De desplazados a propietarios en Putumayo

Después de 16 años de espera, 155 familias del asentamiento Nueva Esperanza, en Mocoa, recibieron los títulos que las acreditan como dueñas de las tierras que ocuparon al ser desplazados por la violencia.

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La ceremonia de entrega de títulos se llevó a cabo el 24 de agosto, en la caseta del asentamiento Nueva Esperanza. / Cortesía Acnur

No todo tuvo que ser espera y dolor para la comunidad de Nueva Esperanza en la capital del Putumayo. Por eso su nombre, porque desde 2001 esperaban que las tierras a las que llegaron, en la zona de Alto Afán, en las afueras de Mocoa, vía Pitalito, les fueran otorgadas como propias. Para ellos era lo justo después de que el conflicto armado los obligara a huir de las tierras donde pertenecían.

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Ese anhelo se les cumplió el pasado 24 de agosto cuando 155 familias recibieron por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Mocoa el título de su propiedad.

Todos tienen algo más en común aparte de ser vecinos y labrar la tierra. Son desplazados por el conflicto armado. La mayoría viene del bajo y medio Putumayo, pero también de departamentos como el Caquetá y el Huila.

Desde 1997 al 1° de agosto de este año se han registrado 135.556 personas desplazadas por la violencia en todo el departamento, según datos de la Unidad para las Víctimas de Putumayo. En solo Mocoa, el principal municipio receptor, hay 38.030. La mayoría de estas personas se fueron ubicando en asentamientos informales a las afueras del casco urbano.

Nueva Esperanza es uno de estos casos. Tiene 25 hectáreas ocupadas actualmente por 260 familias, 1.310 personas en total. Es uno de los cuatro asentamientos de población víctima que ocupan un total de 90 hectáreas en la zona de Alto Afán. Son vecinos de las comunidades 15 de mayo, El Porvenir y la población indígena de los yanaconas. Sin embargo, Nueva Esperanza es el primer caso de titulación de predios rurales en el Putumayo. Fue una nueva modalidad de restitución de tierras que no les significó volver a los lugares de donde los expulsaron, sino que les aseguró un patrimonio en el lugar al que llegaron huyendo, y que con el tiempo los acogió.

“Llegamos 40 familias a invadir esta zona en 2001, pero un 15 de mayo, 20 de ellas se dividieron y tomaron otra zona que hoy en día se llama así, 15 de mayo. Desde el mismo momento en que se tomaron estos predios, siempre hemos estado en la lucha por conseguir esta legalidad”, dice Emilse Perdomo, una de las primeras ocupantes. Tiene 40 años, es madre de dos hijas, tesorera de Nueva Esperanza y coordinadora en el Fondo Nacional del Ahorro en Mocoa. Fue desplazada del Caquetá en junio de 2001.

“Encapuchados golpearon la puerta, yo me levanté con mi niña en brazos para abrirles, pero ellos estaban buscando al dueño de esa finca. Al papá de mi hija lo sacaron a rastras y al cabo de una hora volvió, pálido, asustado, y nos tocó salir corriendo de allá. Nos vinimos para acá porque un amigo de mi marido nos dijo que tenía un lote para vivir. Yo fui asistiendo a las reuniones de población víctima y así fue como empezamos a tomarnos los predios de Nueva Esperanza”, recuerda Emilse, con cierto disgusto por tener que hablar del tema.

Emilse Perdomo es desplazada por la violencia y una de las primeras personas en llegar al asentamiento en 2001. / Gustavo Torrijos - El Espectador

“Cuarticos de hora”

Emilse cuenta que al principio fue duro, que sus casas eran carpas de plástico y las únicas ayudas que recibían era dotaciones de agua y alimentos de la Cruz Roja. “Nos tocó poner recursos propios, hacer festivales y poco a poco tratamos de mejorar nuestra situación, porque nos sentíamos totalmente desamparados por el gobierno territorial”, agrega.

Sin embargo, cuenta que aprovechaban los “cuarticos de hora” de las campañas políticas. “En ese momento, el político es amigo de todo el mundo. Aquí los recibíamos a todos. A alguien que quería ser alcalde le dijimos que necesitábamos energía, nos trajo un rollo de cable y nos robamos la luz. Él hasta nos ayudó. Todo el mundo quedó contento, de a un bombillito por casa”, señala.

Mientras tanto, las alcaldías de turno les decían que no se podía hacer inversión por la ilegalidad del asentamiento. Por eso, la construcción de un centro educativo fue siempre tema de disputa. A pesar de que los niños contaban con la escuela de Alto Afán, corrían el riesgo de sufrir un accidente en la carretera principal por la falta de un puente peatonal. La solución fue lo que Emilse recuerda como la “Marcha del ladrillo”, que hicieron por toda Mocoa con los niños montados en zorras, pidiendo a través de un megáfono que les regalaron un bloque para su escuela.

Eso fue en 2005. Hoy, cuentan con una pequeña construcción en el centro del asentamiento, al lado de la cancha de fútbol, donde 135 niños asisten a clases, de primero a quinto de primaria. Y así fue con todo. Ellos mismos lotearon y distribuyeron el terreno, fueron cultivando caña y café, construyeron sus cocheras, hicieron vías de acceso y las zonas comunales. A pesar de que hubo acercamientos con los gobiernos nacional y municipal –incluso Emilse cuenta que Francisco Santos, cuando era vicepresidente, les prometió de Navidad que esas tierras iban a ser de ellos–, todas las promesas se quedaron siempre en el aire.

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Un largo camino

“Ha sido una lucha, porque en 2014 fue cuando comenzamos la gestión de la titulación con diferentes instituciones. Empezó con un censo para reconocer cuántos habitantes habíamos en Nueva Esperanza. Después se hizo la modificación del plano: manzana tal, lote tal para fulano de tal”, cuenta Raúl Torres, campesino y presidente de este asentamiento.

Raúl tiene 59 años, su esposa es Rubiela y tienen cinco hijos. Es opita, pero llegó a Puerto Guzmán a finales de los noventa. También fue raspachín, pero la guerrilla lo amenazó porque dejó de colaborarles. De allí huyó y hace diez años llegó a Nueva Esperanza. Desde 2014, cuando fue nombrado presidente de la Junta de Acción Comunal, se unió con el actual alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, para trabajar en la gestión de la titulación. Sin embargo, el proceso viene desde 2011, cuando la Acnur (Oficina del Alto Comisionado las Naciones Unidas para los Refugiados) dispuso de un escenario favorable, acercándose a las comunidades de Alto Afán a través de otros proyectos, para que la Alcaldía asumiera el proceso de legalización con seriedad.

“El proceso de la entrega de los títulos fue muy largo. Ya en el 2014, en conjunto con la alcaldía y con la ONG Opción Legal se empezó a hacer un trabajo de reconocimiento del territorio y de estas comunidades en particular. Esto implicó una gran articulación entre los tres, pero también con la Superintendencia de Notariado y Registro y con la Unidad para las Víctimas al final. Vale la pena resaltar ese gran trabajo en equipo que se hizo”, afirma Federico Sersale, jefe de la oficina de Acnur en Putumayo.

Ese equipo lo integraron Acnur, la Alcaldía de Mocoa, la Superintendencia de Notariado y Registro, Opción Legal, la Fundacion Makikuna y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Estas fueron las instituciones que lograron que por primera vez en el Putumayo se otorgaran títulos de propiedad a un asentamiento humano informal rural. También se logró la titulación colectiva para la comunidad indígena yanacona.

Pero la ruta legal que siguió Nueva Esperanza, por ser la primera experiencia rural, estuvo llena de errores y aprendizajes.

Según explica Jorge Rodríguez, coordinador nacional del proyecto “Soluciones prácticas en tierras y vivienda”, de la corporación Opción Legal, que trabaja en cooperación con la Acnur, hubo tres problemas que retrasaron la titulación de los predios, una vez iniciada la ruta en 2014. Primero, que la normatividad que regula predios fiscales es para predios urbanos, no rurales (Ley 1001 de 2005). Segundo, que esa misma normatividad exige que la ocupación date de antes del 30 de noviembre de 2001, cosa que la mayoría de los ocupantes no cumplían. Y tercero, pesaba una demanda por la transferencia de las 90 hectáreas a la Alcaldía de Mocoa, ya que se tenía proyectada la construcción de una hidroeléctrica a mediados del 2000.

“Ahí nos tocó diseñar una ruta por vía rural. Es decir, no legalizarlos como asentamiento humano informal, sino titularlos por vía rural. Para eso debimos acudir al Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) para que autorizara la parcelación de los predios para vivienda campesina”, comenta Rodríguez.

Después de la respuesta del Incoder, vino el censo, el levantamiento topográfico y la resolución de parcelación de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Mocoa, y luego comenzó el trámite de registro de los títulos de propiedad. Todo este proceso comenzó una vez resuelta la demanda por la construcción de la hidroeléctrica, la cual perdió vigencia cuando la zona fue dotada de energía mediante el sistema de interconexión eléctrica nacional, de manera que se ratificó que los terrenos eran del municipio.

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Sin embargo, el peso de la hidroeléctrica fue un dolor de cabeza para los habitantes, quienes denunciaron amenazas en su contra. “Como yo era uno de los que hacían acompañamiento a la institución, entonces a mí me amenazaban; nos decían que veníamos a robarles sus tierras”, denuncia Raúl.

Algunos de los habitantes también cuentan que la comunidad perdió tres líderes después de estas amenazas: “han puesto pasquines y demandas de todo lado. Cuando nos tocó salir de acá, eran pasquines de las Águilas Negras, otros de las guerrillas. Desde la hidroeléctrica nos decían que veníamos a atropellar una gran inversión, cuando en realidad el proyecto le iba a hacer mucho daño a la región, por eso nunca se dio”, describe uno de ellos.

 

La distribución de los lotes y la construcción de las casas estuvo a cargo de los mismos habitantes. / Gustavo Torrijos

Lo que viene ahora

Según el superintendente de Notariado y Registro (e), Jairo Mesa, el proceso de titulación abre más oportunidades de crecimiento para la comunidad y les da acceso a mayores beneficios por parte del Estado. “Su propiedad ya tiene cédula, o sea que ante el Estado ya son legales para cualquier transacción”, agrega. Esto les permite contar con el apoyo para el mejoramiento de servicios públicos, como electricidad, saneamiento básico, alcantarillado y mejoras en la infraestructura comunitaria. También podrán acceder a créditos, a programas de vivienda de interés social o a proyectos de granjas integrales.

“Todos pusimos un granito de arena para que esto se hiciera realidad. Hoy, somos triunfantes y mientras haya ánimo de trabajar por las comunidades se logran muchas cosas, siempre y cuando haya ese apoyo institucional. Si no, no hubiéramos podido conseguir esto”, dice Raúl con la satisfacción de entregar su cargo después de alcanzar una meta que se trazaron hace 16 años.

Después de lo que se hizo en Nueva Esperanza, para la Alcaldía de Mocoa y Acnur este se convierte en un modelo a replicar en otros asentamientos. Se viene esta misma labor para 15 de mayo, El Porvenir, y otros asentamientos cercanos como Paraíso y Nueva Betania.