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Hace tres meses, cuando la expectativa se centraba en el 23 de marzo como fecha de la firma definitiva de un acuerdo entre el gobierno Santos y las Farc para el fin del conflicto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) dio a conocer un documento que toma gran relevancia ahora que se anuncia el cierre del punto tres de la Agenda, que incluye los considerados temas más trascendentales de la negociación: cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de armas, reincorporación de los guerrilleros a la vida civil con garantías de seguridad y esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo.
En su análisis, y de cara a ese proceso de desarme y desmovilización, Adam Isacson, coordinador en WOLA del Programa sobre Seguridad Regional, señalaba diferentes cuestiones que deben ser abordadas para asegurar un exitoso cese del fuego. Y una es la concentración de las fuerzas guerrilleras. Se llamarán “zonas veredales transitorias” y, según lo anunciado, serán 23, además de 8 campamentos. Las reglas de juego señalan que a partir del “Día D” más uno (es decir, tras la firma del acuerdo definitivo), la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo para facilitar el desplazamiento de las estructuras de las Farc a dichas zonas y, cinco días después, los frentes guerrilleros se movilizarán hacia ellas.
Las zonas serán territoriales, temporales y transitorias. Cada una contará con equipos de monitoreo local, facilidades de acceso y sus límites corresponderán a los de la vereda donde se ubicarán, que podrán ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo. Queda claro que no estarán cerca a los centros urbanos y la idea es que tengan una extensión razonable para permitir el monitoreo y verificación, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno (un río o una montaña, por ejemplo). Además, la salida de combatientes deberá hacerse sin armas y de civil, y tanto el Gobierno como la guerrilla se comprometen a que no haya ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles y la vida de las comunidades.
A primera vista, el que sean 23 facilita la verificación del cese del fuego. En el anuncio de este jueves no se habló de dónde quedarán, pero se supone que será en las regiones donde históricamente han tenido influencia las Farc. El reto del Gobierno tiene que ver con el vacío de seguridad que puede quedar ahora en dichas regiones. Se debe tener la capacidad de llenarlas lo más rápido posible con la presencia institucional del Estado, para prevenir una competencia violenta entre grupos criminales armados —bacrim, Eln o crimen organizado— por el control de corredores de tráfico de drogas, minería ilegal y otras formas de ingresos ilícitos. La pregunta es: ¿tiene el Gobierno un plan multiagencia y bien financiado para cumplir con eficiencia esta tarea? Y un riesgo adicional: la posibilidad de que algunos miembros de las mismas Farc sigan participando en el tráfico de drogas.
El acuerdo implica que en un perímetro de un kilómetro alrededor de las zonas veredales transitorias no podrá haber ni unidades militares ni de las Farc; por tanto, otro desafío está en evitar que las fronteras de dichas áreas se vuelvan porosas. El temor es que un incidente violento pueda descarrilar el proceso del posconflicto. En este sentido, anunciado el acuerdo sobre fin del conflicto, la urgencia es implementar planes de protección que requieren un alto nivel de recursos, personal, voluntad política y creatividad. Y aquí se hace fundamental el apoyo internacional.
Otra duda está en torno a comunidades que quedarán aledañas a las zonas. Es claro que estas necesitarán de quién les provea de servicios, y así se diga que no pueden estar cerca de centros urbanos, casi que obligatoriamente tendrán que quedar aledañas a comunidades que cumplan con esa tarea. Por otra parte, en algunas regiones, como la costa Pacífica, es muy probable que miembros de las Farc se concentren en áreas de consejos comunales afrocolombianos y resguardos indígenas. Y el problema es que estas comunidades no han sido consultadas sobre estas decisiones y en la reforma a la Ley de Orden Público —que habilitó la posibilidad de instalar esas zonas de concentración— ello ni siquiera fue incluido.
Está claro, como lo sugiere un documento de análisis de la Fundación Ideas para la Paz, que la participación de la población será clave, pero también que se le debe involucrar antes de la instalación a través de mecanismos de consulta, socialización y sensibilización. Dadas las tensiones que puedan derivarse de la creación de estas zonas, es indispensable informar y escuchar a la población civil, por lo que se sugiere tener en cuenta, dentro de la reglamentación de la norma, mecanismos periódicos de consulta y rendición de cuentas.
“Una de las claves del éxito de las labores de verificación de las zonas de concentración dependerá de que se establezcan, desde el comienzo, reglas de juego transparentes, pero sobre todo de la forma en cómo se rinda cuentas a los colombianos sobre los avances y resultados del proceso. Para esto será esencial que haya claridad sobre el mandato de la organización encargada de hacer la verificación y también de la activa participación de las autoridades locales, de las organizaciones de la sociedad civil y de la población que se vea directa o indirectamente afectada por la instalación de ellas”, concluye el análisis.