señalaron a través de un comunicado en el que insistieron en la necesidad de que el proceso comience con un cese de hostilidades.

No obstante, El Espectador conoció el borrador de la propuesta de las organizaciones sociales que contiene la hoja de ruta de cómo participarían los colombianos en las discusiones de la mesa.

La idea tiene como base la premisa de que la paz debe pasar por una agenda social que reconozca las necesidades no resueltas por el Estado y que derivaron en el conflicto. De acuerdo con el Comité de Impulso del Diálogo Nacional por la Paz –en el que hasta ahora convergen campesinos, indígenas, afrodescendientes y organizaciones surgidas tras el plebiscito, como La Paz se Moviliza–, el mecanismo principal de participación podrían ser los cabildos abiertos desde lo municipal hasta lo nacional.

Si bien se trata de un texto en construcción –porque esperan se sumen las propuestas de partidos políticos, empresarios, iglesias y otros ciudadanos–, ya plantea puntos principales sobre todo lo que se refiere al tercer punto de la agenda: transformaciones para la paz. Para ello, proponen que luego de que las partes acojan la iniciativa, sea el Gobierno el que le dé peso político y jurídico a través de una especie de decreto o mandato que les permita blindarse a futuro como mecanismo de participación y refrendación.

Según el documento, el objetivo es crear una Comisión de Diálogo Nacional que será la encargada de realizar las convocatorias, coordinar la participación de la ciudadanía, hacer un proceso de sistematización y administrar los recursos que –a su juicio– tendrá que destinar el Gobierno para su funcionamiento. A nivel territorial lo que se propone, según Juan Houghton, miembro del Comité de Impulso, es que se conformen comisiones en cada uno de los municipios del país para que al menos haya un cabildo abierto que concerte propuestas en cada localidad. Dichas conclusiones llegarían luego a la instancia regional para su discusión. “Lo local produce insumos para la deliberación regional y para ajustar los planes de desarrollo. Ahí discutiríamos la agenda nacional acordada y la metemos a lo territorial. Y luego viene el cabildo nacional para la paz, con 400 delegados más o menos, que deberá producir pactos políticos y declaraciones que influyan en las políticas públicas y decisiones de Gobierno”, explica Houghton, aclarando que dichos acuerdos de la sociedad deberán ser vinculantes en la mesa de Quito.

La propuesta concuerda con lo que ha dicho el Eln en el sentido de que, mientras ellos y el Gobierno abordan asuntos como justicia, dejación de armas y cese al fuego, la sociedad delibere y se pronuncie sobre temas como la transformación de la democracia. “Si producimos una política pública en materia minero-energética, un acuerdo de justicia ambiental o un acuerdo de transformación de las Fuerzas Militares –en el cual estén sectores diversos de la sociedad–, no hay ninguna razón para que el Gobierno y el Eln no los entiendan como mandatos de la sociedad que ellos deben refrendar”, insiste Juan Houghton.

Aunque el Gobierno en la negociación con las Farc insistió en la necesidad de que el acuerdo se diera en el menor tiempo posible –aun cuando duró cuatro años–, en el caso del Eln ha quedado claro que la premura no marcará la discusión, pues lograr consensos nacionales entre comunidades, partidos políticos y empresarios no será una tarea fácil. “Entendemos que la coyuntura del gobierno de Santos tiene ciertas características que hay que tener en cuenta, entre ellas, la disposición explicita de construir un acuerdo con participación de la sociedad. Sin embargo, pensamos que hay que contemplar la posibilidad de que este proceso involucraría al próximo Gobierno. Estamos convencidos de que hay que poner un tiempo, pero no se debe circunscribir al que le falta al presidente”.

En el fondo la propuesta está encaminada a crear condiciones necesarias y una hoja de ruta clara y específica para evitar que la sociedad termine siendo una convidada de piedra, como lo explica Olimpo Cárdenas, también integrante del Comité de Impulso del Diálogo Nacional: “La participación de la sociedad no puede ser una especie de botadera de corriente o una tertulia, sino una participación eficaz, que incida en la realidad de las personas y permita llegar a acuerdos entre los distintos actores de la sociedad y el Estado”.

Así las cosas, en el debate de la sociedad civil lo que se espera por parte de las organizaciones sociales es que, incluidas las propuestas de los sectores de oposición, también se discutan de fondo temas que no quedaron explícitos en la agenda oficial de negociación, como una nueva política minero.energética, planes de desarrollo regionales, puntos que quedaron en el congelador durante los diálogos de La Habana, y los acuerdos de los últimos paros agrarios, muchos de los cuales siguen sin cumplirse.

Por lo pronto, el Comité de Impulso ha avanzado abriendo canales de diálogo. De hecho, la delegación de paz de la guerrilla respondió el pasado 18 de octubre una carta que las organizaciones sociales les enviaron expresando su intención de ser actores cruciales en los diálogos. El Eln sostuvo que no sólo estaban dispuestos a escuchar propuestas y aportes al proceso de participación, sino que además las convocó “a que se conviertan en multiplicadores de esta iniciativa, extendiéndoles este saludo y la propuesta de participación a todas aquellas organizaciones y personas que consideren esto fundamental para construir un país democrático y en paz”.

Asimismo, el viernes el comité se reunió en Quito con diferentes organizaciones sociales de Latinoamérica –el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, el Frente Popular Darío Santillán de Argentina, tres capítulos del Congreso de los Pueblos en el continente, Vía Campesina de Ecuador, Censat Agua Viva, la Fundación Rosa Luxemburgo, entre otras– para pedirles que rodeen el proceso de paz y respalden la participación del constituyente primario.

Se trata de una urgencia que no es nueva en la agenda política del Eln. La idea de posicionar a la sociedad civil como eje central de los diálogos ha sido una insistencia histórica de la guerrilla, marcada por la necesidad de convocar a todos los sectores de la sociedad en un espacio de discusión y debate del que surjan propuestas concretas que puedan ser puestas en marcha por el Estado.

Durante los acercamientos con el gobierno de Ernesto Samper, por ejemplo, la iniciativa tuvo eco bajo la denominación de la Convención Nacional, consignada en el acuerdo de la Puerta del Cielo. “Por Convención Nacional entendemos un proceso con varios espacios de diálogo, con capacidad propositiva por parte de representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla que participe. Buscará elaborar las bases de un acuerdo político de reformas y transformaciones sociales, con miras a la democratización del Estado y la sociedad”, señalaba el documento suscrito en Wurzburg (Alemania) el 15 de julio de 1998.