Oro y sangre

Viaje al Magdalena Medio, al campamento de las Farc en los límites entre Antioquia y el sur de Bolívar, donde los guerrilleros y las comunidades rurales hacen vigilia por la paz.

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Guerrilleros de las Farc, que operan en el Magdalena Medio, a la espera de buenas nuevas sobre el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Cortesía Agencia Prensa Rural

Para salir de Medellín al nordeste se deben soportar los fétidos olores del río que atraviesa la capital antioqueña desde Barbosa hasta el cruce que aparta la vía hacia Yolombó y Vegachí, pueblos que no se atraviesan cuando se va para Remedios y Segovia. En las partes altas hay grandes ganaderías sin ganado que cercan y amenazan pequeñas y entresacadas manchas de montaña, de esas que tanto se canta “con el tiple y con el hacha”. Pero al acercarse a la región propiamente minera, aparecen caseríos como El Tigre y Santa Isabel, construidos sobre filos con casas bien pintadas y jardines floridos que sugieren cierta prosperidad. Más adelante hay una pista de aterrizaje, presidida por una extraña y lujosa construcción. “Aquí caen –me dijo el chofer del carro en que viajaba– las avionetas para cargar el oro que funden en Medallo y los aviones del Ejército y de la Policía”. El aeropuerto se llama Otú y sirve a Remedios y Segovia. Son dos pueblos muy nombrados que han sido construidos sobre un laberinto de túneles cavados para sacar oro. Lo huecos se cruzan unos con otros en la roca, siguiendo la dirección de las vetas.

Sólo cuando uno lee entiende que tienen una larga historia, porque la gente de hoy sólo tiene recuerdos de la sangre que ha corrido.

En la región del noreste de Antioquia se extrajo, durante la Colonia, más de la mitad del oro de Antioquia y en Antioquia más de la mitad del oro de la Nueva Granada. Fray Pedro Simón escribió: “Parecía que la tierra estaba rebosando de oro y que no lo podía ya sufrir en sus entrañas... (se) sacaban de la arena el oro a puñados como granos de trigo y de garbanzos”. Los moradores de Remedios decían que “la tierra había hecho testamento y les había repartido a los pobladores sus riquezas”. En su Relación de mando, escribió don Francisco Silvestre, en 1776, que el oro “está granujado de modo que se ve y parece que la tierra oprimida de tanto guardarlo quiere como brotarlo de sí y manifestar lo mucho que esconde… Llegó esto a tanto que en dos años vino a ser el pueblo más rico de su tamaño que había en estas indias …en veinte años tenían ya más de 2.000 esclavos”. Remedios fue fundada en 1560 por Francisco Martínez Ospina, –solo 20 años después de Bogotá– y muchos de los primeros mineros llegaron atraídos por la fama de las minas de Veraguas, en Panamá. Basado en el Archivo General de Indias, Robert West, investigador norteamericano, afirma que de Remedios se sacaron, durante los primeros años, 150.000 pesos en oro. La facilidad y la abundancia de oro en la región del nordeste antioqueño permitieron que muchos eslavos libertos o cimarrones explotaran por su propia cuenta el metal precioso, al punto que el historiador Restrepo afirma: “Las cinco sextas partes de trabajadores eran mazamorreros libres”.

A medida que mermaba la producción de oro corrido o de aluvión en Remedios, la explotación buscaba nuevos placeres. Zaragoza, que llegó a ser uno de los pueblos más grandes del país, fue fundada en 1581, Cáceres en 1576 y Simití en 1593. Al final de la Colonia, aunque la región no botara la misma cantidad de oro, había, en 1797, establecidos en Zaragoza 16 reales de minas, 17 en Cáceres y 7 en Remedios, pueblos todos que estaban bajo la jurisdicción de Mariquita.

Al terminar la guerra de Independencia que, como se sabe, fue apoyada por Inglaterra, los ingleses comenzaron a cobrar sus favores. Florentino González, acérrimo defensor del librecambismo, sirvió como agente de compañías inglesas para crear la Frontino and Bolivia Company, que explotó los veneros de Frontino, Remedios y Segovia, en 1860. En 1865 se instaló, en Remedios, la primera máquina de vapor para mover bombas de agua en las minas de Bolivia, El Silencio, La Cecilia y El Tigre. En 1885, la mina de Remedios tenía más de mil obreros y era la mina de veta más grande del país. La mayoría de las minas del nordeste eran de antioqueños, pero las más grandes eran de compañías extranjeras.

A finales del siglo XIX operaban nuevas compañías: la Colombian Corporation, en Anorí; la Compañía Francesa de Segovia; la Compañía Francesa del Nechi. Poveda Ramos afirma que en esa época la minería de oro en el nordeste antioqueño se había convertido en una “industria de tipo intensivo de capital de estilo moderno” donde se concentraba, en 1906, más de la mitad de la fuerza de trabajo de la región. Unos años después, en 1910, la Internacional Gold Mining Corporation compró los derechos de la Bolivia and Frontino y más adelante las acciones de la Compañía Francesa del Nechí y Segovia. En 1919, la Frontino Gold Mines de Segovia y la Pato Gold Mines de Zaragoza sacaron el 44 % del total de oro producido en Antioquia. Los obreros de la compañía organizaron una huelga a raíz de una visita que hizo María Cano a la región. Tomás Uribe, dirigente socialista y gran agitador, escribió: “Allí en Segovia los salarios son miserables y los mineros sufren las consecuencias de un trabajo extenuante y de un paludismo endémico”. La explotación de oro crecía sin interrupción. En los años 20, la producción de toda Antioquia, cuyas minas principales eran las de Remedios y Segovia, llegaron a ochenta mil onzas troy y, durante la siguiente década, unas doscientas mil. En 1939, 2.800 de los 7.000 habitantes en Segovia trabajaban para la Frontino Gold Mines. Durante los años de la violencia, el enfrentamiento se desarrolló entre un sindicato, afiliado a la CTC, liberal, y una administración conservadora. Los mineros denunciaron la acción de las llamadas “contrachusmas”, que eran civiles armados por la alcaldía para intimidar dirigentes liberales y obreros. En Remedios hubo 191 asesinatos políticos entre 1949 y 1953.

A la explotación aurífera siguieron muy de cerca la extracción de maderas finas, la apertura de vías, la fundación de haciendas ganaderas; en una palabra, se trató de una colonización campesina y empresarial, con intensas contradicciones entre ambas, impulsadas por la minería. El Partido Comunista creó, en 1936, su primera célula antioqueña en Segovia; el Moir inició su agitación en 1977. En 1988, con la fundación de la Unión Patriótica, surgida al amparo de los acuerdos de Uribe, entre Belisario Betancur y las Farc, logró ganar las alcaldías de Segovia y Remedios y controlar los concejos municipales, lo que explica la ola de sangre que corrió en la región. En 1983, un grupo paramilitar ejecutó 17 campesinos en los caseríos mineros de Manila, Tamar y Mulatos, acusados de guerrilleros. Se trató de asesinatos ejemplarizantes, hechos a machete, y cuyos cuerpos desmembrados fueron botados a los ríos. Fue el prólogo de una masacre sistemática que se inició en todo el país después de que las Farc emboscaron una patrulla del Ejército, en junio de 1987, y mataron 27 soldados. A raíz de este hecho, el gobierno de Barco dio por terminados los acuerdos de Uribe. Después vendrían una docena de masacres que dejaron 287 muertos, entre 1987 y 1988. La más sangrienta y brutal tuvo lugar en el municipio de Segovia el 11 de noviembre de 1988, justamente hace 28 años. Uno de los heridos de la masacre lo recuerda así:

“A las seis de la tarde se desgajó un aguacero que azotaba las calles del pueblo con una furia desconocida y, aunque estábamos acostumbrados a mojarnos, mucha gente se devolvió para su casa. Era el comienzo del puente del 11 de noviembre, día de Cartagena. Faltando un cuarto para la siete de la noche se oyeron unos carros que entraban pueblo; dieron la vuelta, pasaron por la plaza y dieron otra ronda y de golpe se oyeron las primeras descargas. Muchos creyeron que la guerrilla se tomaba el pueblo, pero las ráfagas seguían y seguían. En la plaza hubo muchos disparos y estallido de granadas y luego en los bares y cafés. Donde más se disparó y donde más gente había fue en el Johnny Cay. Las descargas no ahogaban los gritos de miedo de la gente. Se corría de un lado para otro, haciendo más fácil la matanza. La policía se encerró con seguro y no movió un dedo. El Batallón Bomboná no se dio por aludido. El cura no tocó campanas. Tan solo la alcaldesa, que era de la UP, hizo unos tiros desde la ventana de la alcaldía. El aguacero no mermaba y el agua comenzó a correr mezclada con sangre. De golpe los disparos se acabaron. Los alaridos de dolor y de angustia resonaban por todo el pueblo. La gente que se había encerrado en las casas salió desesperada a buscar a sus familiares y amigos. Unos habían muerto, otros quedaron heridos. La noche fue un infierno. Cuando amaneció nos dimos cuenta del horror: 44 muertos y 46 heridos. No había tantos ataúdes. La prensa y la radio decían que era la guerrilla, pero ninguno del pueblo creyó el embuste. La guerrilla llevaba años andando por ahí. El día del entierro no cabían los féretros en la iglesia y muchos quedaron parqueados en el atrio. Todo el mundo estaba muy nervioso. Cuando la banda del batallón dio la primera nota con los bombos y los platillos, la gente volvió a entrar en pánico y corrió en estampida tumbando varios féretros que quedaron otra vez al aire mostrando sus gestos de espanto”.

César Pérez García, senador y gamonal del nordeste antioqueño, fue condenado a 27 años por paramilitarismo; el mayor Báez, comandante del batallón, fue también condenado. La Corte Suprema de Justicia llegó a la siguiente conclusión, al analizar el contexto político de las masacres de aquellos años: “Lamentablemente las autodefensas civiles que iniciaron su formación al final del gobierno del expresidente Turbay Ayala, apoyadas por la cúpula militar, continuaron librando la guerra que el presidente Betancur impidió afrontar a las Fuerzas Armadas, al acuartelarlas para honrar la tregua firmada en 1983 con las Farc, el Epl, y el M-19 y por esa razón continuaron la guerra por interpuesta persona en tres grandes regiones dominadas por las Farc, al entrenar, apoyar y ayudar a armar a las autodefensas de Puerto Boyacá, el nororiente antioqueño y la región del Ariari en el Meta”.

El 20 de diciembre de 2015, en un acto público en Segovia, el Estado ofreció disculpas por la responsabilidad en la masacre.

Espere mañana lunes: “Vigilia de confraternidad”.