“Ni entrega del Estado ni claudicación de las Farc”: Óscar Naranjo

El general Óscar Naranjo fue plenipotenciario del gobierno en la mesa de negociación con las Farc. / / John Álvarez

Se baja de un avión para subirse a otro. Cada día amanece en una ciudad distinta. Tiene que afinar dos o tres discursos diarios y atender medios de comunicación. Esta ha sido la vida, durante la última semana, del general Óscar Naranjo y la de todos los negociadores. Después de vivir cuatro años entre Bogotá y La Habana, ahora tienen que explicar el acuerdo final logrado con las Farc y responder preguntas de empresarios, alcaldes, estudiantes, víctimas del conflicto. Esta entrevista coincide con la presentación, este lunes, en una ceremonia en la Casa de Nariño y frente al presidente Juan Manuel Santos, de la Unipep, Unidad Policial de Edificación para la Paz, encargada de la implementación y verificación del acuerdo. En el mismo acto se presentará el grupo de 325 monitores y verificadores del Gobierno (Fuerzas Militares y Policía) que velará por el cumplimiento del cese al fuego y la dejación de armas.

¿Cómo saber que las Farc hacen dejación de todas las armas que tienen?, ¿la ONU sabe realmente cuántas tienen?

En ningún proceso en el mundo se ha entregado el 100 % de las armas. En eso no somos ingenuos. Hemos buscado un mecanismo, el más robusto y creíble posible, integrado por Naciones Unidas, los países de la Celac, delegados de las Farc y de Fuerzas Armadas, para constituir el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) de esa dejación de armas. En segundo lugar, 50 años de conflicto le han permitido a la inteligencia militar y policial tener un inventario aproximado de la capacidad armamentística de las Farc; igual sucede con el número de hombres y mujeres que tienen en armas. Nuestros estimativos son bastante aproximados. Hay, de las dos partes, voluntad expresa de cumplir el acuerdo y de poner en marcha la verificación para que todo se cumpla.

¿El Estado cómo podrá verificar las armas, si quien las recoge es Naciones Unidas?

El Estado forma parte del MM&V. El acuerdo dice que las armas serán recibidas por Naciones Unidas. Eso agota la discusión de si es dejación o entrega y determina que hay un receptor de la totalidad de armas de las Farc. Se fijaron protocolos para que el proceso sea auditable, creíble y verificable. Hay un protocolo para que Naciones Unidas informe al país qué sucedió. No estamos haciendo un acto de fe, es un proceso que debe ser observable por las partes y la sociedad.

¿Cómo le fue con ‘Pablo Catatumbo’ discutiendo el tema de medidas de seguridad para las Farc?

Llegamos a la convicción de que con el acuerdo, las Farc dejarían las armas y cesaría definitivamente la confrontación armada. Partimos de la manifestación expresa de las Farc de que, después de la firma del acuerdo final, de manera categórica, romperán todo vínculo que tengan o hayan tenido con organizaciones narcotraficantes y que, como personas reincorporadas a la vida civil, contribuirán con el Estado de diferentes maneras a superar el problema de los cultivos ilícitos en los territorios. El Estado dice que quien deje las armas y se reincorpore en función de estas reglas debe ser rodeado de garantías de seguridad para evitar tragedias del pasado.

¿Algunos se preguntan por qué tenemos que pagar los ciudadanos la seguridad de los excombatientes?

Este acuerdo se construye sobre la base de que encontramos la manera más realista, más eficaz posible, para que, en el menor tiempo posible y con el menor costo posible, se implementen esquemas de seguridad para los miembros de las Farc y por eso se conformará una mesa técnica integrada por personas de las Farc y el Gobierno para hacer la evaluación de niveles de riesgo. Habrá que esperar qué surge de ese trabajo. Es obvio que se tengan que implementar bastantes esquemas. El Estado debe velar por la integridad de todos los colombianos.

¿Cuántos exguerrilleros necesitarían esquema de seguridad y eso cuánto vale?

Es posible que entre 200 y 300 necesiten esquemas individualizados, pero cada uno con distintos niveles. Eso varía.

¿Es una forma de darles empleo a exguerrilleros en los esquemas de seguridad?

El esquema de protección es absolutamente institucional, pero en su composición es mixto. Bajo la subdirección de la Unidad de Protección Especializada, que se creará para esos efectos, se constituirán esquemas integrados por agentes del Estado; es decir, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, enlaces de la Policía y hombres de confianza de las Farc previamente seleccionados y entrenados. En ningún caso por fuera de la institucionalidad. Debemos capitalizar las lecciones del pasado. Este modelo se empleó con el M19 y, a medida que se fue perfeccionando, los niveles de eficacia y eficiencia fueron mejorando.

¿Cómo convenció a ‘Catatumbo’ y a las Farc de que el Estado los puede cuidar?

Si leen el acuerdo, podrán reconocer que ese capítulo está inspirado en los más altos deberes del Estado. Los principios orientadores son: el Estado es el único que ostenta el monopolio de las armas, es el único que debe administrar justicia, es el único que puede imponer tributos a los ciudadanos (para que no haya extorsiones o coacciones económicas). Hay una decisión de las Farc de incorporarse al estado de derecho y respetar los valores democráticos.

Por otro lado, nos aproximamos a una visión realista de las amenazas que tenemos que afrontar. Eso permite hacer una evaluación de las amenazas que deben afrontar no sólo las Farc, sino también la sociedad. Es una discusión inspirada en la decisión política de dejar las armas, de reincorporarse a la vida civil y de participar en política. De ahí se pasa a una discusión técnica en relación con la protección.

¿Ese sería el principal argumento en contra de quienes afirman que se entrega el país al terrorismo?

Hay cuatro dimensiones para valorar el acuerdo: pone fin al conflicto y tiene un alcance ético, porque tiene como objetivo salvar vidas; es un acuerdo que pone fin al conflicto, produce una parálisis inmediata y definitiva de la confrontación armada; crea un marco de oportunidades para transformar; el Estado y su institucionalidad quedan fortalecidos. Significa la adhesión de las Farc a los valores democráticos para competir dentro del sistema por llegar al poder.

¿Cómo explicar a policías y soldados que los enemigos, que buscaron destruir durante 50 años, ahora son amigos y deben protegerlos, es un mensaje confuso pedirles de un día para otro que no les digan terroristas?

Este proceso ha sido digno y responsable. El mecanismo de diálogo estuvo basado en esa condición de dignidad. No fue un proceso de claudicación del Estado ante las Farc ni fue un proceso de capitulación de las Farc para que se pusieran de rodillas ante el Estado. Por otro lado, es responsable porque el presidente dio instrucciones para que, de manera simultánea, las fuerzas armadas y de policía empezaran una tarea de alistamiento para el posconflicto. Eso implica introducir elementos funcionales y culturales y establecer una nueva narrativa sobre seguridad. Lo que estamos viendo es que la fuerza pública ha asumido la tarea de adaptación a la nueva realidad.

Usted habló, en el conversatorio de Colombia 2020, de que se trataba del cambio de la doctrina contrainsurgente por una política de convivencia. ¿A eso se refiere?

La teoría indica que naciones con conflicto armado interno tienen la obligación de hacer del orden público el fin de las operaciones militares y policiales, para mantener el orden público y preservar y proteger al Estado. Una nación sin conflicto armado está obligada a que el fin es la convivencia y no el orden público, y eso se logra garantizando la protección de los ciudadanos. Aquí hay un desplazamiento del concepto, es más importante el ciudadano que el Estado. Estamos seguros de que, poniendo fin al conflicto con las Farc, el funcionamiento del Estado debe movilizarse para promover la convivencia, administrar protesta social pacífica y llegar a territorios donde el conflicto hizo imposible que el Estado actuara de manera permanente.

Se habla de que la Policía se desnaturalizó por el conflicto, que el policía ya no era el amigo de la población sino un problema por tener la estación al lado de su casa. ¿Cómo cambiar esa relación?

Hay que hacer una valoración. Entender las lógicas del conflicto supone hacer juicios históricos sobre las instituciones, que estén basados en la amenaza que estábamos enfrentando. Muchas veces me dijeron: ¿Qué hace una estación blindada en tal pueblo?, y yo les decía: Sería imperdonable que no hubiera estación o que no estuviera la Policía y haber dejado a los colombianos indefensos. Aquí, las instituciones se emplearon a fondo en el marco del conflicto para proteger a la población. A veces la población se vio afectada por el fuego cruzado. Pero la realidad se transforma y esa relación entre autoridades y ciudadanos debe transitar hacia espacios de convivencia, respeto y tolerancia.

¿Y qué hacer con las trincheras, los búnkeres y todas esas barreras que se levantaron con la población civil? Los ciudadanos piden que las quiten.

No solo los ciudadanos invocan esas acciones, la misma Policía está haciendo un esfuerzo para acercarse al ciudadano en esas zonas de conflicto. Hay un plan piloto para desmontar estas estructuras y para que los policías no tengan armas de largo alcance. Se arranca con Toribío y luego siguen otras poblaciones del Cauca. Hemos dicho de manera coloquial que, si cambia la música del conflicto, cambia el baile de la paz y la convivencia. Las instituciones obedecen a realidades; si las realidades cambian, también cambian las instituciones.

Hay que ser justos con las instituciones y reconocer que en zonas de conflicto las estaciones de policía se mantuvieron custodiadas y protegidas por la necesidad. Tenga en cuenta que, entre 2000 y 2012, moría un policía cada cuatro días. No se puede olvidar que la Policía ha sido golpeada de tal manera que, entre el año 2000 y 2015, perdimos 1.624 policías, en confrontaciones con las Farc.

Hay quienes están pidiendo que baje el presupuesto militar. ¿Eso es realista?

No vamos a repetir modelos que resultaron fallidos como en Centroamérica, que están acechados por el crimen organizado. Allá, luego de la firma, hubo desmantelamiento de aparatos de seguridad y recorte de presupuesto. Esa no es la lógica colombiana, porque ponemos fin al conflicto con las Farc, pero quedan otras organizaciones criminales que persisten en el delito. Así, más que pensar en disminución, hay que pensar en reenfoque de presupuestos para que haya control territorial, para llegar a la Colombia profunda a combatir fuentes de economía criminal con intervenciones sostenidas, permanentes e integrales.

¿Quiénes son los principales enemigos de las Farc, de quién hay que cuidarlos?

Lo que muestra la historia de los procesos es que hay grupos radicalizados, vinculados al crimen organizado, que buscan desestabilizar produciendo golpes de opinión con asesinatos selectivos. Necesitamos medidas de desestigmatización, porque tuvimos un enemigo por 52 años, y buena parte de la población ha sido víctima de las Farc. Por eso hay necesidad de que la reincorporación transmita confianza a las poblaciones que han desconfiado de las Farc.

Según el acuerdo, la Policía será la única fuerza que hará presencia en zonas veredales y puntos transitorios, lo hará incluso para brindar seguridad con un uniforme diferente. ¿Cómo será esa actuación?

Las zonas no interrumpen el funcionamiento de estado derecho. Está garantizado que las autoridades civiles siguen ejerciendo sus funciones; no hay desplazamiento de fiscales, jueces ni alcaldes. Está previsto que la Policía asuma la protección de los equipos del MM&V y también es la responsable de la seguridad de las comunidades cercanas. Está permitido, previa coordinación con el MM&V, su ingreso a la zona para atender cualquier incidente. Son espacios temporales para que se surta la dejación de armas y la formalización de reincorporación.

La Policía estará permanentemente. Se han desarrollado 30 protocolos. Están descritos cada situación y cada paso. Está reglado cada procedimiento. No es improvisado. La Policía inició, hace más de un año, la preparación y se creó la Unipep, Unidad para la Edificación de la Paz, en un trabajo articulado con Fuerzas Militares, en lógica de posconflicto y según los mejores estándares internacionales.