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CIDH tiene dudas sobre la Justicia para la Paz

Colombia rindió un balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz y la responsabilidad del Estado en el conflicto.

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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en representación del Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
/CIDH

De las tres audiencias de ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, en las que se analizó cómo va Colombia en esa materia, la que estudió las obligaciones estatales contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz (JEP) se convirtió, sin duda, en el eje central para el Gobierno colombiano. No era para menos. Cerca de una decena de organizaciones defensoras de derechos humanos se encargó de decirle a ese órgano de la OEA que el país está incumpliendo con los estándares internacionales.

Que no ha habido participación activa de las víctimas de crímenes de Estado en el proceso de paz, que ciertas pautas incluidas –u omitidas– en la JEP harán imposible adjudicar responsabilidad de mando a integrantes de la Fuerza Pública y que, en últimas, el sistema de justicia transicional aprobado por el Congreso generará impunidad, fueron las principales alertas encendidas ante la CIDH. “El proceso legislativo de la JEP genera serias dudas sobre la voluntad de respetar los acuerdos y de transformar las causas de la violencia”, dijo Verónica Hölker, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Y es que a pocas horas de que el Capitolio se reúna para definir, en un proceso de conciliación, el texto de la Jurisdicción Especial de Paz, aún quedan en el ambiente algunas dudas que afirman que este mecanismo va en contravía de lo pactado en La Habana. Esa es la conclusión, al menos, de los representantes de las víctimas de Estado que, como lo registró este diario, se han sentido tratadas como víctimas de “segunda”.

En ese sentido, le solicitaron a la CIDH intervenir en los siguientes aspectos a la hora de hacerle seguimiento al Acuerdo de Paz: que le pida al Estado colombiano informar los mecanismos que va a implementar para tratar los crímenes más graves cometidos por terceros e integrantes de la Fuerza Pública con base en los estándares internacionales y, por otro lado, que elabore un documento que incluya expresamente las garantías de las víctimas en aras de que el Estado no evada su responsabilidad como actor determinante en el conflicto armado. “Porque quienes van a desaparecer son las Farc, pero quienes van a permanecer son los miembros de la Fuerza Pública y para que no se repitan abusos hay que hacer transformaciones”, señaló otra representante de las víctimas en la sesión de ayer, en la capital norteamericana.

De esta manera, para la CIDH se hizo evidente el vacío que se planteó en torno a la JEP, dada la ausencia explícita del Estatuto de Roma en el texto aprobado y que, dicho sea de paso, abrió todo tipo de debates en Colombia. Por ejemplo, la senadora Claudia López –quien votó negativamente el acto legislativo– afirmó que se les estaba dando a los uniformados un “regalo envenenado”. Lo cierto es que la CIDH le recordó al Gobierno colombiano la importancia de ajustarse a las obligaciones  en materia de Derecho Penal Internacional, reglamentar la responsabilidad de mando bajo los parámetros del artículo 28 del Estatuto de Roma y aclarar cómo serán tratados los crímenes más graves que no hayan sido cometidos de manera sistemática. “Yo sí quisiera saber si va a haber un proceso de reglamentación y si habrá la oportunidad de tomar en consideración algunos de los planteamientos que han hecho los peticionarios para identificar y hacer claridad frente a algunos aspectos que deben ser atendidos”, dijo James Caravallo, miembro de la CIDH.

Pero, ¿qué dice el Gobierno? El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en representación del Estado colombiano, afirmó que la posición del Ejecutivo es que lo aprobado en la JEP no deja la puerta abierta para activar, eventualmente, la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). De hecho, el viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri, sacó un “as de la manga” hasta ahora no discutido ni siquiera en Colombia: que la aplicación obligatoria del artículo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad de mando apenas se está construyendo “desde el punto de vista académico” y, por ello, la última palabra quedará plasmada en una sentencia de la Sala de Apelaciones de la CPI.

En todo caso, el país avanza hacia la consolidación de una paz estable y poner en práctica el complejo sistema judicial creado para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos con ocasión y en el marco del conflicto tendrá que ser vigilado con lupa. Si queda un manto de duda, la capacidad para garantizar a todas las víctimas sus derechos a la reparación, verdad, justicia y otorgarles garantías de no repetición se irá diluyendo. Ya lo dijo el ministro Cristo: “La participación de las víctimas es esencial. Lo fue durante la negociación del acuerdo y lo será durante la implementación. Estamos comenzando a echar a andar ese proceso y en ese camino encontraremos obstáculos que, estoy seguro, vamos a superar”.