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Mientras los opositores del Acuerdo de Paz con las Farc decían que el enfoque de género era una ideología que buscaba acabar con los conceptos de familia tradicional, la realidad que habían vivido las mujeres era otra: “En el Magdalena, a las madres las obligaban a buscar los cuerpos de sus hijos por días, los cadáveres que los paramilitares mataban y botaban lejos. A otras les ordenaban no darles sepultura. A las celosas les exigían barrer las calles a pleno sol. A las que eran habladoras las amarraban a un palo todo el día. A las que usaban faldas cortas les rapaban el pelo o les marcaban la piel. A las que acusaban de infidelidad las mataban. A las que señalaban de ser colaboradoras de la guerrilla las torturaban y las violaban, como trofeos de guerra. ¿Quién les decía que no?”.
El relato es de una de las mujeres líderes que ayudaron a darle forma al informe Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es representativo de lo que sucedió en otras regiones y con otros actores armados de un conflicto que duró cincuenta años en el país. Si esto lo aterrizamos en cifras, significa que el 52 % de las víctimas del conflicto armado registradas por la Unidad de Víctimas son mujeres: 4’491.833. Esto incluye asesinatos, desplazamientos, torturas, secuestros, reclutamientos, desapariciones y violencia sexual denunciados pese al mensaje crudo de sometimiento que enviaron los violentos. El subregistro, estiman las autoridades, sigue siendo muy alto.
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Argumentos que se unen a una impunidad histórica en delitos cometidos contra las mujeres por su condición. Las estadísticas demuestran que las mujeres tienen menor acceso a la justicia y lo que busca el sistema de justicia transicional es que los graves violadores de derechos humanos rindan cuentas para cerrar esa brecha de impunidad. Otra razón que explica la necesidad de un enfoque de género en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que incluyó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc y ya aprobó el Congreso. Esto, porque “el conflicto no tuvo el mismo efecto sobre los hombres que sobre las mujeres”, como explica Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia.
El gran reto que tiene este sistema de justicia transicional, entonces, es documentar y evidenciar los patrones culturales que permitieron la violencia que vivieron cientos de mujeres durante la guerra, para que de este modo esos casos no queden invisibilizados cuando esta justicia especial se centre en las violaciones más graves, como sucedió en el sistema de Justicia y Paz, donde en sólo tres de sus sentencias (la de los bloques Vencedores de Arauca, Montes de María y Catatumbo) se reconoció un patrón de violencia contra la mujer durante el conflicto armado.
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“Cuando hablamos de un modelo de justicia con enfoque de género, hablamos de reconocimiento de las mujeres como la mitad de las víctimas y las protagonistas del Acuerdo de Paz. Según las cifras del conflicto, más del 90 % de las víctimas de violencia sexual son mujeres, niños y niñas, y los agresores directos son hombres. Con esa simple proporción se hace necesario un enfoque diferencial, porque no es lo mismo investigar homicidios que la violencia sexual”, sostiene Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas.
En ese sentido, a la hora de crear metodologías y enfoques particulares para la investigación de conductas criminales que impactaron de forma diferencial a las mujeres se hace inevitable pensar en el enfoque de género. Para Marina Gallego, directora de la organización Ruta Pacífica de las Mujeres, es importante que la visión de justicia transicional se dé desde la perspectiva de los derechos de las mujeres víctimas. “Por ejemplo, que la verdad que aporten la JEP y la Comisión de la Verdad se vea reflejada en las reparaciones —no sólo materiales sino también simbólicas— por la violencia cometida contra la mujer. En esto es de vital importancia el reconocimiento por parte de los agresores”, puntualiza.
Aunque todo está por verse y reglamentarse, uno de los grandes avances para el reconocimiento de los derechos de las mujeres fue la creación en la JEP de un equipo especializado en temas de violencia sexual. Una victoria de las organizaciones de mujeres que fueron a la mesa de negociaciones en La Habana (Cuba). “La violencia sexual es un pacto de silencio entre guerreros. No es fortuito que en tres años de negociación nada se haya dicho sobre él, pues todos los actores han cometido estos crímenes. Es un caldo de cultivo porque hay silencio de víctimas, porque hay vergüenza. Para una víctima resulta más fácil decir que masacraron o mataron a su esposo a que la violaron”, precisa Adriana Benjumea.
Por eso la investigación de estos casos “requiere destrezas y conocimientos particulares”, cree Camila Moreno. La violencia sexual es un crimen que ningún actor del conflicto va a querer reconocer, pues tiene un impacto social diferente. Además, históricamente, los grupos armados, legales e ilegales, han manejado la versión de que esa práctica nunca fue una política y que se castigaba en el interior de sus filas.
Por lo pronto, el gran miedo de las organizaciones de mujeres es que este esfuerzo quede reducido a temas de violencia sexual. “El enfoque de género debe ser transversal y no se puede reducir a grupos especializados”, indica Camila Moreno. “Históricamente, el derecho —o la justicia— ha sido patriarcal y considera que es más grave lo que pasa con los hombres que con las mujeres. El modelo de justicia transicional debe crear bases para una justicia ordinaria más incluyente”, agrega Adriana Benjumea.
Según una investigación que adelanta la Corporación Humanas, en la construcción de los acuerdos de paz del país han participado activamente 130 mujeres, desde el Gobierno, la guerrilla o como asesoras internacionales. Ninguna de ellas es visible o conocida por eso. “Sólo hablan de Elena Ambrosio y Victoria Sandino o de los negociadores de paz como Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo o el Secretariado de las Farc”, señala Benjumea. Una crítica a la que también se une la organización Dejusticia, que recientemente dio a conocer un análisis que señala que las mujeres poco o nada aparecen en los actos públicos y que entre las 41 personas nombradas en los cargos más importantes de las instituciones creadas por la paz, sólo seis son mujeres. Lo que equivale al 14,6 %. Los acuerdos de paz se pactan entre enemigos y guerreros, pero no puede pasar que con ellos se sepulte la verdad de las mujeres víctimas de este conflicto armado ahora que empieza el capítulo de la JEP.