Ante versiones de pagos de Odebrecht a las Farc

El debate sobre los financiadores de la guerra

La reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso obliga a hacer claridad al respecto. “Decir la verdad no es convertirse en delator”, responde la guerrilla.

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El presidente Juan Manuel Santos en una de las reuniones con los miembros del Consejo Gremial Nacional para hablar de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.
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Ya lo habían dicho Gobierno y Farc: la firma de un acuerdo no significa la llegada de la paz sino el comienzo de la etapa más difícil: la implementación. Y poco más de tres meses después de suscrito ese acuerdo definitivo, las dificultades se hacen palpables y son varios los frentes de discusión que hoy saltan a la palestra y que, por lo visto, generan zozobra e incertidumbre en ciertos sectores de la vida nacional, en concreto entre los militares en retiro y el empresariado. A ello se suman los retrasos en la adecuación de las zonas veredales y el parsimonioso trámite de los proyectos sobre la paz en el Congreso, con advertencias de por medio, como la del uribismo, que dijo que si llegaba al poder en 2018 buscaría “corregir” lo pactado.

Lo cierto es que la noticia difundida por el semanario brasileño Veja, según la cual dos ejecutivos de Odebrecht habrían admitido que se pagaron entre US$50.000 y US$100.000 por mes a las Farc a cambio de “permisos” para la realización de obras en las zonas controladas por la guerrilla, así la firma haya salido a desmentirla, vuelve a encender el debate sobre el involucramiento de los empresarios, nacionales y extranjeros, en el desarrollo del conflicto. Ya hacia septiembre del año pasado había circulado la versión de una lista de 57 empresas que estarían siendo investigadas por supuesta colaboración con grupos armados ilegales, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, habló de 16.000 compulsas en las cuales se mencionan nombres de terceros, lo cual, aclaró, no significa que haya 16.000 empresas investigadas. “Su número es infinitamente menor; si acaso ronda el 1 % de esa cifra”, indicó.

El diagnóstico del ente acusador es claro: la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las Farc y de los paras, y quienes hayan sido víctimas en medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. “Por ello, no tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo dice el Acuerdo, y tampoco ante la Fiscalía. Pero, claro, hay otros que, según las investigaciones, contribuyeron voluntariamente a la guerra. Sobre ellos tiene que recaer todo el peso de la ley”, enfatizó Martínez. Es decir, el reto de la JEP es develar qué civiles, donde caben los empresarios, se vieron involucrados en el conflicto, teniendo en cuenta que sólo aquellos que en forma habitual y determinante fueron responsables de crímenes de lesa humanidad tendrán que responder ante el Tribunal de Paz.

Así lo explicó el presidente Santos: “La justicia transicional sólo aplicará para los delitos más graves. Por ejemplo, si fueron extorsionados, si contribuyeron voluntariamente a algún grupo, van y dicen: ‘Mire, efectivamente a mí me boletearon y pagué durante cuatro años, o me amenazaron de secuestro y pagué, o participé en un fondo que financiaba un grupo de autodefensas’. Igual dice la verdad y queda limpio de por vida, le borran cualquier mención en la justicia ordinaria”. Explicación que, sin embargo, no deja tranquilos a los empresarios, más ahora que sale lo de Odebrecht y la oposición arrecia en sus críticas. “En nuestro país, la financiación extranjera al terrorismo no es exclusiva de Odebrecht. Farc y Eln, no contentos con secuestros, extorsión y narcotráfico, han recibido jugosas sumas de afuera”, expresó el expresidente Álvaro Uribe.

Aunque el exmandatario hace referencia a empresas extranjeras, todos saben que el ámbito puede ampliarse. De hecho, en más de una ocasión los empresarios colombianos han fijado su postura pidiendo transparencia. “Requerimos que las tareas concernientes a la construcción de la verdad del conflicto no estén encaminadas a igualar a aquellos que han hecho parte activa del conflicto, como las Farc, a actores de la sociedad civil que han sufrido las consecuencias de sus acciones. Igualar a los combatientes y a los civiles, propiciar conflictos de interpretación e incentivar sindicaciones temerarias —como ha ocurrido en muchos casos del pasado reciente— son cosas que la sociedad colombiana debe evitar a toda costa”, se lee en una carta que el Consejo Gremial le envió al presidente Santos en mayo del año pasado.

En otras palabras, se trata de evitar que se abra una caja de Pandora o se desate una cacería de brujas de cara a esa justicia transicional. Por eso, los empresarios creen que la labor del Ministerio de Justicia es crear las condiciones para blindar el sistema y, en general, asegurar por todos los medios posibles que la justicia en Colombia sea un garante de la paz y no se convierta en un nuevo escenario de confrontación y de conflicto. Sobre todo porque declaraciones como la dada por Jesús Santrich al diario argentino Página 12, más que despejar dudas, alimentan la incertidumbre. Según señaló el jefe guerrillero, las Farc no van “a hacer ninguna afirmación a favor o en contra de Odebrecht”, pues son “un grupo armado en tránsito a la legalidad”, por lo que dirán la verdad sobre lo que haya imputaciones, pero “decir la verdad no es convertirse en delator”. A su vez, Pastor Alape, otro comandante guerrillero, aseguró que no tiene conocimiento de que la insurgencia haya recibido financiación de la firma brasileña.

En concreto, el Acuerdo de Paz establece que sólo podrán acogerse al sistema de justicia transicional quienes aporten verdad plena, reparen a las víctimas, asuman responsabilidades y garanticen la no repetición. ¿Eso qué significa? “Relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”. Y viene la frase clave para los empresarios: “El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades”. De todas maneras, siendo que la JEP abordará las conductas de financiación o colaboración con los grupos armados ilegales que no sean resultado de coacciones, es de esperar que en su reglamentación en el Congreso se despejen muchas dudas que hoy persisten.