Un panorama desolador de la implementación del Acuerdo de paz

Tras la dejación de armas de las Farc, ahora le toca cumplir al Gobierno. / AFP

Si hay un panorama poco alentador de cómo va la implementación de los acuerdos con las Farc es el que recoge el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación y la Iniciativa Unión por la Paz. Su contenido refleja, en palabras sencillas, incumplimientos, asesinatos sistemáticos, falta de compromiso político, debilidad institucional, cálculos electorales y, en últimas, la necesidad de replantear el modelo de reinserción de esa guerrilla.

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La principal preocupación gira, como era predecible, en torno a la insistente negativa por parte del Estado en aplicar la Ley de Amnistía, aprobada en diciembre del año pasado y que debería beneficiar, según los registros que comparten tanto el Gobierno como las Farc, a algo más de 3.000 presos: “1.784 están en desobediencia civil, de los cuales 1.565 están en huelga de hambre y 45 tienen las bocas cosidas”, señala el reporte.

Si se tiene en cuenta el grado de incumplimiento por parte de las autoridades judiciales, se concluye que aún hoy el 63.75 % de los presos de las Farc (1.942 miembros) están esperando a que se les apliquen los beneficios de esa norma, producto de los textos de La Habana. Eso, sumado al alto grado de polarización política surgida de las críticas de los sectores de oposición a lo pactado en Cuba, se ha convertido en caldo de cultivo para hacer aún más difícil la implementación.

“El proceso ha estado marcado por dificultades. El Estado ha incumplido en diferentes materias, no ha podido terminar las zonas donde las unidades guerrilleras se han concentrado para la dejación de armas; existe una oposición política liderada por el expresidente Uribe, que pareciera que prefiere que las Farc sigan en armas y que nada de la implementación funcione”, advierte el informe, titulado Cómo va la paz.

Por eso, una de las principales conclusiones tiene que ver con la necesidad de consolidar un gran “acuerdo político interno” que evite que los proyectos de ley y de acto legislativo pendientes por aprobarse vía fast track se enfrenten a mayores contratiempos en la legislatura que arranca este jueves. No en vano, el informe plantea su preocupación sobre el compromiso cada vez más lejano con el Acuerdo de Paz que han dejado evidenciar Cambio Radical y un amplio sector del Partido Conservador. Y el escenario pinta peor si se tiene en cuenta que queda menos de un año para que los colombianos sean llamados a las urnas para elecciones legislativas y presidenciales.

“Queda un año agonizante. La próxima legislatura estará marcada por el desarrollo de las campañas electorales en las que la reelección ocupa tradicionalmente gran parte del tiempo de los senadores, otro elemento que retrasa el trámite de las leyes de la paz. Bajo esta perspectiva de escasa disposición política y cercanía del evento electoral, es difícil que proyectos como el de reforma política prosperen en el Congreso”, se concluye.

Líderes sociales, disidencias y vacíos de poder

Desde que las Farc comenzaron a hacer su tránsito hacia los 26 puntos de ubicación donde se surtió el proceso de dejación de armas, quedaron “liberados” los 242 municipios donde la guerrilla hacía presencia histórica, lo que significó alrededor de un 98 % de desalojo, generando una especie de vacío de poder. Eso derivó en que dichos territorios comenzaran a ser ocupados rápidamente por otros grupos al margen de la ley, dada la poca presencia estatal que se ha registrado en ellos.

Por eso, el informe hizo una división por zonas en las que se refleja la forma como se ha venido manifestando la presencia de estos actores criminales, así: zonas con ocupación o expansión del Eln, zonas con ocupación o expansión de grupos armados organizados (GAO), zonas de expresiones de disidencia de las Farc, zonas de anarquía criminal y zonas en proceso de consolidación estatal. Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta, Vichada, el sur del Tolima y Caquetá son las regiones más golpeadas por la confluencia de estos actores.

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Sobre la disidencia de las Farc, el documento dice que se está fortaleciendo una estructura armada —con discurso pseudopolítico, como lo ha llamado el Gobierno— integrada por unos 400 hombres que operan en Guaviare y el sur del Meta, con separación de mandos a cargo de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco; Miguel Botache, alias Gentil Duarte, y Géner García, alias John 40.

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Frente a la situación de líderes sociales, la gran conclusión es que la amenaza continúa. “Una de las mayores dificultades sobre la respuesta institucional para hallar los responsables de estas acciones tiene que ver con que las agresiones son cometidas por estructuras criminales, lo que indica que estas organizaciones prestan una serie de servicios criminales y que, de manera selectiva, ejercen violencia contra los líderes sociales”. En síntesis, un panorama que refleja que hacer de la paz algo verdaderamente estable requiere de mucho más que conciliar los odios entre los grandes jefes de la política.

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