En esta ciudad residen 351.187 víctimas del conflicto armado

La capital, en deuda con las víctimas

Aunque las cifras de desplazamiento han disminuido, factores como el microtráfico, el desempleo, la educación y el acceso a vivienda preocupan en el momento de hablar de las necesidades de las víctimas que llegan a la ciudad.

Bogotá es la ciudad que más ha recibido víctimas del conflicto en el país. En total, según cifras de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, desde 1985 se han reportado alrededor de 639.000 (muchas cuando no existía la política de víctimas), de las cuales 351.187 se quedaron a vivir en la capital. Solo entre enero de 2016 y mayo de 2017 se acercaron a los centros de atención de la administración 22.157 personas y fueron beneficiados con ayuda humanitaria inmediata del Distrito.

Oficialmente, una víctima en Colombia es aquella que ha sufrido un daño por hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario, en medio del conflicto armado interno. Es decir, todas aquellas afectadas por la desaparición forzada, el secuestro, el despojo de tierras, delitos contra la integridad sexual, el desplazamiento, la explosión de minas antipersona, actos terroristas, reclutamiento ilícito, homicidios y masacres.

La mayoría sale de sus territorios con la esperanza de encontrar oportunidades y mayor seguridad. Por eso, una de las principales opciones es Bogotá, donde, de acuerdo con Jenny Pérez, víctimas del conflicto y miembro del grupo del costurero del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se enfrentan a un choque cultural que es doloroso. “Uno tiene otras costumbres, se genera un desarraigo y, además, no hay mecanismos especiales que se encarguen de asesorar a las víctimas que llegan a la ciudad. A esto se suma un estigma de la sociedad, que no alcanza a dimensionar qué pasa y sigue pasando en el resto del país”.

Al llegar a la capital, las víctimas deberían contar con una atención inmediata, pero no todas la reciben. Las que lo logran deben dar su declaración ante un ministerio público (Personería o Defensoría), para luego recibir ayuda psicológica y humanitaria y así no ser revictimizadas. Según la Alta Consejera Distrital para las Víctimas, Ángela Anzola, esta intervención es clave, pues la mayoría de afectados por el conflicto presentan daños psicosociales, como miedo, frustración y angustia, a lo que se suma una ruptura en el tejido social, pues, en la mayoría de casos, las familias se separan.

Por ejemplo, la unidad actualmente atiende a “una madre y a sus cinco hijos, todos con problemas psicológicos. Dos de ellos tienen graves tendencias suicidas. Hay una cosa que nuestros equipos tienen que diagnosticar inmediatamente: cuál es la situación de cada familia y cuáles son sus necesidades, para poderlos enrutar”, agrega Anzola.

En el aspecto económico también hay afectaciones. Muchas veces, quienes llegan a las urbes no pueden ejercer las mismas actividades que hacían en sus lugares de origen y, ante la falta de quien provea el hogar, deben asumir nuevos roles laborales.

Otras dificultades

En cuanto a las víctimas que ya están en la ciudad, las cifras no son muy esperanzadoras. De acuerdo con el registro único de víctimas (RUV), el 48 % de ellas están en condición de pobreza y el 24 %, en pobreza extrema. En materia de educación, la mitad no terminó el bachillerato y la mayoría tiene tan solo tres grados de escolaridad, cuando el promedio en Bogotá es de nueve.

Recientemente, el Distrito comenzó un programa de formación técnica, llamado “Incubadoras de sueño”, con el que pretenden vincular a las víctimas en procesos de educación superior, pero con opciones laborales. La idea es que puedan organizar el tiempo y realizar las dos actividades, para reducir las tasas de deserción y, según Anzola, para “que puedan hacer más cosas, que ser panaderos o peluqueras, porque muchos tienen saberes ancestrales de lo que es el campo, como proteger el bosque. Si podemos atar al tema ambiental y cultural de la ciudad, sería gente muy valiosa”.

En el tema de vivienda hay un claro déficit de suelo. Las víctimas se concentran, especialmente, en Ciudad Bolívar (44.145), Bosa (39.145), Kennedy (36.712), Suba (25.522) y San Cristóbal (20.219). Aunque el programa de viviendas gratuitas suplió parte de esa necesidad, también generó nuevos inconvenientes. “Hubo gran expectativa con las 100.000 viviendas gratuitas. Ahora, todo el mundo quiere una y ya no hay. Tengo respeto y admiración por el presidente Santos, pero esa política sí me pareció una mala idea, porque generó una expectativa irreal. Tenemos una opción de subsidio para adquirir una casa, pero no es que sea gratis. Tienen que pagar una parte”, dijo Anzola.

Los retos

Las víctimas tienen que padecer, además, la falta de educación sobre paz y conflicto armado. Los expertos coinciden en que los habitantes de la capital ven el conflicto y, ahora, el proceso de paz como asuntos lejanos, que ocurren sólo en el campo. Evaden sus consecuencias, como el desplazamiento, la violencia o el consumo de drogas. Estas se ven reflejadas en su cotidianidad.

El jueves pasado, en un foro denominado Bogotanicemos los acuerdos, liderado por la Alta Consejería para las Víctimas, intervino María Prada, asesora de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Su reflexión fue que, para brindar un espacio seguro para las víctimas y una verdadera paz en los municipios y las ciudades, es clave aterrizar los acuerdos de paz en el territorio y entender que Bogotá también es rural.

“Es importante que se lleven al territorio y se dialogue con las personas, según sus contextos, sus características geográficas, sociales y culturales, para que la implementación sea relevante y pertinente. Debemos resolver qué significan los acuerdos para Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme y cómo, desde la autoridad, los volvemos reales”.

Antonio Madariaga resaltó un segundo problema: que, en el imaginario del citadino, el proceso de paz se “chuleó” con la dejación de armas y por eso hoy se mira como un asunto del pasado. La gente conecta la paz con su cotidianidad y por eso la estrategia de posconflicto no ha tomado fuerza, ni en la ciudadanía ni en la Administración distrital.

De hecho, puso sobre la mesa ejemplos claros. “El acuerdo contempla una reducción de la pobreza rural en un 50 % y la eliminación de pobreza extrema. En la localidad de Sumapaz, el indicador de pobreza es del 40 % y el de pobreza extrema es del 7 %. Yo me pregunto: ¿Hay algún programa del Distrito en este lugar de la ciudad que pueda posibilitar que se reduzca y se logre la meta?”.

En cuanto a la participación política, Madariaga afirmó que debe haber una apertura democrática, porque hasta ahora no existe. Se pregunta, por ejemplo, cómo está constituido el Concejo y cuántos cabildantes representan los intereses de las 20 localidades, que incluyen a las personas quienes, por décadas, migraron hacia la urbe huyendo del conflicto armado.

Pero la situación más grave es la de las víctimas. Para Madariaga, a pesar de que a Bogotá llegaron decenas de miles de afectados por la guerra y que se perpetraron atroces crímenes, hasta ahora no hay una propuesta del Distrito para apoyar la tarea de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Y mucho menos hay una ausencia de programas sólidos y prósperos para apoyar a las víctimas y a los victimarios, de acuerdo con su experticia, en su mayoría centrada en trabajos rurales.

La investigadora Irene Cabrera destacó que este tema también tiene que verse desde los efectos colaterales que puede traer su llegada a la capital. Bogotá aún tiene altos índices de violencia y cada día se consolidan nuevas amenazas, como la trata de personas, que tiene que atacarse para que no afecten a sus habitantes, sobre todo a esta población vulnerable. Por eso —añadió— hay que consolidar la seguridad en la ciudad.

En ese mismo encuentro, el concejal Antonio Sanguino (Alianza Verde) resaltó la necesidad de invertir en los programas de posconflicto en la ciudad. “El gobierno actual de Bogotá no les da la importancia a los acuerdos. En la discusión del Plan de Desarrollo, hubo un desmonte brutal de la política de víctimas de la anterior administración, en los programas, las metas y hasta la asignación de recursos. Pasamos de un $1 billón a aproximadamente $200.000 millones”. Incluso —advirtió el concejal— hace poco se aprobó una adición presupuestal de cerca de $2 billones, pero tampoco se asignó presupuesto para atención de las víctimas.

Sanguino aseguró que, para construir una paz en la capital, es fundamental que el cambio venga desde las instituciones. Resaltó que, en medio del proceso de paz, propuso un foro en el Concejo con los delegados del Gobierno y de las Farc para que les explicaran la tarea de la corporación en la implementación de los acuerdos. Pero la mayoría de los concejales votaron “no”, con el argumento de que entre los invitados estaban los delegados de las Farc. Si desde los escenarios políticos no se les ofrece un espacio, mucho menos lo hará un ciudadano que aún ve ajena la problemática de la recepción masiva de víctimas en Bogotá.

*@yomonriver / @Lauradulcero

Lea: Carta de Alta consejera para los Derechos de las Víctimas, Ángela Anzola