Los explosivos enterrados en el territorio colombiano, las municiones sin explotar y los residuos de guerra abandonados durante el conflicto armado han dejado cicatrices en 673 municipios del país. Casi un tercio de la geografía nacional está contaminada y amenazada por estos artefactos. Así lo demuestran los estudios que hizo la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma) durante 2015. Esas cifras muestran la magnitud del problema al que se enfrenta Colombia para alcanzar su ambiciosa meta de desminar por completo el país antes del año 2021.
A esto se le añade otro reto: no solo hay que desminar territorios rurales en donde hay presencia de bandas criminales, sino que además, hay que buscar esos explosivos como si fueran una aguja en un pajar, mientras se protege a la población civil y militar de sus efectos. Lograrlo, según cifras de la Daicma, costaría cerca de un billón de pesos. La consecución y ejecución de dichos recursos ya ha generado discusiones entre la brigada de desminado del Ejército y los operadores privados.
Asumir estos retos es vital para lograr un posconflicto exitoso, según ha reconocido el Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo: “¿Cómo vamos a implementar una reforma agraria integral, si los campos colombianos están llenos de minas? El desminado es parte de una secuencia lógica y práctica para alcanzar la paz”.
Colombia es el segundo país más minado del mundo, por eso lograr en cinco años la destrucción de estos artefactos, como lo prevee el Plan Estratégico contra Minas, suena demasiado ambicioso. Este es el complejo paso a paso para lograr un territorio libre de minas.
