En el Catatumbo el lío son las redes de tráfico

En medio de las denuncias sobre presencia paramilitar en esta región, Judith Maldonado, veedora del acuerdo en el Congreso, designada por las Farc, habla de lo que falta en Norte de Santander para que la implementación sea exitosa. 

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Judith Maldonado es una de las veedoras del Acuerdo de paz en el Congreso designada por las Farc.
Cristian Garavito

Judith Maldonado salió de Cúcuta rumbo a la vereda Matacocos, en el Catatumbo. Iba a verificar las denuncias de la comunidad sobre la supuesta presencia de paramilitares, que intimidantes habrían empezado a desplazar y amenazar a la población. Hace un día, luego de varias horas de retrasos por la zozobra de que pudieran ser emboscados, la caravana de la misión de Naciones Unidas pasó por aquí con los 180 guerrilleros que faltaban ser trasladados a la zona donde dejarán las armas. 

Para nadie es un secreto que esta región de Norte de Santander es clave en la implementación de los acuerdos con las Farc. Algunos días atrás, en la sede de su corporación Construyendo Poder, Democracia y Paz (Poderpaz), en entrevista con Colombia2020, Judith habló sobre los inmensos retos que esto representa.

Uno de ellos es que ciudades como Cúcuta entiendan la transcendencia del acuerdo y se “metan de cabeza” a la implementación para así encontrar herramientas que les permitan acabar con los asesinatos a líderes sociales, buscar una solución real para el problema de las drogas e incentivar el desarrollo para proveer empleos de calidad.  

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Judith Maldonado es una de los tres veedores que designó las Farc en el Senado. Ella y sus compañeros de Voces de Paz deben “velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz en materia legislativa”. Pero además de su labor en el Congreso, esta bumanguesa de mirada decidida es una de las voces más fuertes de oposición al actual gobierno municipal de Cúcuta.

¿Cuáles son los retos que enfrenta Cúcuta en la protección de los derechos humanos?

Hemos vivido continuas amenazas y asesinatos a líderes sociales en la ciudad. A finales de 2016 ya habíamos contado 57, solo en Cúcuta.  Lo que más nos asusta es que no vemos una agenda de trabajo siquiera mínima en el tema de derechos humanos ni una estrategia para acabar con esta problemática.

Otra alarma es la forma en que la Alcaldía ha manejado el tema de los vendedores ambulantes. Entre 2016 y 2017 ha habido más de cinco incursiones del Esmad para sacar a vendedores informales de diferentes puntos de la ciudad. No tienen en cuenta la crisis de frontera, el poco interés del Gobierno nacional por resolverla, el desempleo y el desplazamiento que ha ocurrido a nivel nacional. La gente que trabaja como vendedores ambulantes están intentando sobrevivir.

Pero el gobierno municipal afirma que sus programas de trabajo proveen soluciones y que también cobija a los vendedores ambulantes.

Las bolsas de empleo ofrecen contratos de unos meses y que no pagan ni un mínimo mensual. Así que no solucionan las causas estructurales de la pobreza. Además, hemos detectado la injerencia indebida de la administración sobre las bolsas de empleo del municipio. Por ejemplo, con toda la campaña en el marco del municipio se utilizaron las bolsas de empleo para proselitismo político. El que quiera trabajo debe apoyar a ciertos políticos y campañas.

Decía que son más de 50 líderes asesinados ¿Han identificado cuáles son los grupos armados que han amenazado y asesinado a los líderes de derechos humanos?

Hay que tener en cuenta que hay estructuras criminales que por mucho tiempo han controlado el tráfico de estupefacientes y el contrabando tienen mucho poder en Villa del Rosario. Los Rastrojos y los Urabeños siempre tienen conflictos entre ellos. Estos grupos han ampliado sus redes regionales y a nivel nacional y no es un secreto que las estructuras paramilitares están intentando volver a aparecer. En la zona rural de El Zulia y Sardinata hay reportes de que han empezado a llegar nuevos grupos que usan nombres que la gente ya conoce. Suelen usar frases como “ustedes ya saben quiénes somos” y hacen recorridos por veredas anunciando que 250 o 500 hombres van a llegar. En Zulia y San Cayetano también hay reportes de la llegada del Eln.

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¿Qué impacto han tenido estas nuevas dinámicas de violencia sobre las mujeres de la región?

Las mujeres ya sufren una exclusión y unos impactos de la pobreza y exclusión de escenarios como los liderazgos comunales. Entre los líderes asesinados hay varias mujeres. Como es tan difícil que ellas lleguen a esos espacios, cuando las matan es un enorme golpe para las organizaciones.

¿Cómo va el tema de frontera?

 No es conveniente ver el tema de frontera solo desde la coyuntura actual. Es una afectación mucho más grande de lo que se cree porque de los 40 municipios que tiene Norte de Santander, 19 tienen frontera con Venezuela. Los cierres fronterizos generan crisis humanitarias que se deben atender en el momento, pero ni los municipios ni el Gobierno municipal ha tenido capacidad de respuesta. Además, superar los temas de fronteras no le compete a una administración local y no se ha visto un trabajo conjunto de las diferentes entidades estatales.

Entonces, ¿las medidas tomadas por el Gobierno nacional son insuficientes?

Aquí siempre hemos reclamado mesas interinstitucionales en las que deberían participar la cancillería, el Gobierno nacional, la gobernación y los alcaldes de todos los municipios. Todo eso para apalancar iniciativas de inversión. En cambio, lo que se ha hecho hasta ahora es suspender el Iva unos meses. Además, hace muchos años está aplazado en el Congreso el Conpes de frontera que es del 10 de mayo de 2014. Ni eso ni una agenda legislativa que supla las necesidades del departamento, se ha visto materializada en la región.

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¿Qué soluciones se pueden aplicar para acabar con política corrupta, la economía ilegal y la violencia en la ciudad?

El reto no solo de Cúcuta sino de todas las ciudades de Colombia, es encontrar en los acuerdos los beneficios directos que traería el Acuerdo de paz a la vida urbana. Se ha vendido como un documento con soluciones rurales pero también tiene muchos beneficios para las cabeceras municipales. Cambiar esto es muy importante para que Gobierno como el de Cúcuta no esté más al margen del proceso.

¿Y cómo cree que la implementación de los acuerdos beneficiaría a Cúcuta en particular?

Cúcuta tiene tres problemas muy grandes: el desempleo, la falta de educación y la inseguridad entonces uno de los retos que tenemos ahora es coger ese acuerdo y encontrar las soluciones. Por ejemplo, en el punto cuatro se dice muy claro que el problema de las drogas ilícitas no es solo el cultivo de coca en el Catatumbo, también las redes de tráfico y consumo. Entonces esta región, que ha vivido de primera mano la violencia y los estragos del tráfico de drogas debe meterse de cabeza y aportar mucho para la construcción de una política pública sobre el tema. Otro aspecto importante son las vías terciarias, porque, aunque ha sido un tema pendiente de las alcaldías municipales, el acuerdo provee el Plan Nacional de Vías terciaras, es decir, soluciones para pavimentarlas. Cúcuta tiene 11 comunas y 10 corregimientos rurales. Es un municipio rural. 

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