El “coco” sigue siendo la coca, pero no se soluciona solo con arrancarla

Una entrevista con Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores de Drogas de Uso Ilícito de Indepaz, para entender porque se equivoca el Gobierno al pensar que las matas de coca, y no la pobreza rural, son la gran amenaza de la paz. 

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Pedro Arenas es coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores de Drogas de Uso Ilícito de Indepaz.
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En estas últimas semanas se ha hablado de drogas ilícitas por todos lados. La semana pasada el tema estuvo en el Congreso, con la aprobación del sistema de justicia transicional, que abrió la puerta para que los pequeños productores campesinos tengan un tratamiento penal diferencial y no sean tratados como criminales o narcotraficantes, si hacen acuerdos de sustitución. Una promesa contenida en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, que espera una ley para ser realidad. 

Mientras tanto en Viena (Austria) Naciones Unidas revisaba, nuevamente, su Plan Global de Acción contra Drogas, que vence en el 2019 y ha mostrado su fracaso en todo el mundo. En ese escenario el Gobierno colombiano, una vez más, expuso la necesidad de replantear la guerra contra las drogas. Otros países mostraron resultados más claros, que han tenido con políticas alternativas, como Portugal o República Checa que están trabajando en la disminución de los impactos en la salud de las personas que consumen drogas, por la vía de evitar, por ejemplo, que los heroinómanos se contagien con Sida.

En esta entrevista, Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores de Drogas de Uso Ilícito de Indepaz, da buenas razones para entender porque atender el problema de la coca en el país va más allá de las estrategias de seguridad en las que insiste el Gobierno y de las estadísticas que siguen en aumento y seguirán si no se encamina y recupera la confianza con las comunidades campesinas.

Recientemente Indepaz, junto a otras tres reconocidas organizaciones no gubernamentales (Dejusticia, Transnational Institute y Washington Office on Latin America; WOLA) firmaron un duro comunicado en el que señalan con preocupación varios asuntos. Hablemos de ellos.

Sí vemos una necesidad inaplazable de trabajar en la construcción de confianza entre las comunidades y el Estado. Esa desconfianza que hemos señalado se debe al histórico y permanente incumplimiento, de parte del Estado, a los compromisos suscritos con comunidades. Estamos en un país en que para hacer que un acuerdo se cumpla hay que hacer un nuevo paro para reclamar ese compromiso. Por ejemplo, en muchas comunidades existe una preocupación en este momento sobre el cumplimiento de las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización, porque las comunidades ven que si el Estado no se mueve para cumplirle a las Farc, siendo esa una organización que estuvo en armas más de 50 años, va a ser mucho más difícil cumplirles a ellos. Es más, nos han dicho que ven que el Estado se medio mueve para cumplirle a la guerrilla pero no se ha movido nunca para cumplir las necesidades de las comunidades.

¿Por ejemplo?

Existen muchos caseríos alrededor de las zonas veredales donde las Farc dejaran las armas y las comunidades se preguntan, ¿cuándo el Estado se moverá para construirles un alcantarillado, o arreglarles una carretera? Ha sido curioso para ellos ver que la maquinaria del batallón de ingenieros militares y de las gobernaciones se ha movido para arreglar algunas trochas para acceder a las zonas. Los campesinos se preguntan, y tienen derecho, “¿por qué no se han movido para arreglar las trochas por las que quieren que saquemos los productos legales?”.

El Gobierno estuvo en Viena (Austria) y volvió a pedir un cambio de estrategia de drogas ¿Hay algo nuevo ahí?

El gran cambio fue el Acuerdo de Paz, porque allí se introduce un gran componente en el cuarto punto relacionado con los cultivadores y por ahora son buenas intenciones: por un lado, el tratamiento penal diferencial que se aprobó con el Congreso, pero necesita una ley para ser realidad; y el énfasis en la sustitución de cultivos que en erradicación forzada. Lo preocupante es que al mismo tiempo se mantiene la contradicción del Gobierno Nacional que envía funcionarios desde la Presidencia a hacer acuerdos con campesinos y por otro lado entra el Ministerio de Defensa a erradicar forzosamente. Por supuesto, tiene mucha más rapidez y capacidad de respuesta, más recursos y más logística el Ministerio de Defensa que los civiles del Ministerio de Posconflicto para llegar a rincones de nuestra geografía.

Deme un ejemplo….

Un ejemplo de eso podría ser lo que sucedió con el paro de comunidades negras y campesinas en la carretera de Pasto a Tumaco. Llegó primero el Esmad que los técnicos y funcionarios con los que hay que construir todo un plan de desarrollo alternativo para esa región. Colombia sí ha instado internacionalmente para que se reformule la política. De hecho, cuando el presidente Santos recibió el Premio Nobel de Paz volvió con ese tema y dijo que el enfoque tocaba cambiarlo. De alguna manera todo ese discurso que se construyó desde la Cumbre de las Américas en 2012 tuvo una gran incidencia en la realización de una sesión especial de Naciones Unidas sobre drogas y la expedición de una declaración política que está alineada al Acuerdo de Paz que se firmó entre el Gobierno y las Farc.

¿Entonces?

Lo curioso es que a pesar de todo ese discurso internacional que hemos tenido aquí, en la práctica las comunidades siguen sintiendo la contradicción.

¿Conoce alguna historia reciente?

Sí, muchas. Por ejemplo, la noche del 28 de febrero en San José del Guaviare firmaron un acuerdo de sustitución voluntaria y al día siguiente llegaron a erradicar en una de las veredas que firmó el acuerdo de sustitución. Eso también pasó en una vereda del municipio de El Retorno en ese mismo departamento. Lo primero es que no se están hablando las cabezas de las dos estrategias para coordinarse y por ejemplo una comunidad que manifieste su voluntad de acogerse a los programas de sustitución sea sacada de la órbita de la erradicación forzada.

También están pasando cosas de la estructura institucional con que cuenta el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito. Por ahora solo se acordó el Plan de Atención de Emergencia que es en lo que han estado todos los focos. Esa es la respuesta inmediata, unos recursos directos que se entregan a la familia que entra en crisis porque arranca voluntariamente sus cultivos y busca superar ese vacío económico que se genera.

Pero eso no es el plan integral…

No, es apenas una atención de emergencia. El plan integral es mucho más amplio, contempla más dimensiones. Aunque en general estos planes alternativos siempre han tenido menos recursos que las estrategias de erradicación forzada.

¿Es ocurrió con el Plan Colombia?

Sí. La primera gran crítica que se hizo a ese plan fue que el 80 por ciento de los recursos se dedicaron para el énfasis militar y policivo y apenas un 20 por ciento para lo social. Esa proporción fue cambiando incluso con la llegada de Barack Obama. Pero casi siempre ha habido más recursos para la estrategia de seguridad que para la estrategia de inversión social.

Ahora que habla de Obama, ¿cómo podría afectarnos la llegada de Donald Trump?

En el seno de Estados Unidos también hay contradicciones. Una cosa es lo que pueda decir Trump y lo que digan los estados, que por referendo han legalizado el uso de marihuana para fines medicinales y algunos ya  aprobaron sus fines recreativos. Lo curioso es que nosotros seguimos con furor instancias internacionales muy policivas, como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife).

Explíquenos mejor ese furor…

El senador Juan Manuel Galán logró la aprobación de una ley para poder en Colombia cultivar y producir medicina a base de marihuana, pero la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) dijo que nos tienen que autorizar unos cupos anuales de hectáreas cultivadas. Entonces el Estado colombiano corre a pedirle permiso a la Jife para que nos aumente el área autorizada. Y más recientemente la Jife ha dicho: No, tienen que reversar en Colombia esas aprobaciones. Les paramos muchas bolas.

¿Qué hizo, por ejemplo, Uruguay?

Uruguay lo que hizo fue no prestarle atención a esas instancias. Escogió un camino y lo tramitó internamente, lo discutió en su Congreso y con la sociedad a través de los medios de comunicación y las iglesias. Hizo una difusión muy amplia para que su sociedad se enterara. Claro, es un país muy chiquito comparado con Colombia, pero hicieron un proceso interno nacional y lo que le dijeron a la ONU y a la JIFE nosotros vamos a disminuir los riesgos y daños que causan estas drogas por la vía de que el Estado asuma el control para quitarlo a las mafias.

 

¿Seguimos dejando el negocio en manos de las mafias y redes criminales?

Claro, desde el consumidor que tiene que acudir a la olla del barrio para poder conseguir el producto y, por supuesto, no accede a un producto de buena calidad hasta el campesino que depende de redes criminales para que le compren la pasta base  o la hoja. Ese tipo de situaciones se dan porque el Estado colombiano persiste en mantener las mismas estrategias.

¿Qué debería cambiar para que la realidad rural sea distinta en el país?

Se esperaría que existiera un alineamiento entre la cooperación internacional, las entidades nacionales y las territoriales en esta apuesta. Pero, lamentablemente, lo que pasa es que cada uno mantiene su propia agenda y no están pensando en coordinar nada solo en presentar informes por separado.

¿Cómo se ve eso reflejado en las regiones?

Por ejemplo, a mí me parece muy simpático que el doctor Sergio Jaramillo diga en la zona veredal de Charras (Guaviare) que aquí lo que toca es trabajar con la comunidad para presionar que el Gobierno venga. Cuando hace parte del Gobierno. Esos conjuntos de visitas tienen que pasar de las palabras a los hechos y no pueden ser hechos aislados.

Pero parece que para esa coordinación no basta ni con un nobel de paz….

Pues nosotros también esperábamos que el formidable discurso internacional de nuestro Presidente se hubiera traducido en un cambio de fondo en la política de drogas en Colombia. Más allá de decir que la guerra de las drogas fracasó que eso se tradujera en el reconocimiento de derechos a las comunidades que están involucradas en el ámbito de la producción. Ya el grupo de Alternativas al Encarcelamiento de la OEA, promovido por Colombia, dijo que hay que quitar la presión de la acción ley penal sobre los llamados eslabones débiles: productores y consumidores.

¿No es curioso que internacionalmente Colombia diga una cosa y en el país se mantenga la misma línea?

Sí, sobre todo con el respaldo internacional que ha recibido el Presidente al acuerdo de paz y con su propio nobel.  Pero aquí todavía el enfoque en materia de guerra de drogas sigue siendo sobre el ámbito de la oferta.

¿Eso cómo se traduce?

Eso significa que la política del Estado no ha cambiado. Todo su andamiaje está concentrado en perseguir a los campesinos en las regiones para ver cómo arrancan las matas de coca. Eso significa que lo que les interesa es que arranquen las matas. Así como con las Farc, lo que les interesa es que entreguen las armas, aunque los problemas sigan vivos.  Aquí les encanta vivir asustados con los informes de coca en aumento.  Pero el susto lo ponen en función de la estadística y no en llevar desarrollo rural a estas regiones. Por eso lo importante, más allá de los acuerdos de sustitución, es cómo vamos a abordar el tema de la Reforma Rural Integral.

El fondo del asunto…

Sí, no podemos quedarnos en la contabilidad de las hectáreas de coca. Necesitamos la transformación estructural del campo.

Hablamos de cocaína pero, ¿qué tanta marihuana y amapola estamos cultivando?

La marihuana se cosecha en más regiones de Colombia hoy. Volvimos a una época parecida a la de finales de los años 70 donde se habló de una bonanza marimbera en la Guajira, los llanos orientales y la Sierra Nevada. La captura de un gran cargamento de marihuana en el Caquetá habla de ese cambio. Hace diez años no se habalaba de eso. Se produce tanta marihuana en el Norte del Cauca que los productores están preocupados porque hay una sobre oferta y eso hace que se caigan los precios. Ni hablar de la amapola. Todo es coca coca y coca pero hay otros factores que indican que hay un problema en el mundo rural que no se está atendiendo.