CIDH ABORDA HOY EN AUDIENCIA PÚBLICA LA JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)

¿Hay víctimas de primera y de segunda en la Justicia Especial para la Paz?

Según las víctimas del Estado, los cambios sustanciales que se le hicieron a la JEP en el Congreso impedirán que haya verdad, justicia y reparación para ellas. Piden participación activa y con voz propia en la implementación de los acuerdos con las Farc.

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La CIDH cuestionó la forma en la que el Ministerio de Defensa indemnizó en diciembre de 2016 a los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará hoy en audiencia pública, en el marco de su 161 período de sesiones, tres temas claves sobre Colombia: las recientes agresiones contra defensores de derechos humanos, las garantías de no repetición en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc y las obligaciones estatales contra la impunidad en la Justicia Especial para la Paz. Asuntos fundamentales en momentos en que el país avanza en la implementación de lo pactado en La Habana, en medio de un clima de escepticismo e incertidumbre en muchos sectores, no sólo de oposición, sino también quienes se la han jugado por la reconciliación, que ven lejano el cumplimiento de lo que se les prometió e, incluso, cerrada la puerta a su participación, a pesar de haber padecido en carne propia los rigores del conflicto.

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Al menos es lo que perciben Alejandra Gaviria Serna y Diana Gómez Correal tras la aprobación definitiva en el Congreso, la semana pasada, del acto legislativo que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La primera, hija de Francisco Gaviria Jaramillo, miembro de la Unión Patriótica asesinado por militares en diciembre de 1987 en Medellín, y la segunda, hija de Jaime Enrique Gómez, asesor de Piedad Córdoba, quien apareció muerto el 23 de abril de 2006 y hace tres años el Instituto de Medicina Legal determinó que fue asesinado. Ambos casos permanecen en la impunidad.

Alejandra y Diana hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Agentes del Estado (Movice) y lo que reclaman es que se les tenga en cuenta o, mejor dicho, que cuando el presidente Juan Manuel Santos dice que los derechos de las víctimas son el eje del Acuerdo con las Farc, no se quede sólo en palabras. Porque como se ha desarrollado el proceso hasta ahora, a ellas les queda la percepción de que una cosa son las víctimas de las Farc y otra las del Estado. Y ser reconocidas como tales ha sido una lucha permanente que incluso tuvo que intensificarse tras el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado, con el que se buscaba refrendar lo pactado con la guerrilla.

“Dentro de la universalidad de las víctimas, no se está dejando participar a las víctimas de crímenes de Estado. Hemos mandado cartas, proposiciones, comunicados, y la respuesta que ha dado el Gobierno es que se hará a través de la Mesa Nacional de Víctimas, que nunca fue el organismo ni el mecanismo que se utilizó a lo largo de estos seis años de negociación y de la que el Movice no hace parte. La participación fue a través de foros, de delegaciones que visitaron La Habana, pero ahora nos dicen que es el presidente de la Mesa el que puede participar. Cuando pasó lo del plebiscito tuvimos reuniones con el presidente Santos y le pedimos que se reuniera con las víctimas de crímenes de Estado, pero se dedicó a recibir a las víctimas de las Farc y a los voceros del No y nunca nos dio respuesta”, señala Alejandra.

Y lo que ven después de la aprobación de la JEP en el Congreso son cambios sustanciales que, en su concepto, impedirán que haya verdad, justicia y reparación, al menos para las víctimas del Estado. Por ejemplo, en lo de la responsabilidad de la cadena de mando consideran que, con el texto aprobado, se modificaron principios del Derecho Internacional al crear una serie de requisitos que tendrán como consecuencia que sólo los soldados –como actores materiales de los delitos— sean juzgados y sancionados, mientras que sus superiores podrán gozar de impunidad. “De lo que se trata es de reconocer si en Colombia ha existido criminalidad estatal o no, y si es estructural o no. La posición del Gobierno siempre ha sido la de decir que ha habido manzanas podridas y hechos de violencia, pero que son casos aislados, pero nosotros consideramos que la criminalidad de Estado es estructural. Y este asunto de la cadena de mando incluye que no se conozca la verdad y que nunca haya justicia”, agrega Diana.

Y está lo de los terceros y la financiación, directa o indirecta, de los grupos paramilitares. Para el Movice, la proposición que introdujo el senador de Cambio Radical Germán Varón, aprobada por el Senado, establece que solo se juzgará como financiadores a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. “¿Cómo vamos a poder conocer la verdad sobre el paramilitarismo y las relaciones con políticos y empresarios si aquí ya se está vetando conocer quiénes fueron responsables?”, pregunta Alejandra.

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Todo ello sumado a la imposibilidad de presentar informes de derechos humanos y el trato diferenciado en la forma como funciona el sistema de justicia. “Nosotros entramos al sistema ubicados en un lugar desigual. La Fiscalía tiene un montón de archivos sobre casos de la guerrilla, ya tiene casos ordenados, pero no tiene nada organizado sobre crímenes de Estado para investigar”, agrega Diana.

¿Qué piden entonces? “Un trato justo y simétrico como víctimas con respecto a las demás, y eso quiere decir que no se pueden tratar a todas las víctimas igual, no porque el dolor sea distinto, sino porque partimos de realidades distintas. Es muy complicado ser víctima del Estado, porque es el que tiene que garantizar la reparación, pero si fue el propio Estado el que cometió los hechos de violencia, el tratamiento tiene que ser diferenciado. En este punto, uno no sabe qué hacer con la JEP, porque se está exigiendo que la participación pueda ser activa y en voz propia. Esperamos que en la reglamentación o en la misma revisión de la Corte Constitucional se subsanen los pequeños micos que se le colgaron”, subrayan.

Con una advertencia final que incluso ya se hizo en el mismo recinto del Senado por Claudia López: que tal y como quedó la JEP, se está yendo contra el marco de la justicia internacional y contra los derechos, en este caso, de las víctimas de Estado. Y ello, aseguran, es un riesgo, pues queda abierta la posibilidad de que la Corte Penal Internacional intervenga. De hecho, el Movice, junto a varios movimientos defensores de derechos humanos del país, es uno de los participantes en la audiencia de hoy en la CIDH, donde los casos expuestos serán presentados y donde estará presente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Lo que esperan Alejandra y Diana es que así como la comunidad internacional ha expresado su apoyo a la paz de Colombia, alce la voz también para acabar con esa apreciación que tienen de que lo que hay son víctimas de primera (las de las Farc) y de segunda (las del Estado).

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