“El campo debe oler a equidad”: director de la Agencia Nacional de Tierras

Miguel Samper, jefe de esa cartera reveló que hay siete zonas de reserva campesina en trámite y 2,5 millones de predios en el país que requieren una intervención para definir quién es el propietario.

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La política de acceso a la tierra ha permitido, mediante la adjudicación de baldíos, el acceso a 23 millones de hectáreas para las familias campesinas.
David Campuzano

Al fin de cuentas, ¿cuántos terrenos baldíos hay en Colombia?

Hay dos deudas históricas que tiene la institucionalidad con el país rural. Una: saber cuál es el inventario de baldíos y dónde están. Antes de 2015 se presumía que todo terreno que no tuviera dueño era del Estado y correspondía a un baldío, pero ahora lo que se debe hacer es registrar a nombre del Estado. La segunda deuda es determinar en manos de quién está la tierra que se ha obtenido en contra de la ley para pasar a recuperarla. Esos terrenos servirán para un programa de acceso masivo de cara al posconflicto.

O sea, no hay cifras concretas...

Se está construyendo el inventario. Históricamente, la política de acceso a la tierra ha permitido, mediante la adjudicación de baldíos, el acceso a 23 millones de hectáreas para las familias campesinas. Otros mecanismos, como los subsidios o la adjudicación de bienes que se le han quitado al narcotráfico, ha permitido el acceso a 1,2 millones de hectáreas. La comparación demuestra que la política más efectiva de acceso a la tierra es la adjudicación de baldíos y debe estar enfocada en materializar los derechos de los campesinos, porque ello no sólo abre la puerta al desarrollo rural sino que además vuelve a convertir la tierra en un factor productivo para la sociedad al estar en manos de quienes sí saben explotarla.

Se habla mucho de acumulación. ¿Cuáles son las cifras?

La mitad de la tierra en Colombia está en manos del 1 % de los propietarios, y como la paz se construye en el campo, lo que debemos hacer es que esa política de acceso tenga un enfoque redistributivo. La tierra no sólo debe producir alimentos sino equidad y acercamiento con las comunidades étnicas y los demás campesinos. El campo, en un escenario de posconflicto, debe volver a oler a equidad.

¿Cómo avanzar en el proceso de clarificar la propiedad de la tierra de un campesino que lleva décadas allí pero no tiene un documento que lo acredite?

Esa es la nueva herramienta con que cuenta la Agencia Nacional de Tierras. Antes, el Estado se quedaba esperando a que llegara el campesino a pedir que le formalizaran su tierra o le adjudicaran un baldío. Ahora, la Agencia está saliendo a los territorios a formalizar la propiedad. Vamos en una metodología de barrido, predio por predio, definiendo la situación, y no nos movemos hasta que se define quién es el dueño de qué.

¿Es esa la hoja de ruta para poner en marcha el acuerdo de La Habana?

La paz tiene los pies sobre la tierra. Si no se define el tema de la propiedad rural, no va a llegar el desarrollo. En el posconflicto, el país debe voltear a mirar a los campesinos y al desarrollo agrario, y esto sólo se consigue si primero se ha definido la propiedad sobre la tierra. Una vez se haga, entrarán las demás medidas de desarrollo rural del primer punto de La Habana.

¿Cuántos predios presentan problemas?

Se ha encontrado que hasta 2,5 millones de predios en el país requieren una intervención para definir quién es el propietario. Es ahí donde debe realizarse un trabajo de formalización para solucionar los conflictos.

Se habla también de un enfoque de género en esa formalización. ¿Qué se está haciendo?

Hemos encontrado que hay dificultades en información y otros obstáculos legales que remover para garantizar un mayor acceso de las mujeres campesinas a la tierra. De todas las solicitudes de adjudicación de baldíos, sólo el 30 % son de mujeres, por eso debe suministrárseles mayor información, capacitar a los funcionarios para que promuevan que las mujeres soliciten esos títulos y flexibilizar los requisitos para que las mujeres puedan demostrar el trabajo realizado sobre la tierra y su intención de explotarla.

La Ley Zidres, que acaba de ser reglamentada, ha generado mucha controversia, incluso en La Habana. ¿Cuál es la realidad?

Es una norma que se ha satanizado porque se piensa infundadamente que promueve el despojo de los campesinos, cuando la realidad es que se puso en marcha para unir, en unas zonas focalizadas, la inversión privada y el gran empresario del campo con el pequeño y mediano propietario. Tanto es así que se recortan los requisitos a los campesinos para acceder a baldíos que estén en esas zonas.

¿Por qué, entonces, los críticos advierten de un despojo a los campesinos?

Hoy en día la tierra es un factor de unión cuando antes era algo que generaba divisiones. La visión de futuro permite precisamente que haya esa convergencia de la explotación, con el músculo financiero de los grandes empresarios y la pequeña propiedad rural.

Otro tema neurálgico son las zonas de reserva campesina. ¿Cuál es la posición del Gobierno?

Han sido cuestionadas porque se piensa que allí se pueden constituir repúblicas independientes y que pueden terminar en zonas de despeje, cuando en realidad la filosofía de esta política es simplemente evitar que haya acumulación de tierras y permitir una intervención focalizada e integral del Estado. Cada zona tiene un plan de desarrollo que implica promover infraestructura, salud y educación.

¿Cuántas zonas de reserva campesina hay actualmente en el país y cuántas están en trámite?

Hay seis constituidas y se están tramitando otras siete. La Agencia Nacional de Tierras está descongelando estos trámites para transmitir un mensaje de tranquilidad de que sólo buscan desarrollo y derechos de una manera compatible con progreso para todos.

¿Por qué sigue vivo el imaginario de que son repúblicas independientes?

Ciertos sectores han querido politizar el tema, satanizando todas las figuras existentes para organizar los temas de tierras.

¿Y las tierras usurpadas por las Farc?

Todos los grupos armados al margen de la ley han acumulado indebidamente baldíos, que se van a recuperar. El Fondo de Tierras que operará en el posconflicto se debe nutrir de la extinción de dominio, la recuperación administrativa de la acumulación indebida de baldíos y la actualización de lo que hoy está en reserva forestal, porque la frontera agrícola se ha venido moviendo con el paso de los años.

Pero ¿se espera que la guerrilla devuelva las tierras?

No, el proceso de extinción de dominio sigue su curso y a la fecha hay incautadas cerca de 60.000 hectáreas en los Llanos Orientales que provienen de los grupos armados al margen de la ley y que van a servir para la estrategia de distribución equitativa en términos de reducir la concentración de la propiedad.

¿Cómo garantizar la no repetición de la violencia en esos baldíos que serán adjudicados a campesinos?

La mejor fórmula para garantizar que no se repita el conflicto en Colombia es determinar y darles seguridad jurídica a los campesinos de que son dueños de la tierra en que están trabajando. El conflicto armado empezó por la tierra y por eso tienen que acabar allá mismo.