La papa caliente de la sustitución

Aunque el Gobierno avanza a toda marcha en el programa para sustituir cultivos ilícitos, comunidades denuncian incumplimientos, pues hay erradicación forzada en zonas en las que ya existen acuerdos.

coca5.jpg

Actualmente hay 83.790 familias de 13 departamentos del país inscritas en el plan de sustitución de cultivos.
Mauricio Alvarado - El Espectador

Que el país estaba nadando en coca, que la culpa era del proceso de paz entre Gobierno y guerrilla en La Habana, que era la prueba de que las Farc seguían dedicadas al narcotráfico y que las cifras eran consecuencia directa de haber detenido la fumigación aérea con glifosato. Fueron múltiples las críticas que recibió el Gobierno en julio de 2016, luego de que se hiciera público el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) que daba cuenta de un aumento del 39 % en los cultivos de coca del país.

Las alarmas se dispararon, y con razones de sobra. En tan sólo un año el número de hectáreas cultivadas con coca en Colombia había pasado de 69.000 a 96.000, una cifra considerablemente alta que recordaba las épocas duras de la lucha contra las drogas, pues no se daban números similares en territorio nacional desde 2007.

Una radiografía preocupante a la que se sumó en marzo pasado la conclusión del informe antidrogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, del que el país tampoco salió bien librado: “Los cultivos de coca en Colombia aumentaron 39 % en el 2014 y 42 % en el 2015. Pasó a 159.000 hectáreas, uno de los máximos récords. Un aumento de casi 100 % desde el 2013”.

Se trata, sin lugar a dudas, de un tema que ha ocupado de manera prioritaria la agenda del presidente Juan Manuel Santos, quien incluso ha dedicado —y no en pocas ocasiones— discursos e intervenciones en escenarios internacionales para proponer la discusión sobre la necesidad de cambiar el modelo global de la lucha antidrogas, que no ha dado los resultados esperados. En Colombia, entretanto, el discurso presidencial ha estado encaminado —en especial en los últimos meses— a la urgencia de echar a andar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, eje central del punto 4 del Acuerdo de Paz de La Habana, que en términos generales establece acuerdos con las comunidades campesinas y planes de asistencia inmediata como medidas de apoyo para garantizar la seguridad alimentaria de las familias mientras el Gobierno pone en marcha los programas alternativos de desarrollo.

De ahí que una de las imágenes emblemáticas de esta semana haya sido la del mandatario colombiano en el municipio de Uribe (Meta) sembrando una mata de plátano minutos después de que un campesino arrancara en ese mismo lugar una mata de coca. “Esto es exactamente lo que queremos hacer con las miles y miles de hectáreas que están hoy sembradas de coca: darles a los campesinos una alternativa mejor y llevar desarrollo, carreteras, colegios, hospitales y oportunidades a zonas donde el Estado nunca había estado presente”, dijo el presidente Santos en Uribe, durante el lanzamiento oficial del programa de sustitución.

La meta para el Gobierno es clara. Durante el primer año de implementación del programa esperan sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito en más de 40 municipios de los departamentos más afectados. Y las responsabilidades también están visiblemente definidas. Mientras los campesinos se comprometen a erradicar, sustituir y no resembrar, el Gobierno se compromete a entregarles a las familias $1 millón mensual durante un año para invertir en sus nuevos cultivos; $1’800.000 por una vez, para proyectos de seguridad alimentaria o de autosostenimiento, y $9 millones, por una vez, para proyectos de ciclo corto, como piscicultura y avicultura.

Una inversión de gran envergadura, sobre todo si se tiene en cuenta que a la fecha hay 83.790 familias en 67.193 hectáreas de 13 departamentos de Colombia vinculadas al programa. Sacando la calculadora y haciendo las sumas, serán muchos los recursos que el Gobierno tendrá que destinar para cumplir con la estrategia trazada y hay regiones en las que preocupa que su improvisación en la materia derive en incumplimiento de los pactos.

Pero, dejando el tema económico de lado, hasta ahí parece claro. El problema ha surgido por cuenta de la otra parte de la estrategia gubernamental: acabar con el otro 50 % de hectáreas cultivadas a través de la erradicación forzada. La intervención ha generado preocupación en las comunidades, pues la lectura que se hace en los territorios es que pareciera haber una desarticulación entre los planes y acuerdos propuestos por el Gobierno y el accionar de las Fuerzas Armadas, que son las responsables directas de erradicar manualmente los cultivos.

La estrategia, además, constituye para algunos una política que va en contra del eslabón más débil de la cadena: el campesino. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), por ejemplo, señaló recientemente en un documento que en los primeros meses de 2017 el Gobierno ha privilegiado una política de “militarización” contra los campesinos, con planes de erradicación que han dejado sin respuesta a por lo menos 400.000 familias. “El plan anunciado se propone erradicar en un año 100.000 hectáreas de las 200.000 hectáreas que Estados Unidos registra en 2016. Esa erradicación se divide en 50.000 con acciones forzadas de fumigación y destrucción terrestre y otras 50.000 hectáreas de coca erradicadas en los llamados pactos voluntarios. Las otras 100.000 hectáreas de coca, más la resiembra que ocurrirá en 2017, lo mismo que las no contabilizadas de amapola y marihuana, quedan para la siguiente ofensiva”, reza el documento.

Y en las regiones también reina el inconformismo, sobre todo porque, aunque en el Acuerdo de Paz quedó establecido que la erradicación forzada sólo se aplicará en los casos en los que no hay acuerdo con las comunidades para la sustitución, o cuando las mismas incumplan los compromisos adquiridos, a varias regiones del país en las que sí existen acuerdos entre la comunidad y el Gobierno también está llegando la Fuerza Pública a erradicar a mano. Pasó en Tumaco (Nariño) hace poco más de un mes, cuando hombres de la Fuerza de Tarea Poseidón ingresaron a la zona para hacer labores de erradicación que derivaron en un bloqueo de más de 1.200 campesinos que se tomaron la vía principal que une al municipio con Pasto.

La indignación radicaba básicamente en lo que para ellos es casi un doble discurso del Gobierno. “Hay un choque porque por un lado está el Ministerio de Defensa, tratando de cumplir con las 50.000 hectáreas erradicadas, y por el otro las comunidades y el Gobierno, trabajando en la formulación del programa como el máximo instrumento de planeación para la sustitución. Fue esa la razón de las dos grandes movilizaciones, porque cuando se lograron acuerdos en la primera volvieron a erradicar, y la gente volvió a protestar en una segunda jornada”, explicó Zabier Hernández, exasesor de paz de la Gobernación de Nariño y conocedor de los procesos que se adelantan en la zona.

No es distinto el panorama en otras regiones, como Meta, Vichada y Guaviare, donde los campesinos se encuentran casi en una encrucijada. El viernes pasado, por ejemplo, en el municipio de Vistahermosa (Meta) se realizó una jornada de erradicación que, según un campesino de la zona, ocasionó además graves problemas ambientales: “En la vereda Caño Almas del municipio de Vistahermosa, miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil N° 1 quemaron cinco laboratorios de hoja de coca. Es preocupante porque esta es una vereda que está ubicada en zona protegida de parques nacionales naturales. El impacto que han causado con esta quema ha sido bastante grande, porque en la zona había combustibles como gasolina y ACPM y muchos químicos. Eso ha contaminado las aguas que tienen los campesinos para beber y sus ganados. Estamos bastante desconcertados porque no entendemos cómo la Fuerza Pública llega y atropella y acaba con la riqueza ambiental que tenemos nosotros”.

Para Marceliano Acevedo, representante en el Meta de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), las acciones de la Fuerza Pública dejan claro que la orden es erradicar sin importar nada, aun cuando el campesino haya manifestado su voluntad de acogerse al programa: “Los campesinos no están diciendo ‘no queremos sustituir’, lo que están diciendo es que por favor llegue el programa que quedó establecido en el Acuerdo de La Habana, que les den las garantías mínimas para poder sustituir. Necesitamos que cese la erradicación hasta que se implemente el programa y que agilicemos. La gente está aguantando hambre, hay desplazamiento forzoso y hay incremento de los grupos al margen de la ley. Esto agudiza el conflicto y puede armar una guerra peor”.

El papel de las bandas criminales

El análisis de Acevedo es otro de los factores que preocupan. En muchas de las zonas en las que hay acuerdos de sustitución o en las que el Gobierno está llegando a socializar el programa, las bandas criminales y los grupos armados al margen de la ley han comenzado a amenazar e intimidar a los campesinos para que no sustituyan. Se sabe, por ejemplo, que en algunas veredas de Valdivia (Antioquia) las denominadas Autodefensas Gaitanistas les han prohibido a las organizaciones campesinas el ingreso a ciertas zonas y han dicho públicamente que no van a permitir que los acuerdos se pongan en marcha.

En otros casos, los ilegales han aprovechado los incumplimientos del Gobierno y los hechos de erradicación forzada para instar a las comunidades a que desistan de la sustitución, bajo la premisa de que el Gobierno sólo quiere perjudicarlos. “El tema de seguridad es muy complicado en algunas zonas, y si a eso se suma la Fuerza Pública, que no reconoce los acuerdos que se firman con el Gobierno Nacional, con la dirección de la lucha contra las drogas, pues la situación se complica aún más. Los campesinos, obviamente, tratan de evitar la erradicación forzosa, porque ya ellos hacen parte de un acuerdo colectivo”, detalló Arnobis Zapata, dirigente agrario de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba.

Caldo de cultivo, como dirían popularmente, para que las bandas criminales que pululan en muchas regiones y que se pelean el control de los negocios ilícitos le pongan trabas al proceso. Una situación que no es desconocida para el Gobierno, pues el mismo presidente Santos le pidió a la Fuerza Pública abrir los ojos ante el accionar de los ilegales. “Los narcotraficantes colombianos que se quedan con buena parte de la plata también están desinteresados en que eso prospere. Así que, señores generales, del Ejército y la Policía, ustedes estén con el ojo visor, las bandas criminales que vengan a sabotear o a tratar de amedrentar a un solo campesino o a las comunidades, para tratar de que este programa no tenga éxito, ustedes los capturan y los judicializamos y quiero que tengan ese ojo muy bien abierto”, manifestó Santos desde el Meta.

Sobre el tema los campesinos prefieren no ahondar, pues son muchos los riesgos en el territorio para quienes han ejercido el liderazgo de causas relacionadas con la paz. Por eso se limitan a exigir al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos, sobre todo en las zonas históricamente abandonadas por el Estado.

En zonas del Bajo Cauca, en donde el proceso aún está en la etapa de socialización con las comunidades, la esperanza no sólo está puesta en los beneficios económicos que traerá consigo el proceso sino en la inversión que el Gobierno hará para mejorar la calidad de vida de la gente. “No sólo es montar el programa, es tener las vías buenas para poder sacar nuestros productos, el desarrollo que tenemos en la región. No hay cómo pasar, no existe una carretera adecuada terciaria para decir: vamos a sacar estos 500 bultos de yuca o 1.000 bultos de arroz”, dijo a El Espectador un campesino de Nechí que prefirió mantener su nombre en reserva.

Para él, resulta inconcebible que la estrategia del Gobierno esté enfocada en atacar a los campesinos, que en últimas son los que menos beneficios obtienen en la cadena productiva del narcotráfico. “Cómo van a atacar al campesino. La gente no se va a dejar morir del hambre, tiene que luchar, bregar como sea para sostener su familia. La cuchara hay que pelearla”, agregó.

El factor Estados Unidos

La firma de acuerdos en las últimas semanas y el lanzamiento oficial del programa con el presidente Santos a bordo, e incluso con la presencia del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, se da también en un momento crucial para el presidente Santos, a pocos días de que se lleve a cabo su primera reunión oficial en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Por eso hay quienes creen que en el fondo los avances en la materia también son producto de la necesidad del gobierno Santos de mostrar resultados concretos ante Estados Unidos, para dejar claro el mensaje de que el país está empleado a fondo en el propósito de acabar con los cultivos.

“Lo que vemos es el lanzamiento de este programa para poder transmitirle un mensaje a Estados Unidos de optimismo alrededor de las posibilidades del Acuerdo de Paz, específicamente en zonas que en el pasado tuvieron alguna influencia de las Farc, y tenemos muchas preguntas alrededor de cómo va a funcionar, si los recursos están listos, cómo se van a coordinar todas las agencias del Estado para cumplir con los compromisos que se están suscribiendo con las comunidades y cómo este programa se hace sostenible en el tiempo, más allá de este período presidencial”, aseguró Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.