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Menores que salgan de las Farc no pierden su derecho a hacer política en paz: Paula Gaviria

Colombia2020 habló con Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, quien hizo un llamado de tranquilidad a estos menores para que crean que el Gobierno está listo para facilitar y apoyar su tránsito a la vida civil.

Colombia2020
23 de enero de 2017 - 09:59 p. m.
Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. / Archivo - El Espectador
Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. / Archivo - El Espectador

El Acuerdo de La Habana es explícito: antes del día D +180 todos los menores de edad tienen que haber salido de las Farc. Sin embargo, se espera que a finales de este mes o en los primeros días de febrero se materialice este compromiso que hizo las Farc. La fecha la dio el jefe guerrillero Pastor Alape, como integrante del Consejo Nacional de Reincorporación de las Farc, encargado de este asunto. Incluso, Alape dio este lunes un estimativo: con ellos no hay más de 25 menores, todos mayores de 15 años.

Esta promesa se renovó durante las conversaciones que tuvieron el Estado Mayor Central y el Secretariado de las Farc en los Llanos del Yarí, la semana pasada. 

Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, reiteró las obligaciones y posibilidades del Gobierno en este tema:

¿Qué tan cerca estamos de la salida de los menores de las filas de las Farc?

Concretamente solo tenemos la información que dio Pastor Alape sobre su renovado compromiso sobre el tema. Esperamos esta semana que nos den información específica sobre los lugares donde se hará esta entrega.

¿El Gobierno se siente preparado para apoyar con su oferta institucional esta salida?

Yo reitero que nosotros estamos listos para eso desde el 15 de mayo que salió el comunicado 70 y eso lo sabe el Alto Comisionado y las mismas Farc. Desde entonces estamos activando toda la respuesta institucional.

El Acuerdo de paz es explícito en decir que todos los menores tienen que salir antes de que concluya todo el proceso de desmovilización en el día D+180 y que para eso tendrán que estar ubicados, de manera transitoria, en unos albergues y unos lugares cercanos a las zonas veredales transitorias. ¿Cómo va ese proceso?

Desde noviembre 24 empezamos a buscar lugares que cumplieran con las condiciones legales y de desarrollo de estos menores de edad en esa primera etapa de atención que tiene que brindar el Estado. Los tenemos vistos, necesitamos es que nos digan cuándo, cuántos y de dónde para que nosotros terminemos de ajustar todos los aspectos operativos para recibir a estos menores de edad.

Hablando de esos aspectos ¿qué sabe de los 13 que ya están en libertad?

Tan pronto como los menores salieron de las filas de las Farc, el 10 de septiembre, estuvieron en dos grupos, uno de ocho y otro de cinco. Como habíamos sabido con unos días de anticipación desde dónde iban a salir activamos todo el operativo humanitario con la Cruz Roja Internacional. Logramos adecuar un lugar que cumplía con todos los requisitos legales con los que el Estado tiene que cumplir para la atención de esta población. Lo que se hizo fue el traslado de estos menores a estos lugares y se inició el primer proceso de restablecimiento de derechos.

Desde las Farc se han conocido algunos reparos a la atención de estos menores, ¿qué podría decir sobre este tema?

Le podemos decir a todos los colombianos que todos los menores se encuentran asegurados en salud. Que muchos de ellos ya están reiniciando su formación académica, porque algunos tenían avances en su formación básica. Algunos están ya estudiando, siete están ya inscritos en diferentes instituciones educativas. Estamos esperando que los otros seis empiecen también en los próximos meses esa vinculación cuando definamos bien sus perfiles y sus necesidades. Algunos ya han avanzado en su proceso de proyecto de vida. De los 13, nueve se encuentran con sus familias, cuatro están en casas de protección del Icbf por voluntad de ellos. Se les ofrecieron otras alternativas, se buscaron familiares y no se encontró por parte del Estado ni por parte de los mismos jóvenes entornos protectores como es nuestra obligación.

¿Cuál es el paso a seguir con los jóvenes que tiene el ICBF?

Estamos esperando identificar lugares seguros a donde puedan volver estos cuatro niños, pero han tenido contacto permanente con sus familias porque ese es un derecho que ellos tienen. Nuestro balance sobre esos 13 es que hemos asumido con total compromiso esa responsabilidad que nos dio la mesa de conversaciones y que además tenemos por ley que asumir. Todos han sido incluidos como víctimas en el registro y ya iniciaron su ruta de atención humanitaria mientras les llega la indemnización, porque tienen que cumplir 18 años para poderla recibir. Se hizo la activación como debió ser y con la responsabilidad que la asumimos en términos de restablecimiento de derechos, reparación, reincorporación e inclusión social

¿Qué más sabemos sobre esos 13 menores?

Todos tienen sueños como cualquier joven, quieren estudiar, compartir con otros jóvenes. Les interesa estar con su familia, que no es necesariamente su familia biológica. Todas las familias han estado muy contentas de poder saber de sus hijos, sus sobrinos, sus primos, en fin. Las edades son diferentes, todos adolescentes.

¿Qué le preocupa especialmente sobre estos menores?

Hay que trabajar muy fuerte en los entornos seguros para que estos menores de edad nunca más vuelvan a repetir esta historia.

Se ha conocido que muchos de los menores guerrilleros creen que si hacen su paso como menores no tendrán las mismas ventajas políticas y sociales que si esperan a ser adultos. ¿Qué les diría?

El Estado tiene una responsabilidad con todos. Ellos son víctimas del conflicto. Hay una primera respuesta definida en reparación. Pero obviamente estamos en un contexto de paz y algunos de estos jóvenes quieren tener un proceso de liderazgo político. Esa es una opción válida y respetable, que en nada interfiere con la atención que debe darles el Estado como víctimas, aunque no se sientan, del conflicto armado. Yo les diría: no hay riesgo de perder ningún beneficio político.

Por Colombia2020

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