Los asesinatos a líderes sociales y populares ocurridos en las últimas semanas han vuelto sobre la escena política nacional los recuerdos de los exterminios pasados. Sin haber terminado de escribir esa tragedia reciente, muchos afirman que la historia del genocidio se está repitiendo. Todo esto ocurre, ante la posibilidad real de que sectores sociales y populares hagan parte de procesos de apertura democrática y ocupen importantes cargos de representación política, en el marco de la implementación del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
“Siempre que hay un avance o un anuncio importante en el proceso de paz se incrementan los asesinatos contra la Marcha Patriótica”, afirmó hace unos días, David Flórez vocero nacional de este movimiento político. Como es de público conocimiento, San Vicente del Caguán ha sido uno de los epicentros de los hechos de violencia recientes. En este municipio, fueron asesinados los reconocidos líderes campesinos Jesús Erley Monroy, Didier Lozada y herido de gravedad Hugo Cuellar, en el momento que salía del sepelio de sus dos compañeros.
Las imágenes de los 80 y 90 se repiten como tragedia. En ese momento, los nombres de dirigentes sociales y políticos de izquierda que creyeron en el proceso de apertura democrática de esos años, aparecían en listados de la muerte. Los enemigos de la diferencia tenían a su cargo hacer cumplir a cabalidad el orden del horror; asesinando, desapareciendo o desplazando.
Con la esperanza de remar contracorriente e impedir la repetición de la historia, las organizaciones sociales y populares del municipio de San Vicente del Caguán decidieron hacerle frente a estos hechos y en una marcha que colmó las calles del pueblo: campesinos, indígenas, sectores LGBTI, mujeres y jóvenes rechazaron la muerte y la mordaza.
“¿Por qué, por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Alerta, Alerta, Alerta que camina la lucha campesina por la paz y por la vida”
Fueron algunas de las arengas que se escucharon entre la multitud. El recorrido por las principales calles del pueblo terminó en el parque principal donde los y las representantes de las organizaciones hicieron discursos y propuestas para evitar otros hechos de violencia.
Las principales propuestas fueron recogidas en el documento de declaración política de las organizaciones sociales y étnicas de los departamentos de Meta y Caquetá, entre ellas: acabar de manera inmediata los vínculos entre política y armas. Reconocer por parte de las instituciones del Estado, la existencia de estructuras organizadas que generan acciones violentas de manera sistemática y organizada en contra de la comunidad y las organizaciones sociales. Acabar con la estigmatización a las comunidades y procesos sociales exigiendo a los funcionarios de las instituciones Estatales el uso de lenguajes respetuosos, que permitan la construcción de la paz y la reconciliación. Investigar y sancionar a todos responsables de los hechos sucedidos en la región. Crear de manera conjunta entre las organizaciones sociales del territorio, la comunidad internacional y al más alto nivel estatal, un Sistema Permanente de Análisis, Prevención del Riesgo, Seguimiento y Veeduría de las violaciones de los derechos humanos.
Las organizaciones sociales que firmaron esta declaración pública asumieron el compromiso de que la paz estable y duradera será el único camino para garantizar niveles de vida digna y buen vivir. En ese sentido, están dispuestas a asumir espacios de diálogo y concertación con el Estado colombiano que permitan solucionar los conflictos territoriales y reconocer las propuestas construidas por las organizaciones sobre modelos alternativos de desarrollo y autogestión del territorio.
Finalmente, en un acto de memoria y como mecanismo para garantizar la no repetición de estos hechos, los marchantes decidieron rebautizar el parque central, ubicando en la cancha principal una placa en reconocimiento a Didier Lozada y Erley Monroy. Este acto solemne, fue acompañado de un derecho de petición al alcalde del municipio, Humberto Sánchez Cedeño, exigiendo respeto por la memoria de las víctimas. Este documento fue firmado por cientos de personas participantes de la movilización y las copias serán enviadas a la Presidencia de la República, Centro Nacional de Memoria Histórica, Consejería para los Derechos Humanos y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-.
Al ser parte de un territorio histórico de confrontación armada, los habitantes del municipio de San Vicente han sido estigmatizados y señalados como guerrilleros. Esta difícil situación les ha enseñado que ante la muerte se debe actuar rápido y de manera organizada. Siendo esta movilización un precedente importante para ir saliendo de esta espiral de tragedias repetidas y en cambio generar mecanismos de construcción de paz y reconciliación que permitan ir tejiendo las confianzas necesarias para descartar las armas, la violencia, los señalamientos y los estigmas como mecanismo para hacer política.
Por parte de Forum Syd, como organización internacional el compromiso es continuar acompañando a las organizaciones sociales de base para que puedan llevar a cabo sus proyectos de gestión territorial y apoyar la propuesta de construcción del Sistema Permanente de Análisis, Prevención del Riesgo, Seguimiento y Veeduría de las violaciones de los derechos humanos. Será un mecanismo fundamental para la protección de la vida de los líderes sociales del territorio.
*Integrante de la organización Forum Syd