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Tras el estudio hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los casos de persecución y asesinatos de los integrantes de Marcha Patriótica, la entidad decidió otorgarle el beneficio de las medidas cautelares a los 389 miembros del movimiento. Con esta decisión, le solicitó al Estado adoptar medidas que protejan la vida e integridad de estas personas, concertar con el movimiento las medidas a implementar e investigar los hechos que llevaron a esta decisión, es decir, el origen de las amenazas y asesinatos, para evitar que ocurran más casos.
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“Es muy importante esta decisión ya que desde el 22 de marzo de 2017 decidimos radicar la solicitud en vista de los patrones de persecución que a nuestro juicio se estaban adelantando en contra de Marcha Patriótica. Es un reconocimiento por parte de la CIDH de las violaciones de los derechos humanos que hemos denunciado”, responde Cristian Delgado, coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica y quien presentó la solicitud ante la CIDH.
El falló se dio el pasado 5 de mayo y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica fue notificada el 11 de este mismo mes. Según Delgado, desde el 2011 hasta el 11 de abril de este año han sido asesinados 161 miembros del movimiento sin que haya garantías de protección por parte del Estado o, porque las medidas tomadas por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), no son eficaces.
El Estado defendió ante la CIDH que a través de la UNP ha vinculado a 72 integrantes de Marcha Patriótica a los esquemas de protección, “de los cuales 57 contarían con esquemas fuertes”, y que están en la creación de políticas públicas para enfrentar estas situaciones de riesgo. Sin embargo, la misma Comisión advierte que a pesar de los esfuerzos mostrados por el Gobierno, persisten los casos de amenazas y persecución, y “la existencia de presuntas fallas en los esquemas de protección”.
“Desafortunadamente, la mayoría de nuestros integrantes habitan en zonas rurales donde no llega la señal y el celular que les dan como medida de protección no sirve. También están en lugares de climas calurosos, donde es muy difícil portar todo el tiempo un chaleco antibalas, o zonas donde la Fuerza Pública no puede llegar y el botón de pánico básicamente no es efectivo. Hay muchos integrantes a los que les han quitado el esquema de protección o se demoran tres o cuatro meses en darles uno”, manifiesta Delgado.
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La CIDH también le solicitó al Estado que en un plazo de 15 días le informe sobre las medidas acordadas y que se comprometa a reportar cómo va esta situación periódicamente.
El movimiento Marcha Patriótica, por su parte, está a la espera de que “a la mayor brevedad posible se convoque a un espacio de concertación de las medidas a implementarse”. También señalan que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para insistir en que hay una “ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia”.
La CIDH otorga medidas cautelares en situaciones que estima graves y urgentes, y cuando estas medidas son necesarias para prevenir un daño irreparable a los afectados. También tiene por objeto preservar los derechos de quienes hicieron la solicitud hasta tanto se resuelva su petición en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.