Cauca, Nariño y Valle: territorios de violencia

Unos 24 municipios de Cauca, Nariño y Valle conforman la Circunscripción 1/ Asociación Minga.

Si las promesas del Gobierno en términos políticos se cumplen, tal y como están estipuladas en el Acuerdo de Paz con las Farc, para marzo del próximo año el Congreso tendrá que prepararse para abrirles un espacio a 26 miembros adicionales. Según lo pactado en Cuba, en una etapa de transición que durará dos períodos legislativos, contados a partir de 2018, habrá, al menos, 10 miembros del grupo político que surja de las Farc, tanto en Senado como en Cámara. Y, en esta última, se crearán 16 curules adicionales correspondientes a las circunscripciones especiales de paz. Las mismas a las que la Comisión Primera del Senado les dijo sí esta semana, argumentando la necesidad de que comunidades históricamente relegadas hagan presencia en el Congreso y ejerzan la representación de sus regiones. (Vea el especial de circunscripciones especiales de paz)

Sin embargo, la complejidad propia de cada una de estas zonas en términos políticos, sociales y económicos hará que el Estado se plantee un reto mayor a la hora de darles respuesta a las comunidades que aún denuncian presencia de grupos armados ilegales, amenazas y hasta dificultades logísticas en época electoral. Es el caso de la Circunscripción 1, conformada por 24 municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Es la circunscripción más grande de las 16 que se van a crear y la que mayor número de hechos de violencia registra, según un estudio de la Misión de Observación Electoral.

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El último registro que hizo la organización entre enero de 2016 y abril de 2017 indica que de los 160 hechos de violencia política, social y comunal registrados en las zonas específicas donde se crearán las circunscripciones de paz, en la 1 se registra el mayor número de hechos (39 en total), al igual que las cifras más altas de amenazas, con 14 episodios y 17 asesinatos. Lo que significa que las bandas criminales que hacen presencia allí materializan e incluso superan las amenazas en contra de la población. Lo más grave aún es que de esos 17 asesinatos, 10 fueron perpetrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y los 7 restantes contra líderes de juntas de acción comunal.

Las cifras en porcentajes indican, entonces, que el 42 % de las acciones violentas en los 24 municipios de Cauca, Valle y Nariño que forman parte de la Circunscripción 1, corresponden a asesinatos, el 35 % a amenazas y el 17,5 % a atentados. Además, en ese mismo período se registraron dos secuestros, uno en El Rosario (Nariño), y otro en Piendamó (Cauca). Este último, íntimamente ligado con el proceso electoral, al ser secuestrado un registrador local. El otro, correspondió a un concejal.

Pero estos hechos no son aislados. Esta realidad se explica, en gran parte, por la confluencia de actividades y actores ilegales que han ido ocupando las zonas que dejaron las Farc con el Acuerdo de Paz. Por ejemplo, en los municipios de Santander de Quilichao, Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, El Tambo, Mercaderes, Patía -todos del Cauca- hace fuerte presencia el Eln. En Nariño, ese grupo armado actúa en El Rosario, Los Andes y Policarpa. A eso se suma la presencia paramilitar en los tres departamentos de la Circunscripción 1, así: en Cauca están en Santander de Quilichao, Caloto, El Tambo, Miranda y Patía. En Nariño, en Policarpa, y en el Valle, en el municipio de Pradera. Y esto coincide, además, con tres municipios de Cauca (Buenos Aires, Caldono y Miranda) en donde están algunas zonas de concentración de la guerrilla.

Preocupa, además, la cantidad de terreno que abarcan las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos, siendo Cauca el que mayor número de municipios registra con áreas cultivadas. En total, se cuentan 13 municipios de ese departamento, de los 24 que componen la Circunscripción, seguido de Nariño, con 5. Igualmente, Cauca es el único que registra una actividad permanente de minería ilegal, con cinco municipios afectados: Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto, El Tambo, Patía y Suárez.

Actividad política

Las anteriores cifras demuestran que existe una preocupación fundamentada frente a las elecciones de las que saldrán las 16 circunscripciones especiales de paz, en la Cámara. El simple hecho de no conocer a ciencia cierta el origen político de los que resulten electos dejará la sensación de desconfianza que, por cierto, ya han expresado algunos actores políticos en el Congreso. No obstante, ayer el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, afirmó que “las circunscripciones de paz son el resultado de la identificación de un déficit democrático de participación que se dio por razón del conflicto en esas zonas. Durante décadas, esos ciudadanos estuvieron en medio de un fuego cruzado que les impidió participar en política”.

Eso implica, por supuesto, que el Estado llegue a esas zonas con una respuesta integral que priorice el control territorial y que haga frente a las principales amenazas en los procesos electorales. Por ejemplo, los 24 municipios de la Circunscripción 1 engloban 506.842 ciudadanos, que conforman el censo electoral. Sin embargo, hay un déficit de cedulación que impide que sus habitantes ejerzan el derecho al voto. En el caso concreto, 10 municipios de la C1 (Nariño, Valle y Cauca) presentan ese problema, de los 77 que en total tienen el mismo diagnóstico. Además, el 8,3 % del territorio de esta circunscripción tiene dificultad de acceso a los puestos de votación.

Pese a todo, la respuesta política que han dado los municipios de estos tres departamentos tiende a mostrar una inclinación a favor de las decisiones de los acuerdos de paz. De los 24 municipios de la C1, 23 le dieron el voto al presidente Juan Manuel Santos en primera y segunda vuelta, salvo Florida (Valle), que apoyó la candidatura de Clara López. Lo mismo ocurrió en las elecciones para las alcaldías, cuyo favoritismo se inclinó hacia los candidatos de los partidos Liberal y la U, seguido de Cambio Radical y, en menor proporción, el partido Conservador.

El panorama, de momento, más que desalentador, lo que demuestra es una lluvia de retos que tendrán que enfrentar las autoridades y, en especial, el próximo gobierno para sacar del caos estas zonas atestadas de violencia. Sobre todo, porque la deuda con estas regiones exige una respuesta mayor que el simple hecho de cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz.