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“Queremos hacer un reconocimiento público de la participación de nuestra Iglesia colombiana, a través de complicidades, silencios y actuaciones representativas, en el proceso de violencia que ha destruido tantos miles de millares de vidas de compatriotas nuestros y ha contemporizado con formas denigrantes de opresión y de injusticia, que han sumergido en la miseria y el sufrimiento a muchos millones de colombianos”. Así señala uno de los apartes de la carta que ya han firmado 654 miembros de la Iglesia católica colombiana, entre los que se encuentran sacerdotes, diáconos, teólogos, religiosas, seminaristas y feligreses de diferentes sectores sociales.
La iniciativa, que se viene fraguando desde enero de este año, invita a la Conferencia Episcopal a realizar un acto simbólico nacional en el que se pida perdón a las víctimas por las actuaciones de los miembros de la Iglesia que contribuyeron al recrudecimiento del conflicto. Además, que a ese evento sean invitados representantes de movimientos políticos liberales y comunistas porque, según los firmantes, la Iglesia contribuyó a que estos fueran perseguidos: “A las víctimas de nuestras complicidades y silencios les pedimos humildemente perdón. A la vez que las invitamos a ayudarnos a transformar nuestras comunidades eclesiales con el testimonio de su resistencia y con la denuncia de sus sufrimientos proyectada hacia una sociedad que condene los horrores”.
Hilda Giraldo, una de las promotoras de la iniciativa y esposa de Jacinto Quiroga, líder social asesinado por miembros del Ejército en 1990, le contó a El Espectador que la fe católica debe dar ejemplo de humildad, de perdón y reconciliación en el actual contexto de construcción de paz en Colombia. Por eso, este grupo de católicos decidió elaborar el documento. Giraldo asegura que es necesario que la jerarquía también dé ejemplo y contribuya a la reconciliación de los colombianos, pues la guerra está inmersa en la cotidianidad.
El pasado 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, este grupo de católicos se reunió con uno de víctimas en un evento privado. En esa oportunidad, María Cepeda Castro contó que la Iglesia católica excomulgó a su madre, Yira Castro, cuando se casó por lo civil con su padre, el dirigente comunista Manuel Cepeda. Marta Martínez, desplazada por los paramilitares en 1997 de Caño Manso (Belén de Bajirá, Chocó), afirmó que un sacerdote llamado Leonidas, de la Arquidiócesis de Apartadó, legitimó el despojo de tierras que emprendió en el Urabá Sor Teresa Gómez, perteneciente al clan paramilitar de los Castaño Gil.
En el documento de perdón, que consta de ocho páginas, se señala que en los períodos más intensos del conflicto colombiano algunos obispos y sacerdotes les decían a sus feligreses que matar liberales, comunistas o guerrilleros no causaba conflictos de conciencia. Incluso, que era una acción meritoria. “Un obispo de Pasto, Ezequiel Moreno, quien pidió que sobre su tumba se pusiera la frase ‘El liberalismo es pecado’, invitó abiertamente a combatir con armas a los liberales durante la Guerra de los Mil Días. Su canonización ofendió profundamente la conciencia de muchos católicos en Colombia y el mundo. Esto nos lleva a pedir perdón —así sea extemporáneo— a las víctimas históricas de esa violencia tan ilegítimamente sacralizada”, señaló el documento.
También, según el grupo de católicos, es necesario sacar de la Catedral Primada de Colombia los restos del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada y entregarlos a la Alcaldía de Bogotá para que les asigne otro espacio, pues “este hombre fue uno de los torturadores y asesinos de todo el pueblo indígena de Colombia, que con la espada y la cruz amedrentaban a su pueblo y los masacraron por robarles sus tierras y el oro”, aseguró Hilda Quiroga. Quienes firman esta misiva también se han comprometido a solicitarle al papa Francisco el cierre en Colombia de la diócesis castrense, que se ha encargado del cuidado pastoral y la administración de los sacramentos de las Fuerzas Militares en Colombia.
“Mi esposo sufrió la persecución, la tortura y el encarcelamiento por parte de miembros de la V Brigada del Ejército (…) Nos contó que luego de ser torturado, días después a sus torturadores les ofrecían misa y les daban comunión en presencia de él, (…) el sacerdote se prestaba para todo eso, sabiendo todo lo que los militares hacían (…). Estos hechos nos parecen una humillación terrible, tener que ver cara a cara cómo les daban la comunión a los criminales. Esta solicitud la hacemos porque cada brigada tiene sus sacerdotes que bendicen las armas de los militares para que vayan a masacrar al pueblo y eso es inhumano”, aseguró Hilda Quiroga.
El grupo de católicos está a la expectativa de que altos miembros de Iglesia se expresen respecto a esta petición. Por una parte, la carta de perdón ya está en el Vaticano y en el arzobispado de Bogotá, pero tanto el papa Francisco como el arzobispo de la capital, Rubén Salazar Gómez, no se han manifestado al respecto. “El sumo pontífice, durante sus visitas a México, Bolivia y Ruanda, ha reconocido la responsabilidad de la Iglesia católica en violaciones de derechos humanos en esos países. Confiamos en que el papa en su visita a Colombia haga algún pronunciamiento sobre el asunto. Nosotros seguiremos recogiendo firmas y sumando apoyos”, puntualizó el grupo de víctimas.