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Las comunidades de los territorios que albergarán zonas veredales han evidenciado cambios repentinos en los últimos meses. Desde que se firmó el acuerdo final con las Farc, frentes guerrilleros se empezaron a trasladar, se crearon las zonas de preagrupamiento y empezaron a llegar camiones cargados de insumos para la construcción de los campamentos. “Veredas como San Isidro y La Plancha, en el municipio de Anorí, en Antioquia, vieron agentes del Estado por primera vez en los últimos 70 años”, dice Andrés Moreno, personero municipal. Estos movimientos, cuenta el funcionario, avivaron miedos en las comunidades que empezaron a pedirle explicaciones.
(Vea nuestro especial sobre las zonas veredales)
Sin embargo, las personerías no tenían información detallada sobre el proceso y los temas como los cultivos de uso ilícito generaron cuestionamientos. “Muchos pobladores tenían miedo de que los presionaran para arrancar las matas de coca al instalar la zona veredal, pero que luego no les cumpliera con el resto del proceso de sustitución”, añade Moreno.
Este es apenas uno de los problemas que aquejan algunas zonas veredales y sus alrededores. Por ejemplo, en la vereda de Caño Indio, en el municipio de Tibú (Norte de Santander), a 164 kilómetros de Cúcuta, hay sembradas 50 hectáreas de coca. Allí, muchas familias subsisten de ese cultivo y se niegan a arrancar las matas hasta que el Gobierno les ofrezca un plan de sustitución que supla sus necesidades. La historia se repite en la vereda El Carmen, en el municipio de Montañita (Caquetá), Anorí (Antioquia), La Macarena (Meta), entre otras.
“Ha habido una gran desinformación del Gobierno Nacional hacia las personerías tanto en temas de sustitución de cultivos como en infraestructura y demás. No nos convocaron al reconocimiento de las zonas. Esto es grave porque cuando la comunidad empieza a sentirse insegura a los primeros que les preguntan es a nosotros”, explicó Yerson Borda, personero del municipio de Montañita, que tendrá zona de agrupamiento en la vereda El Carmen. El personero también explicó que algunas tierras circundantes tienen minas antipersonales y haría falta un intenso trabajo para limpiarlas.
Los asesores del alto comisionado para la paz explicaron que las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), donde no se pudo llegar a un acuerdo sobre sustitución de cultivos de uso ilícito fueron trasladados. Hay una excepción: a pesar de que en Caño Indio, Tibú, no se ha llegado a un acuerdo de sustitución, este lugar sigue en la lista de zonas veredales.
Los campesinos de terrenos circundantes a las zonas veredales se quejan de que, aunque en el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc incluye una política de sustitución, sus cultivos siguen siendo erradicados forzadamente. Los asesores del alto comisionado para la paz explican que esas nuevas estrategias se harán efectivas cuando empiece la implementación del punto de solución al problema de las drogas ilícitas del acuerdo de La Habana.
Otra de las grandes preocupaciones de los personeros son las obras de infraestructura, que se deben ejecutar para habilitar las zonas veredales. Algunas requieren puentes y vías de acceso o servicios básicos. Dos de las veredas en las que se ha identificado este problema es en Charras y La Colina, ambas en el municipio de San José del Guaviare. “El Estado deberá invertir en energía eléctrica, redes de comunicaciones y vías de acceso porque en este momento no hay nada de eso”, dice Andrés Pacheco, personero del municipio. La comunidad también está preocupada por lo que puede pasar con la disidencia del frente Primero, que tiene injerencia en la zona.
Sobre esto el alto comisionado respondió que hay un grupo de ingenieros designados para construir las obras necesarias. Algunas pueden demorar más tiempo que otras, pero todas se deberán terminar en las próximas semanas.
Los problemas de cultivos de coca, la falta de infraestructura y la desarticulación institucional no son problemas nuevos para estos municipios. Pero es urgente encontrar soluciones en pocos meses, se debe reforzar la institucionalidad local y llegar a acuerdos con las comunidades. En ese punto los personeros son claves. “En una reunión con el alto comisionado de paz pregunté si han ideado algún plan para fortalecer a los despachos de las personerías ahora que vamos a tener víctimas y victimarios tan cerca. No respondieron de forma concreta”, dice Andrea Estubillo, personera de San Vicente del Caguán (Caquetá), que tendrá un campamento en la vereda Miravalle.
Para solucionar esta falta de comunicación, el alto comisionado está organizando reuniones y videoconferencias para explicarles a los personeros los pormenores de cada etapa del desarme para que ellos luego lo repliquen entre la comunidad. Juanita Millán, quien participó en la subcomisión del fin del conflicto en La Habana y ahora es el enlace entre la Armada y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, explica que es normal que las comunidades todavía sientan miedo o incomodidad al albergar una zona de concentración, pero explica que “la paz es un proceso muy largo en el que, entre otros, hay que superar miedos, odios y estigmatizaciones. La paz no es la ausencia de las armas. Esa es sólo una condición para poder construir, a partir de ahora, la paz”.
Reconstruir las relaciones que dañó el conflicto es vital, especialmente para estas regiones que han sido históricos laboratorios de conflicto y de procesos de paz. “San Vicente no puede tener otra negociación fallida porque lo único que nos ha quedado de los otros ensayos fue la estigmatización y el despojo. La esperanza de las comunidades es que con este acuerdo podrán tomar decisiones sobre su propio territorio”, concluye Andrea Estubillo, personera de ese municipio.