Sustitución, tema clave del posconflicto

“Cultivos no desaparecerán de un día para otro”: Pedro Arenas

El coordinador e investigador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos sostiene que el escenario mundial está preparado para pensar nuevas fórmulas y alternativas normativas para la hoja de coca.

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Pedro Arenas, coordinador e investigador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.
Gerald Bermúdez

Tras la firma del acuerdo final de paz entre Gobierno y Farc, una de las prioridades para el país será comenzar a allanar el camino para la implementación de cada uno de los seis puntos de la agenda general de negociaciones. Una labor larga y dispendiosa y que requerirá profundas modificaciones en varios frentes.

Y en el caso de la sustitución de cultivos ilícitos, incluida en el punto cuatro de dicha agenda, los retos son inmediatos. De hecho, el paro cocalero que completa un mes en  Putumayo es una prueba de que en las regiones hay muchas dudas y reparos por la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo acordado en La Habana.

Pedro José Arenas, coordinador e investigador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, explica cuáles son los principales desafíos en las regiones que históricamente han tenido presencia de coca y en las que la base de la economía campesina depende de su comercialización.

¿Cuál es la problemática detrás del paro cocalero en Putumayo?

En el Putumayo funciona una mesa regional que reúne a las principales organizaciones sociales del departamento, las de Jardines de Sucumbíos y la Bota Caucana. Esa mesa viene en un proceso de negociación con el Gobierno desde cuando el presidente Santos ordenó que el Putumayo fuera territorio piloto de la sustitución integral. Sin embargo, en el marco de los diálogos de La Habana, el municipio elegido para desarrollar el punto cuatro de la agenda fue Briceño (Antioquia), y en Putumayo se ha dicho que mientras no se firme el acuerdo definitivo no se puede implementar. A eso se suma que dio la orden de retomar las fumigaciones terrestres con glifosato. La mesa se reactivó y se conformó un equipo para abordar los temas gruesos. Y todavía hay diferencias de criterios sobre la propuesta de sustitución conjunta y la gradualidad.

¿Existe una contradicción en el plan de acción de Gobierno, teniendo en cuenta el caso de Briceño y el de Putumayo?

El Gobierno ha sido líder de la reforma de políticas de drogas a nivel mundial, y el presidente Santos ha jugado un papel protagónico señalando que hay que cambiar lo que hemos estado haciendo porque no ha funcionado. Sin embargo, cuando se ponen en marcha programas como el de la aspersión terrestre, uno encuentra que hay una contradicción. Se desarrolla una experiencia interesante, como Briceño, pero también encuentran zonas en plena conflictividad, como Putumayo.
Pero al Gobierno le preocupan las cifras y, según el monitoreo de Naciones Unidas, los cultivos han aumentado considerablemente...

El tema de los cultivos va para rato. Aunque se aplicara todo el peso de la ley, como lo hizo la pasada administración, los cultivos van a seguir presentes. Desafíos como el de Briceño y la puesta en marcha del punto cuatro deberían servir para ensayar nuevas fórmulas. El Gobierno maneja el discurso de que si no se disminuyen las hectáreas cultivadas, entonces se incumple con obligaciones internacionales. Para nosotros, eso no es cierto.

¿Por qué?

Hay cosas en concreto que están sucediendo en el mundo que demuestran que los estados pueden meterle la mano al tema, como ha ocurrido con la legalización de la marihuana medicinal. En el caso de la coca, se podría ensayar con nuevas fórmulas legales, alternativas normativas, por ejemplo, si la hoja de coca sirve para medicamentos. Es utópico pensar que de buenas a primeras se va a eliminar el problema. Hay que aceptar el fenómeno y convivir con él por un tiempo.

¿Cómo se puede medir, entonces, el éxito o fracaso de la implementación de la sustitución de cultivos?

Para nosotros, la métrica no es cuántas hectáreas de coca se erradican al calor del punto cuatro. Una nueva forma de medir el éxito implica que la reducción de cultivos puede ser algo que se dé en el marco del proceso, pero no puede ser una condición o una obligación que se le impone a la comunidad para que el Estado llegue. No se puede seguir considerando esa población como si tuvieran por siempre una vocación delictiva.

Ustedes le han hecho seguimiento al plan piloto en Briceño. ¿Ha avanzado el proceso?

Briceño es una incógnita en este momento y un desafío, porque todo está por hacerse. La comunidad reclama inversiones inmediatas que demuestren que el Gobierno va en serio y que está dispuesto a meterse la mano en el bolsillo para arreglar problemas básicos. Si eso no se soluciona, las comunidades difícilmente van a aceptar arrancar sus matas de coca, porque eso es lo que está moviendo su economía. La coca tiene buen precio allá, y hay malos precios del café y de otros renglones agrícolas. Aparte de eso están las condiciones de infraestructura, que no son buenas para sacar otro tipo de productos.

La implementación del punto cuatro de la agenda plantea también retos para las organizaciones sociales. ¿Cuál es el más urgente?

La tarea de primer orden es el fortalecimiento de las organizaciones. No podemos esperar a que el Gobierno y las Farc lleguen a los territorios a decirle a la gente qué hay que hacer. Casi todos los programas de sustitución de cultivos han sido liderados desde la Presidencia de la República, con proyectos que aterrizan en las regiones desconociendo la institucionalidad local y las organizaciones sociales.

¿Y ese fortalecimiento es posible, incluso en zonas como el Catatumbo, donde existen múltiples organizaciones con posturas diversas?

La situación del Catatumbo es particular porque tiene varios actores sociales que han tenido diferentes experiencias, incluso de cooperación internacional, y hay muchos con quienes hablar. Allá también está la empresa privada, está Ecopetrol, está el comercio, hay distintas corrientes políticas en el mismo movimiento social y eso hace más complejas las cosas. Pero yo creo que en este tipo de escenarios la clave está en el papel que pueden jugar las juntas de acción comunal como espacios creados para pensar en conjunto como territorio.