Tras el lanzamiento de la Mesa Social para la Paz

El Eln y la política minero-energética

En la lógica irracional de la guerra, el ELN le apostó a atacar oleoductos, con graves consecuencias ambientales y económicas para el país. ¿Por qué lo hizo? Para financiarse y reivindicar la nacionalización de recursos minerales.

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Archivo.

Después de la instalación, el jueves 3 de noviembre, de la Mesa Social para la Paz, en la que confluyen desde organizaciones sociales hasta figuras como el exvicepresidente Francisco Santos, quedó claro que la sociedad civil cumplirá un papel protagónico en los temas que discutirán el Gobierno y el Eln en Quito. Uno de ellos: la política minero-energética. Esta es la histórica discusión.

Como en las guerras de Oriente Medio, la colombiana también se ha desarrollado en los campos petroleros, y paralela a los tubos que transportan el oro negro. En esa guerra ha tenido protagonismo Estados Unidos desde principios del siglo XX, cuando la petrolera Tropical Oil Company (Troco) se enfrentó con los aborígenes de Barrancabermeja quienes defendieron con la vida la propiedad del suelo y los recursos del subsuelo. La clase obrera explotada y los extranjeros gozando de privilegios, llevaron a  que en 1923 se creara la Unión Obrera, que luego se convertiría en la Unión Sindical Obrera (USO)

Alrededor de los reclamos se consolidó un sindicato, que en 1951 logró la nacionalización de la industria del petróleo y la creación de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), cuyo objetivo era garantizar que el crudo siguiera siendo del Estado y que las riquezas fueran destinadas al bienestar de la población. 

En los años 60, mientras las movilizaciones de los trabajadores petroleros se intensificaron en Barrancabermeja, Santander, exigiendo dignidades laborales, en el municipio vecino, Simacota, el 7 de enero de 1965, el Eln se tomó esa población y empezó a hablar de lo que hasta hoy ha sido su principal bandera: la política minero-energética, especialmente de hidrocarburos, retomando el discurso de los sindicatos. “La victoriosa toma de Simacota ante tanta sangre derramada desde las huelgas de los trabajadores petroleros y de las bananeras”, decía la primera declaración del grupo guerrillero.

Con ese manifiesto nació y creció el Eln en regiones como Santander, Norte de Santander, Arauca y sur de Bolívar, donde están los grandes yacimientos petroleros.

Entre 1920 y 1951 llegó el apogeo del petróleo con nuevos campos en Catatumbo, Magdalena Medio y el valle inferior del Magdalena. En la década del 50 el Gobierno reversó la concesión a Roberto de Mares, adjudicada por el presidente Rafael Reyes, tras una tensa negociación por el cambio de legislación petrolera que exigía salud y seguridad para los trabajadores.
Hasta julio de 1950 se habían otorgado en el país 68 concesiones, equivalentes a 4’549.248 hectáreas. Las empresas extranjeras gozaban de amplios beneficios a través de la figura de contrato, llamada concesión. Durante los 70 años de vinculación (1917-1987), a través de ese mecanismo, el Estado recibía sólo el 15 % de participación en concesiones como la De Mares.

Tras la llegada de Alfonso López Michelsen en 1974 a la Presidencia, hubo un vuelco en la política petrolera. Cambiaron los contratos de concesión por asociación y desde ese momento Ecopetrol reversó a su favor áreas de exploración y, en otros casos, se asoció con multinacionales. Asimismo, las compañías empezaron a pagar el 20 % del producido por concepto de regalías.

Paralelo a estas transformaciones, la USO protestaba en las calles de Barrancabermeja y Bogotá, con una consigna: la nacionalización de los recursos del subsuelo y la renegociación de los contratos con extranjeros. A finales de los 80, a la par con las huelgas del sindicato, el Eln lanzó la campaña “Despierta Colombia, nos están robando el petróleo”.

Veinte años después la historia no dejaba de ser la misma. Entre 2010 y 2013 el Eln concentró su accionar militar en Nariño, Arauca y Norte de Santander, donde están los principales oleoductos. Según cifras del Observatorio de la Fundación Ideas para la Paz (Fip), sólo desde 2007 y hasta lo que va corrido de 2016 el Eln ha atentado 142 veces contra esta industria.
Al tiempo, Pablo Beltrán, principal negociador del Eln en la mesa de Quito, insiste en su discurso antiimperialista: los atentados a la infraestructura petrolera ayudan a frenar el “saqueo”.

La nueva propuesta

En 1996 la USO, en alianza con Ecopetrol, instituyó la Asamblea Nacional de Paz que concluyó con un documento para pedir a la insurgencia sacar el petróleo de la guerra. El año pasado se desarrolló la segunda, y esta vez la decisión es que se presentará ante el Congreso un proyecto de ley para que, entre otras cosas, se revisen los contratos de concesión firmados con empresas extranjeras a principios del siglo pasado y que están vigentes.

La USO dice que no está en contra de la presencia de multinacionales, sino de sus condiciones ventajosas. “No puede ser posible que existan contratos de concesión en donde el operador lo único que paga es un impuesto a la nación. Hay contratos de asociación, en los que el contratista tiene los campos a perpetuidad y en los que se queda con el 70 % y la nación con el 30 %”, señala Germán Osman, vocero de Derechos Humanos y Paz de la USO.

Este no es un debate menor. De hecho, el exministro de Minas Amylkar Acosta reconoce que el país no tiene claro quién se está quedando con la tajada más grande. Por eso, en 2013, siendo ministro de esa cartera, sumó al país a la iniciativa propuesta por Tony Blair, que luego acogieron las Naciones Unidades. Por eso, Colombia deberá contratar una firma de consultoría internacional para que todas las empresas extractivas reporten los pagos que realicen por todos los conceptos.
La Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) asegura que las empresas se quedan solamente con el 20 % del producido y el país con el 80 %. Pero estudios como el que hizo la Contraloría General afirman lo contrario: que el país se queda con el 20 % y que las compañías con el 80 %. Este es un diálogo de sordos que se destrabará en los próximos meses”.

Si bien la política minero-energética ha sido un tema vedado por el Gobierno para negociar con la insurgencia, la propuesta de la Mesa Social para la Paz, en la que confluye la USO, tiene como uno de sus objetivos cambiar esa política. Por algo este año la ministra de Trabajo, Clara López, instaló junto al sindicato la Mesa Nacional Minero-Energética y, luego, fue nombrada plenipotenciaria para dialogar con el Eln. Hechos que auguran que esta vez sí habrá debate sobre el tema.