La escuela después de las Farc

Esta investigación del Politécnico Grancolombiano muestra la percepción de rechazo, burla, señalamiento y soledad que los menores desvinculados de grupos armados tienen en el escenario escolar.

La salida de los menores de edad de los campamentos de las Farc se constituye en uno de los momentos más esperados por los defensores de derechos humanos, entre otras cosas, porque nunca ha existido claridad sobre el número de niñas, niños y adolescentes reclutados por esta guerrilla. En sus discursos, siempre ha minimizado las cifras de infantes llevados a sus filas; incluso en mayo, cuando se anunció la entrega de los menores de 15 años, manifestaron que serían 21, mientras el Gobierno, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil esperaban a más de 170.

No obstante, los 5.850 menores desvinculados de grupos armados ilegales que atendió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre noviembre de 1999 y agosto de 2015, permiten visualizar mejor la crueldad del conflicto armado. Es importante anotar que, de esa cifra, el 71 % corresponde a hombres y el 29 %, a mujeres. El periodo en el que este tipo de reclutamiento aumentó significativamente corresponde al último año del siglo anterior y a la primera década del siglo XXI. Once años que, cronológicamente, responden al fracaso del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez y los dos primeros años del mandato de Juan Manuel Santos.

Tras los periodos y cifras expuestas se esconden complejos procesos de reintegración a la vida civil, que se tejen con los miedos acumulados por los menores en su paso por las filas de grupos armados ilegales y los temores que la otra parte de la sociedad ha construido desde la experiencia directa e indirecta con el conflicto. Esto se evidencia en uno de los capítulos de la investigación La guerra va a la escuela, de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, en el que se trabajó con un grupo de diez personas desvinculadas de las Farc, con edades entre los 13 y 17 años, procedentes de Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Cesar y Boyacá. Los menores fueron enviados –con medida de protección– a un departamento del occidente del país, donde, entre otras cosas, reciben educación en un colegio oficial. A todos les asignaron un salón de clases, en aras de nivelar competencias académicas básicas, según informan docentes cercanas al grupo.

El objetivo del proyecto, entonces, es comprender lo que significa para los menores desvinculados retornar a la vida civil. Para tal fin, en la investigación se parte de lo que les implica a ellos volver a la escuela o llegar a ella por primera vez, debido a que ese escenario se constituye en uno de los más importantes dentro del plan de atención diseñado para su vinculación a la vida civil.

Los productos del trabajo de campo son dibujos y cartas elaboradas con ayuda de otros jóvenes que se unieron al ejercicio para transcribir los relatos de quienes hasta ahora retoman la escritura o están aprendiéndola. Entre las cuestiones más significativas que el ejercicio presenta se encuentra la percepción de rechazo, burla, señalamiento y soledad que los menores desvinculados tienen en el escenario escolar. Uno de ellos relata: “Me siento con miedo y mucha incertidumbre. No sé cómo actuarán los demás. Ingreso al salón de clase y todos me miran y escucho varios murmullos, los cuales dicen: ‘El era un guerrillero, qué horror a cuánta gente habrá matado’ ”. Otro narra: “Juzgan mucho el cómo hablan, de dónde viene y su grupo de amigos porque piensan que son distintos a los demás, que quizás nos demoramos para aprender, que se pueden armar conflictos por culpa de nosotros”.

No obstante, una docente de la institución manifiesta que el rechazo hacia los desvinculados procede, en un alto porcentaje, de los padres de familia de los otros estudiantes del colegio, quienes, con frecuencia, manifiestan preocupación por el tema, porque perciben a los menores como personas peligrosas. Mientras tanto, los alumnos expresan sentir curiosidad frente a los compañeros nuevos, por las historias de vida que traen.

De otro lado, las cartas revelan que el conflicto armado es para los menores desvinculados un escenario vigente, porque siempre responden a preguntas sobre el presente desde las experiencias en las filas del grupo guerrillero. Además, sobresalen expresiones que denotan rabia y frustración: “Me siento obligado a coger un fusil y ver morir personas inocentes, a tener que perseguir a un hombre y tener que trabajarle como un animal. Me siento devastado al tener que ver morir a mis compañeros para no tener que morir yo”, escribió un menor. También las ilustraciones, de un número importante de ellos, presentan conexión con el pasado, en tanto que, al pedírseles que construyeran escenas actuales de sus vidas, recurren a la experiencia con el conflicto y, en consecuencia, se dibujan de camuflado, cargando un fusil y vigilando un campamento.

La experiencia del trabajo descrito permite concluir que el momento histórico que vive el país plantea el reto a todas las personas de participar en el proceso de reintegración de los menores. El ejercicio de reconstruir el tejido social no es exclusividad de los que llegan, sino también de los que ya se sienten parte de él. Señalar y rechazar se constituyen en herencias del conflicto, que deben superarse para dar paso a la consolidación de un mejor país para todos, en el que la palabra “todos” cobre un verdadero y práctico sentido.

El Estado tiene la misión de asegurar la efectividad de los modelos de reintegración diseñados para los desvinculados de las filas guerrilleras. Pero, sobre todo, tiene el desafío de prestar toda la atención a los menores que están siendo utilizados por las bandas criminales para el microtráfico de drogas. Ese el drama que en silencio está tomando dimensiones asombrosas en los barrios marginales de todos los departamentos. Así lo confirman los informes de alerta de la Defensoría del Pueblo, revisados en la investigación. No frenar esta problemática acrecentaría la vergonzosa cifra de 2.500.000 menores de edad que han sido víctimas de todo tipo de hechos violentos en el marco del conflicto, entre 1985 y 2016.

*Directora de la Unidad de Investigación Periodística de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, donde dirige el trabajo La guerra va a la escuela, impacto del conflicto armado en la educación. Ha escrito los libros: La guerra va a la escuela (2016), Cuánto nos cuesta la guerra (2013) y Dos miradas un silencio, construcción de realidades mediáticas en las crisis del proceso de desmovilización paramilitar (2011).

*Vea aquí la investigación La guerra va a la escuela.