"Las cosas para nosotros no van mejorar en el corto plazo": defensores de DD.HH.

La ONG de cooperación Sueca Diakonia dio a conocer los nombres de los 4 ganadores en las Categorías Defensor (a) del Año, Experiencia o Proceso Colectivo Base Social, Experiencia o Proceso Colectivo nivel ONG - Acompañantes; y Premio a Toda una Vida. / Cortesía Paola Andrea Roa Medina- Diakonia Colombia

En el marco de la Semana por la Paz, la ONG sueca Diakonia y la Universidad Javeriana entregaron el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia 2016. El evento se realizó en el auditorio Félix Restrepo, en la Universidad Javeriana sede Bogotá. Allí, un jurado compuesto por 13 expertos nacionales e internacionales, dio a conocer los cuatro galardonados de este año.

Este año los premiados fueron: José Milciades Sánchez Ortiz, en la categoría Defensor del Año por su trabajo como coordinador del Comité de Derechos Humanos del Sindicato Nacional de Trabajadores; el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), en la categoría Experiencia o Proceso Colectivo Base Social por por su trabajo en el departamento de Chocó y el Bajo Atrato Antioqueño; la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, ganador en la categoría Experiencia o Proceso Colectivo nivel ONG – Acompañantes, por su trabajo el Catatumbo, Sur de Bolívar y Nordeste Antioqueño; y María Ruth Sanabria Rueda, ganadora en la categoría Premio a Toda una Vida por su labor en los departamentos de Cesar y Arauca. 

Estos son los relatos de los cuatro premiados: 

"El derecho a la participación es fundamental en una democracia"

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez fue ganadora del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos humanos en la Categoría de Experiencia o Proceso Colectivo nivel ONG. 

Relato de Julia Adriana Figueroa Cortes, representante legal de CCALCP

Yo represento un colectivo de abogados –en la mayoría mujeres- que acompañan desde hace quince años a la población víctima de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Nuestra labor se dirige particularmente a la población campesina, pueblos indígenas y grupos mineros tradicionales y nos enfocamos en luchar contra la impunidad, a favor de la defensa de los derechos colectivos, ambientales, de la biodiversidad y del territorio en zonas como el Catatumbo, Sur de Bolívar y Nordeste Antioqueño, territorios históricamente afectados por el conflicto armado colombiano. Ejecutamos estrategias de litigio con acciones jurídicas de indecencia política, fortalecimiento organizativo y articulación con otras organizaciones.

El solo hecho de estar en Bogotá, en medio de autoridades, embajadores y medios es muy importante para nosotras porque hemos sido perseguidas y estigmatizadas. Me parece increíble que trece jurados que ni nos conocen hayan visto nuestra trayectoria, nuestra experiencia de vida y nos hayan puesto como ganadoras entre muchas organizaciones nominadas que también han hecho un excelente trabajo defendiendo los derechos humanos. Para nosotras es muy especial. A veces nos desanimamos porque muchos actores armados menoscaban nuestro trabajo y este premio nos da el ánimo para seguir adelante.

El Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez se creó desde el 2001 y desde el año 2005 acompaña al pueblo Motilón Barí que habita en las selvas del río Catatumbo, Norte de Santander, con acciones en defensa de su territorio. En 2006 emprendimos un trabajo en favor de los recursos naturales y el medio ambiente en la zona de Guamocó, Departamento de Bolívar. En 2009 el Comité por la Defensa del Agua y los comités de veeduría ambiental de Charalá y San Gil, Santander nos empezó a apoyar.

Yo me volví representante legal del colectivo en 2014. Fue todo un desafío porque asumir esa posición significa volverse la voz del colectivo pero también el blanco principal. Mi papel es estar alertando y conteniendo violaciones a los derechos humanos a título personal, contra mis compañeras y contra las comunidades. Y han sido muchas.

Desde 2005, la CCALCP ha sido víctima de 43 incidentes que afectan nuestra seguridad: agresiones físicas, interceptaciones ilícitas, robo de información, señalamientos, y presentación de documentos falsos vinculando a la corporación con grupos armados al margen de la ley. En 2010 hubo una arremetida violenta contra las abogadas. La Corporación solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares y nos lo otorgaron.

No todas las amenazas han sido autoría de las guerrillas –Farc y ELN-. También hemos sido blanco de los paramilitares, de empresas y de agentes del Estado. Las amenazas provienen de todo aquellos que quieren imponer sus intereses políticos y económicos por encima de la autodeterminación de los pueblos.

Desde su creación, la CCALCP ha contribuido a formar numerosos sectores marginados en el Nororiente de Colombia y el Magdalena Medio, particularmente a víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas, indígenas y mineros tradicionales. Con quince años de experiencia nos hemos impulsando el fortalecimiento de varios procesos organizativos de base así como su movilización en la exigencia de derechos ante organismos nacionales e internacionales.

Estamos orgullosas de nuestra labor representando a las víctimas en casos de ejecuciones extrajudiciales. Las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en una política sistemática dentro de la fuerza pública colombiana y desde CCALCP dirigen sus esfuerzos hacia la consecución de condenas a los mandos responsables de las distintas unidades militares implicadas y no únicamente al “eslabón” más bajo en la cadena de mando.

También defendemos el medio ambiente, como el caso del Páramo de Santurbán, un importante recurso natural de Colombia y la fuente de agua de muchos municipios de los departamentos Santander y Norte de Santander. Como en otros casos en Colombia, existen concesiones a empresas multinacionales para la explotación de recursos minerales lo cual puede provocar graves impactos medioambientales. Por ello, CCALCP ha luchado incansablemente por la preservación de este Páramo y fruto de ese trabajo fue la aceptación por parte de Corte Constitucional de una tutela interpuesta por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez por falta de consulta previa a las comunidades afectadas.

A futuro vamos a intentar incidir en tema de participación política, en consulta previa, defender el derecho de las comunidades a ser parte de la aplicación del modelo económico en sus regiones. Este derecho está completamente invisibilizado. Creemos que necesitamos una reforma a la Constitución que eleve la participación ciudadana al estatus de derecho fundamental, pero aún si no lo es, que por lo menos el derecho tal y como está en la actual constitución, sea aplicado en las regiones.

Además insistimos en la necesidad de un dialogo con la guerrilla del ELN. La inclemencia de la guerra ya no es soportable. El costo, el despojo, es demasiado alto y los derechos humanos no están garantizados por unos acuerdos. Ahora más que nunca vamos a necesitar mucha más veeduría y seguridad.

Los procesos organizativos de los movimientos sociales se deben fortalecer. Otra petición es que el Estado debe avalar los enfoques diferenciales porque cuando estos se vulneran generan focos de violencia.Todos y todas deben defender los derechos, este país solo se puede construir así. 

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El acuerdo de paz es una nueva opotunidad para los defensores

Relato de María Ruth Sanabria Rueda, ganadora en la categoría "Toda una vida" del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos

Siento que desde muy niña empecé a caminar por el sendero de los defensores. Desde que era estudiante del Liceo Femenino en Neiva me decían "San Pedra Claver". Eso fue como en 1978. Por más de 30 años, he estado acompañando a la Unión Patriótica, incluso en los 80, una época tan difícil. Conozco el Cesar como la palma de mi mano porque llevo décadas viajando por cada vereda apoyando la restitución de tierras y la representación de víctimas de crímenes de Estado. Desde que mataron a mi marido, en el año 1990, tuve la determinación de defender los derechos con más vehemencia. Empecé a investigar el genocidio de la Unión Patriótica. Actualmente soy parte de la junta directiva del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en Arauca.

Ayudé a conformar y expandir la Red de Derechos Humanos en el departamento del Cesar. También soy miembro del sindicato Agrario del sur del Cesar. En 1999 ingresé a la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (AMMUCIC). Desde el 2006 soy coordinadora del departamento de familias y sobrevivientes del genocidio de Estado contra la Unión Patriótica. En el 2012 entré a formar parte del CPDH donde inicialmente fuí directora y representante legal durante cuatro años y actualmente acompaño a las víctimas del conflicto armado de Arauca.

En cada uno de estos procesos, he buscado generar espacios de discusión que han permitido articular diferentes organizaciones del departamento de Arauca como la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Campesina del Arauca (ACA) y la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Centro y Oriente de Colombia (DHOC). Así se conformó la Red de Derechos Humanos del departamento de Arauca, que ha permitido que la comunidad trabaje unida en la defensa de sus derechos y alerte a otras comunidades en caso de evidenciar alguna violación a los DDHH.

Como defensora no he estado exenta de amenazas por los actores armados del conflicto: guerrilla, paramilitares y el Ejército. En 1990, después del asesinato de mi esposo, recibí una alerta de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para abandonar el departamento del Cesar en las siguientes 24 horas. En el 2006 fui amenazada por el ELN. En el 2008 presenté denuncias ante la Fiscalía por atentado. Desde el 2 de octubre de 2010 cuento con medidas cautelares dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH) por ser sobreviviente del genocidio de Estado de la UP.

Quisiera pensar que el acuerdo de paz va a mejorar el panorama de seguridad para los defensores pero ya nos hemos dado cuenta, después de lo que pasó con la compañera Cecilia, de que las cosas para nosotros no van mejorar en el corto plazo. Lo que podemos hacer para mejorar la situación a mediano plazo es ayudar a implementar el acuerdo de paz. El acuerdo está hecho para garantizar una verdadera democracia y darnos nuevas garantías.

A futuro quiero seguir fortaleciendo la red de Arauca para hacer más presencia de todo el país. La lucha del pueblo debe ser legal y ahora, en el marco del proceso, la invitación es a conversar y encontrarnos con los diferentes y unirnos con los piensan de forma opuesta. Pero si hay que ir a las calles defender nuestros derechos lo haremos.

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Protegiendo lo público 

José Milciades Sánchez Ortiz fue ganador del premio al Defensor del Año. 

Como coordinador del comité de Derechos Humanos del Sindicato Nacional de trabajadores y empleados universitarios de Colombia, (SINTRAUNICOL) en Cali y miembro del comité Institucional de DDHH de la Universidad del Valle, José Milciades se ha dedicado a la defensa de lo público de su ciudad, reivindicando la movilización y protesta social como medio para ser escuchado. Lleva más de quince años como defensor de derechos humanos.

Entre los eventos que motivan la protesta social, han estado la defensa de la educación pública de la Universidad del Valle y del SENA. En agosto de 2015, junto a miembros del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas que pertenecen al Hospital Universitario del Valle, José Milciades se movilizó para reclamar para que el centro asistencial no fuera cerrado.

Ha acompañado las denuncias que esclarecieron los falsos positivos, acciones del ejército colombiano en contra de la sociedad civil. Ha respaldado al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Apoyó la lucha por la vida y vivienda digna de los desplazados del asentamiento “El árbol”, población ubicada en el margen occidental, en la base de los cerros de Cali, acto en el que se logró la presencia del Coordinador en Cali de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Daniel Atchebro, impidiendo el desalojo de los habitantes.

Hacer valer este derecho también lo ha expuesto a escenarios de violencia viéndose en la necesidad de denunciar, no sólo múltiples hechos de agresión hacia su integridad, a la de estudiantes y colegas que participan de las movilizaciones, sino también el encubrimiento de agentes irregulares.

Ha defendido a los desplazados que reclaman vivienda digna, a usuarios del sistema bancario víctimas de desalojo y a comunidades reclamando garantías en el acceso al agua en la comuna 18 de Cali. También ha acompañado diferentes luchas que adelantan indígenas, campesinos, afrocolombianos, víctimas de crímenes de Estado, sector popular y sindical del suroccidente de Colombia.

Uno de los logros que más enorgullece a José Milciades es que su labor tenga resonancia en la población civil y que después de quince años le ha enseñado a la ciudadanía las rutas que existen para defender sus derechos.  

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La relevancia de los derechos étnicos 

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) fue ganador en la categoría Experiencia o proceso Colectivo de Base Social. 

En un contexto de crisis humanitaria en el Departamento del Chocó y el Atrato Medio antioqueño, se creó el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), que agrupa a más de 120 organizaciones de base en el departamento. Esta organización tiene como fin defender la dignidad de los pueblos negros, indígenas y mestizos, fomentando en sus pobladores el arraigo y la defensa del territorio, abriendo la participación de las autoridades tradicionales, cabildos indígenas y consejos comunitarios.

Desde hace ocho años el Foro hace parte de la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, espacio en el que confluyen 23 procesos de carácter regional de todo el país. En dicho escenario el FISCH ha sido el primer proceso en proponer la construcción de una Agenda Regional e Interétnica de Paz, la cual hoy en día es una realidad. En este escenario nacional se discuten temas humanitarios, tales como la protección de los territorios ancestrales y la construcción de paz desde las comunidades.

La organización trabaja junto con instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la nación, las alcaldías, personerías municipales , la Diócesis de Quibdó, así como con organismos de Naciones Unidas y agencias de cooperación internacional, para fortalecer las alertas tempranas, estableciendo acuerdos y mecanismos de seguimiento a través de audiencias públicas regionales y adelantando acciones internas en las comunidades y organizaciones que integran el Foro Interétnico Solidaridad Chocó.

Dentro de las apuestas del Foro, está la participación en el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, escenario desde donde se ha venido contribuyendo a los procesos nacionales, especialmente en el marco de la Mesa de Diálogos para la terminación del conflicto que se llevan a Cabo en la Habana, Cuba, a partir de un análisis colectivo y territorial de los pre acuerdos y la presentación de propuestas a la Mesa, obteniendo como resultado la incorporación de un enfoque étnico en el Acuerdo Final de Paz, en el que se incorporan principios, garantías y salvaguardas con perspectiva étnica para la implementación de los acuerdos de paz en los territorios de comunidades negras e indígenas.

A pesar de los desarrollos que ha tenido el FISCH en materia de derechos humanos, no cuentan con las garantías de seguridad. Las constantes amenazas a líderes y lideresas, el saboteo a los espacios alternativos de comunicación, el robo de información de más de doce años de trabajo, así como algunas rupturas en los procesos organizativos, dan cuenta de la fortaleza de esta organización para resistir, en un departamento afectado no sólo por el conflicto armado – con presencia de las FARC-EP, ELN, grupos paramilitares- sino también, en una región con altos índices de corrupción.

Entre los aportes del FISCH a la realidad del Pacífico se destacan movilizaciones como la recientemente realizada por el río Baudó, denominada “Baudoseando”, para denunciar la crisis humanitaria de ésta subregión; el posicionamiento regional y nacional de su Agenda Regional de Paz construida por las organizaciones étnicas y sociales que conforman el FISCH, la cual ha sido adoptada por el actual gobierno departamental como la política de paz para el departamento del Chocó. Otro de los aportes recientes tiene que ver con la acción de tutela, interpuesta en conjunto con la ONG Tierra Digna y los Consejos Comunitarios, para la protección del río Atrato -uno de los más caudalosos del mundo, afectado por la minería y la tala indiscriminada de bosques-. Dicha acción jurídica está en manos de la Corte Constitucional.

Otros logros destacados son la construcción colectiva de una propuesta de Acuerdo Humanitario como una herramienta para la protección de líderes y lideresas de las comunidades étnicas y sociales; el impulso de Mesas de Concertación y Paz Municipales y Departamentales; la construcción de un Plan de Protección Territorial y de un Protocolo Autónomo para la consulta previa, libre e informada en los territorios colectivos del Chocó; la implementación del Plan de Protección y Autoprotección de la Comunidad de Tanguí, entre logros del último año.