La verdad debe ser negociada y construida por todos

Thilo Marauhn, experto alemán en derecho internacional, llega a Colombia como uno de los directores científicos del Instituto Capaz, entidad que se inaugura hoy. El abogado explica que para implementar los acuerdos de paz hará falta que la academia y las regiones afectadas por el conflicto se unan para buscar soluciones. 

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Thilo Marauhn será uno de los coordinadores científicos del instituto Capaz.
/ Mauricio Alvarado

Thilo Marauhn es profesor de derecho público en la Universidad Justus-Liebig en Giessen, Alemania, y director del Grupo de Investigación de Derecho Internacional, recién creado dentro del Instituto de Estudios de Paz de Frankfurt. Llega a Colombia como uno de los coordinadores científicos del instituto Capaz.

¿Cómo ven desde el exterior el proceso de paz colombiano desde el punto de vista jurídico?

Como uno muy emocionante y valiente. No sólo porque el resultado es que se abrieron nuevas perspectivas para los colombianos, sino porque son muy interesantes las preguntas legales que pone sobre la mesa. Desde el sistema de amnistía hasta cómo acomodar a los exparticipantes de la guerra civil en la legalidad. Aplicar el acuerdo requiere proyectos muy específicos. La comunidad internacional puede aprender mucho de esta experiencia.

¿Cuál es la importancia del instituto dentro del contexto que acaba de describir?

Es un proyecto que llega en el momento preciso. El acuerdo de paz ha sido firmado, el proceso del fast track fue aprobado y eso significa que los puntos del acuerdo se empezarán a implementar a una gran velocidad. Eso traerá muchos retos. En Colombia hay una valiosa experticia en temas como la Justicia Transicional y se han hecho estudios sobre los impactos sociales y políticos que traerán los acuerdos a los territorios. El instituto quiere construir sobre esos logros.

Uno de los aspectos en el que Alemania tiene gran experiencia en construcción de memoria histórica. ¿Cómo desarrollar ese aspecto en Colombia?

Es importante crear una cultura de memoria, algo que no es el trabajo para abogados. Es un proyecto interdisciplinar. Como nación nos dimos cuenta de que es muy importante saber lo que pasó para decidir cómo nos comportaremos en el futuro.

Pero antes de contar la historia hay que reconstruir la verdad.

Es muy difícil reunir los datos y los hechos de lo sucedido, pero reconstruir la verdad es mucho más complejo que eso. Cada persona ve los mismos hechos de forma diferente y desarrolla sus propias narrativas alrededor de ellos. Debemos localizar el hecho dentro del contexto en el que sucedió y por eso necesitamos que la verdad se reconstruya de la mano de expertos culturales y sociales, además de jurídicos. La verdad es en realidad una negociación.

Uno de los objetivos del instituto es fortalecer los gobiernos locales. ¿Cómo se hará ese intercambio entre la academia y las regiones?

Tendremos que empoderar a las organizaciones sociales en los territorios. Formarlas en política y resolución de conflictos. Una de las formas es impulsar la educación continuada. Que personas que ya ejercen como profesores, abogados, activistas o líderes comunitarios asistan a seminarios y talleres, y, en conjunto con personas del instituto, creen estrategias para sus territorios. Otra forma es que estudiantes conozcan diferentes actores políticos y funcionarios estatales y aprendan cómo funciona el Gobierno. Eso impulsará su capacidad para actuar y mejorar la sociedad.

¿Cuáles son los retos tanto para el Instituto como para la academia en general?

Debemos diseñar formas de aplicar lo acordado con las Farc en los territorios. También hay que construir una enorme piscina de conocimiento que la sociedad civil, los políticos y las ONG puedan usar. Esto debe ser muy práctico. Si todo sale bien, Colombia podría ayudar mucho en otros conflictos como el de Siria.