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Con un sombrero de ala corta, jeans y un chaleco del Consejo Popular Noruego, Pastor Alape recibió la comitiva que llegó a la vereda Santa Helena (Meta). “Vea, hasta me tienen haciéndoles propaganda a los europeos”, bromeó el miembro del Secretariado de las Farc, mientras se sentaba en la mesa principal, donde también estaba el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo. Estaban allí para celebrar que Santa Helena es hoy un territorio libre de minas, el primer piloto de desminado en el mundo que se desarrolla en medio del conflicto armado.
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En las instalaciones recientemente renovadas de la escuela de la vereda, Félix Antonio Muñoz, o Alape, habló sobre los últimos meses que ha pasado en el Meta y en especial sobre el proyecto de desminado, que estima podría darles trabajo y reintegrar a más de mil integrantes de las Farc; y que, lejos de considerarlo una paradoja, cree es un acto ético y decidido de las Farc con la reconciliación.
¿Qué proyectos tienen con el desminado humanitario?
Queremos aportar en la limpieza de territorios tanto por minas improvisadas como por municiones sin explotar. También queremos educar en el riesgo, la corporación se llamaría Humanicemos. Todo esto se tiene que acompañar con proyectos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
¿No cree que es paradójico que los mismos que minaron, ahora desminen?
No es paradójico, porque fueron acciones de guerra que se desarrollaron bajo esa lógica. Ahora que estamos en contexto de la paz, tenemos todo el interés de limpiar los suelos, crear procesos de educación con la comunidad y eso es acorde con la ética de las Farc.
¿Qué les diría a las miles de víctimas de minas antipersonal y a sus familias?
A las víctimas no solo de las minas antipersonal, sino de todas las acciones de guerra en el país, les diría que debemos aprovechar este momento de reconciliación. Nosotros pondremos todas nuestras energías en mejorar esta y muchas otras problemáticas que se vieron exacerbadas por la guerra.
¿Qué valor agregado tiene las Farc frente a otras organizaciones de desminado humanitario?
Nosotros tenemos más información de las regiones contaminadas y tenemos un buen contacto con la gente. Además, la comunidad internacional siempre ha querido invertir en proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades afectadas por el conflicto.
¿Cuáles son las regiones más afectadas?
Eso ya lo entraremos a mirar con los estudios y los mapas necesarios.
Pero desminar también requiere conocimientos técnicos muy precisos, ¿cuentan con ellos?
Desde el plan piloto de El Orejón nos hemos capacitado en diferentes aspectos del desminado y ahora, con la conformación de la corporación, seguiremos aprendiendo los aspectos técnicos del proceso.
¿Y ya están en proceso para certificar la organización ante la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma)?
Sí, ya se hizo la asamblea para elegir quiénes van a constituir la corporación de desminado y se está formando la junta directiva. La idea es que empiecen a participar los indultados que ya tienen resuelta su situación jurídica y les interesa el proyecto. A medida que se vayan resolviendo los temas en las zonas veredales de quienes van dejando armas, los que quieran pasarían a esa organización.
¿Para cuándo estaría lista la certificación?
Hay que establecer la ruta para la legalización, pero esperamos que con los nuevos procedimientos de la Daicma se podría avanzar más rápido. Ya estamos trabajando con la APN, la agencia noruega de desminado, para eso.
¿De cuántos hombres y mujeres estamos hablando?
Entre 900 y 1.500. Eso lo irán demostrando las necesidades y los recursos que podamos recoger con la comunidad internacional y el Gobierno, entre otros aspectos.
¿La Unión Europea está dispuesta a invertir en esta organización?
Tanto la Unión Europea como la anterior administración de Estados Unidos, a través de Bernie Aronson, dijeron que estaban interesados en apoyarnos.
¿Espera que esto sea un proyecto de vida para cuando dejen las armas?
Claro. Hay que garantizar la vida y todo el espectro de la reincorporación. El reto es que podamos participar tranquilamente en política y que se tenga un proyecto que les permita a todos sostenerse económicamente.
¿Qué más entra en juego con el desarme?
Ahora viene el reencuentro con las familias, la asistencia psicosocial, el proceso de contar los miedos. No solo las aprehensiones subjetivas de cada persona, sino también las amenazas paramilitares reales.
El piloto de Santa Helena se hizo en parte para construir confianza con las comunidades y el país hacia el proceso de paz, ¿qué falta para consolidar esa confianza?
La mayor preocupación de la gente es la seguridad. Necesitamos que se ejecuten estrategias específicas para desmontar las amenazas paramilitares. Eso tiene un resultado preocupante en las regiones. Este año van más de siete personas asesinadas. La gente debe sentir la paz así sea un poquito. Pero si por un lado se les dice que confíen y por el otro lado los matan, no será razonable.
¿Qué les ha dicho la Gobernación del Meta sobre las estrategias para acabar con estas amenazas en el departamento?
La gobernadora está dispuesta. Pero hay que tener en cuenta que los departamentos tienen recursos limitados y en el caso de este departamento el dinero que venía de la industria hidroenergética va a disminuir por los precios del petróleo. Así que toca buscar recursos para respaldar las estrategias de seguridad y que éstas no sean represivas.